“Era probable que Cecilia Pando nos hiciera una demanda; lo que no podía esperarse es un fallo judicial como éste, que es un mamarracho.” Así, ácida y precisa, responde Ingrid Beck sobre la resolución que condenó a la revista Barcelona, que ella dirige, a resarcir a la activista castrense Cecilia Pando en una querella iniciada por daño moral. La defensora de genocidas aseguró que su imagen se vio afectada por una contratapa de esa publicación que satirizaba la acción de una protesta en la que Pando se había encadenado al edificio Libertador. Según el fallo de la jueza Susana Nóvile, que además obliga a la revista a pagarle 40 mil pesos a la “afectada”, la imagen y los títulos “exceden el tono sarcástico y burlón y hacen una exposición exagerada” de Pando. En diálogo con Página/12, Beck anticipó que apelarán el fallo ante la Cámara en lo Civil.

La sátira aludía a la manifestación que en 2010 llevaron a cabo los integrantes de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos –tal como se consideran los represores procesados y condenados por los delitos de lesa humanidad– cuya presidencia ocupa Pando, para cuestionar los juicios a estos genocidas y exigir su desprocesamiento y liberación. La jueza sostuvo que la revista agravia a Pando porque es una “persona privada con actuación pública”. En este sentido Beck replicó: “Satirizamos a una persona pública porque se encadenó al edificio Libertador para pedir la libertad de represores, una actividad generada por ella”. El fotomontaje mostraba a Pando como parte de un acto de sadomasoquismo, acompañada de leyendas como “para matarla”, “cadenas, humillación y golpes (de Estado)”, “soltá al genocida que llevás adentro” y “las chicas quieren guerra antisubversiva”, entre otras.

El fallo indicó que “el ejercicio del derecho de expresión de ideas u opiniones no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, entre los que se encuentran el de la integridad moral, el honor y la intimidad de las personas”. A sabiendas de que sería cuestionada, la magistrada argumentó que “la exigencia de una práctica periodística veraz, prudente y compatible con el resguardo de la dignidad individual de los ciudadanos no puede calificarse como una obstrucción o entorpecimiento de la prensa libre”. A su vez, la revista Barcelona destacó que para que no sea interpretado como censura “voceros del juzgado explicaron que la idea no es prohibir la sátira y el sarcasmo” sino “ponerle un límite”. Para Beck “lo más preocupante del fallo es el planteo de que hay una ‘sátira exagerada’, como si hubiera que usar un medidor, y esto es un peligro para la libertad de expresión, tal como lo dijeron en términos jurídicos todos los abogados”.

De hecho, fue amplio el arco de repudios, desde el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que consideró que el fallo que condenó a Barcelona “viola los estándares sobre libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema”, hasta el especialista en medios Martín Becerra, que lo calificó como “preocupante”. Al resolver a favor de la mediática activista, la jueza Nóbile dijo que “la prensa debe obrar con mayor cautela hacia las personas que menciona en sus publicaciones cuando ellas no son funcionarios ni figuras públicas, puesto que su vida privada es mucho más vulnerable”, y destacó que “está casada con Pedro Mercado, tiene siete hijos, es católica y docente”. Sin embargo, fue por sus declaraciones públicas en defensa de los represores que su marido, que era mayor del Ejército, fue pasado a retiro en diciembre de 2005. Y en las elecciones de octubre de ese año, la persona privada que es Pando según la jueza, fue candidata a diputada por una lista menemista.