El fiscal Eduardo Taiano imputó a la actual cúpula de la AFIP por “violación de secretos”. El 17 de marzo pasado, el diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade recibió un correo electrónico en el que se detallaba la existencia de una “task force clandestina” que elaboraba “dossiers” de políticos, jueces y empresarios que eran luego utilizados en causas judiciales o ventilados en los medios de comunicación. El legislador hizo una denuncia judicial pocos días después y el fiscal Taianao imputó al actual titular del organismo, Alberto Abad; al subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, y a la diputada de Cambiemos Elisa Carrió, señalada como la persona que recibía los informes secretos con datos confidenciales. Tailhade aseguró a Página/12 que entre hoy y mañana ampliará la denuncia ya que en una declaración judicial Mecikovsky reconoció tener vínculos con Silvina Martínez, “que es la abogada asesora de Margarita Stolbizer en las denuncias de corrupción que hace la diputada”. Y agregó que recibió un correo en el que le advierten que a raíz de la apertura de la causa, en la AFIP están “borrando pruebas”.

Tailhade hizo la denuncia el 28 de marzo pasado, pero recién se hizo pública luego del requerimiento de instrucción de Taiano. La causa quedó a cargo del juez Claudio Bonadio. El correo que recibió el diputado tenía como remitente “Carlos Batallan”, aunque en el texto se aclara que se trata de un seudónimco y que quien proporciona la información es un “empleado jerárquico” del organismo “a punto de jubilarse”.

El denunciante afirma que fue “obligado a ingresar a distintos sistemas de la AFIP –tales como eFisco, Cuentas Tributarias, Red Fiscal, Mis Facilidades y Mis Aportes– para extraer información de declaraciones juradas, movimientos bancarios y consumos de tarjeta de crédito, entre otras operaciones, sin que hubiere un expediente administrativo o fiscalizaciones en trámite que lo habiliten”. Y señaló a Mecikovsky como el ideólogo de la elaboración de “memos, dossiers y carpetas” que serían entregados a Carrió con el objetivo de que usara los datos para “tener agarrados” a los involucrados.

Entre las “víctimas” de esta maniobra figuran el presidente Mauricio Macri y su entorno (el constructor Nicolás Caputo, la familia Awada y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, entre otros); jueces federales como el propio Bonadio, Ariel Lijo, Rodolfo Canicoba Corral, Julián Ercolini y los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero, y ex funcionarios kirchneristas, como el ex ministro Julio De Vido y el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli.

Según el empleado de la AFIP, uno de los primeros informes suministrados fue el del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que fue denunciado por Carrió por supuesto enriquecimiento ilícito, caso que se cerró en marzo último. Esos mismos dossiers habrían sido utilizados en causas que involucran empresas de Lázaro Báez y de Cristóbal López.

Bonadio ordenó medidas destinadas a chequear la autenticidad del mensaje recibido por el diputado. Como primer paso, solicitó a la Policía Federal un peritaje de la computadora y el sistema informático de Tahilade.

Mecikovsky, que es el imputado principal de esta causa, declaró la semana pasada en el expediente por lavado de dinero contra Baéz e involucró al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray como parte de un sistema de protección al empresario. También mencionó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al ex ministro Julio De Vido y al ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich.

Además de Mecikovsky, Adab y Carrió, también fueron imputados el titular de la Dirección General Impositiva, Horacio Castagnola, Liliana Graciela Chimenti (abogada, ex agente judicial en jurisdicción de la Agencia Nº 8 de la Dirección Regional Centro); al agente Miguel Angel Rifici; Diego Sparsa (director regional de la Dirección Regional San Juan); y Clotilde Silvana Sinatra, asesora de la AFIP.