De tres jueces que tiene en la actualidad, la Corte Suprema de Justicia podría quedar con nueve integrantes a lo largo de este año. Sería como un aumento del 300 por ciento, igual al que macrismo impuso en las boletas de gas, pero aplicado a los magistrados supremos. Con la ley vigente, el máximo tribunal debería tener cinco miembros, pero los pliegos de los candidatos Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti quedaron congelados en el Senado, empantanados en conversaciones que incluyen la modificación del número de miembros del tribunal y sus eventuales integrantes. El senador puntano Adolfo Rodríguez Saá ya presentó su proyecto y lo que es todavía más relevante, la propia ex presidenta Cristina Fernández les dijo a los 22 senadores que la visitaron el jueves pasado que ella está a favor de una ampliación y que se arrepentía de haber impulsado su reducción cuando integraba la Cámara alta. Desde el macrismo están dispuestos a dar el debate, pero no quieren que el Presidente pague el costo político de volver al mismo número de la Corte menemista o que se lo acuse de interferir en la independencia del Poder Judicial. “Son negociaciones múltiples, no bilaterales. Son mucho más complejas que una negociación entre oficialismo y oposición”, grafica una de las espadas del macrismo, para dar cuenta de un escenario que sigue abierto y que incluye a diversos actores con sus propios intereses.

Apenas asumió, la situación de la Corte Suprema se convirtió rápidamente en uno de los temas más delicados para Mauricio Macri. El decreto con el que intentó cubrir las vacantes generadas por Raúl Zaffaroni y Carlos Fayt abroqueló a la bancada del FpV-PJ, que con 39 senadores tiene el poder para vetar a cualquier candidato que le envíe el Ejecutivo. La decisión de dar marcha atrás a medias con ese decreto no terminó tampoco de satisfacer a todos los legisladores de la principal bancada del Senado, que hubieran visto con mejores ojos que, si tenían tanto apuro como para nombrarlos por decreto, se convocara a sesiones extraordinarias para cubrir las vacantes usando el procedimiento tradicional. Cambiemos prefirió dejar el tema para después de la apertura de sesiones y lo puso al tope de la agenda luego del 1º de marzo. Tras las audiencias públicas, el 15 de marzo se firmaron los dictámenes de los pliegos de Rosatti y Rosenkrantz y quedaron listos para que el Senado los trate. Desde entonces, aguardan su elevación al plenario en algún cajón de la Comisión de Acuerdos.

En este contexto, la reaparición política de CFK complejizó un poco más el panorama. El abierto rechazo que les transmitió a los 22 senadores que se reunieron con ella en el Instituto Patria sumó otro obstáculo para que el bloque logre una postura unificada, que no sea la del voto en contra.

Varios senadores que participaron del encuentro relataron que la ex mandataria fue muy crítica del “pecado original” que llevan esos postulantes: haber aceptado su nombramiento sin pasar por el Senado. Durante las audiencias públicas, Rosenkrantz manifestó que no hubiera asumido si no se cumplía ese requisito, mientras Rosatti tuvo una postura más sinuosa. Para el sector del peronismo más “dialoguista”, encabezado por el jefe del bloque, Miguel Pichetto, los candidatos demostraron “solvencia jurídica” y admitieron el error del oficialismo, por lo que podrían inclinarse por la aprobación. Del otro lado, no sólo el sector más cercano a la ex presidenta está en contra.

A diferencia del acuerdo con los holdouts, que requería mayoría simple (37 votos a favor), la designación de jueces de la Corte necesita dos tercios de los votos, es decir 48. Cambiemos tiene sólo 15 senadores propios, por lo que necesitarían sí o sí del acompañamiento de otros bloques, incluido el peronismo federal que coordina Rodríguez Saá y al menos un sector del FpV-PJ.

El ex gobernador de San Luis no quiso adelantar posición sobre los candidatos y esta semana presentó su proyecto para volver a la Corte de 9 integrantes. Su propuesta incluye un cupo de género: que no haya más de 5 jueces del mismo sexo. Es una fórmula que le resulta conveniente para impulsar a su compañera de bancada, Liliana Negre de Alonso, como candidata. Rodríguez Saá ya había expresado su voluntad de ampliar la Corte en una reunión que se realizó con los jefes de bloque en Olivos.

“Rodríguez Saá no está ni en el oficialismo ni en la oposición. Está en el medio”, afirmó una fuente del macrismo y agregó que la discusión no pasa tanto por la ampliación, sino por los nombres. “El punto es quién pone los jueces. Y no está bien que se plantee en esos términos”, completó.

En el macrismo recuerdan que Macri ya dijo que no iba a proponer dirigentes políticos, lo que abortaría las pretensiones de Rodríguez Saá, así como las de Margarita Stolbizer, que había hecho correr su nombre como eventual candidata.

En el oficialismo sospechan que el proyecto presentado por Rodríguez Saá cuenta con el aval implícito de Pichetto, con quien mantiene una muy buena relación. Sin embargo, el senador por Río Negro no quiere que el tema sea considerado como una imposición unilateral del Congreso, sino como parte de un consenso con el Ejecutivo sobre el diseño del máximo órgano del Poder Judicial. “La ampliación es un tema que no está en agenda del Presidente. Además, Macri no va a salir a pedirla para que le llenen la cara de dedos”, resume un funcionario del Gobierno que sigue de cerca las cuestiones parlamentarias. Este tipo de cuestiones exceden el ámbito parlamentario. Pichetto habla directamente con el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Los senadores que conocen hace años al senador por Río Negro recuerdan que siempre le gustó el caso de Juan Carlos Maqueda, uno de los tres integrantes de la Corte actual, que pasó de senador peronista a cortesano. “¿Cuál es el horizonte político de Miguel? Candidato a gobernador nuevamente no puede ser después de su derrota. Es la Corte o la casa”, resume con crudeza uno de sus compañeros de bancada.

En el Instituto Patria, el modelo que esbozó CFK es diferente. Si bien no habló de un número, la ex presidenta retomó la idea de Raúl Zaffaroni, quien propone una Corte más amplia, de 12 o 16 miembros, dividida en salas según ramas del derecho, con una integración federal. Pero a diferencia de la discusión sobre los candidatos propuestos por Macri, la modificación de la Corte requiere también el voto de Diputados. Esto implica negociaciones con otros actores políticos que no tienen voz en el Senado, como por ejemplo el Frente Renovador que lidera Sergio Massa.

A ese complejo entramado político también hay que incorporarle la opinión de Ricardo Lorenzetti, actual presidente de la Corte, que en cualquier caso de ampliación vería licuado el poder que concentra hoy, sólo acompañado por Maqueda y Elena Highton de Nolasco.