Cristina Fernández de Kirchner acusó al juez federal Claudio Bonadio de procesarla basándose en “consideraciones de naturaleza exclusivamente política” sobre “los pormenores de la política económica” cambiaria que adoptó su gobierno y que “resultan totalmente impropias de una resolución judicial”. Lo hizo, a través de su abogado Carlos Beraldi, al apelar la resolución de Bonadio que la señaló como coautora del delito de administración fraudulenta a raíz de las operaciones del Banco Central de venta de dólar futuro que según el juez causaron un perjuicio al Estado. La presentación le cuestiona que pasa por alto que la “flexibilización del tipo de cambio y la devaluación de la moneda” fueron decisiones del actual gobierno de Mauricio Macri, del cual hasta ahora no se conocen imputados, ni entre los funcionarios que devaluaron ni entre quienes compraron dólar futuro y se vieron beneficiados.

En el último año del gobierno del CFK, las operaciones llamadas de dólar futuro, se habilitaron como parte de una estrategia para evitar la devaluación, contener la inflación y evitar una corrida bancaria. Consisten en fijar un precio del dólar para una determinada fecha de vencimiento. Si la cotización del dólar en ese momento supera a la prefijada, pierde el Estado. En el caso en juego, los vencimientos comenzaban este año y como el gobierno actual decidió devaluar –pese a que lo desmintió durante la campaña– salieron ganando los compradores. Según el peculiar razonamiento de Bonadio, el perjuicio se produjo ya en el momento de la venta de futuros, porque él opina que había que devaluar a como diera lugar.

Según recuerda la apelación presentada por Beraldi, el juez Bonadio “ignora” en su razonamiento que, por ejemplo, Mario Quintana, secretario de Coordinación Interministerial “fue uno de los funcionarios del actual gobierno que decidió el precio que iba a cobrar por esas operaciones” en el Mercado de Término de Rosario S.A (Rofex) cuando el mismo había comprado 11,5 millones de dólares a futuro en el momento en que era director de Farmacity y CEO del fondo Pegasus “beneficiándose con la operatoria”.

Bonadio dijo que era “impensable” que una “operación financiera en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del BCRA de 5000 millones a 17 mil millones de dólares, que tenía claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del Poder Ejecutivo”, por lo que procesó a Cristina Kirchner y al ex ministro de economía Axel Kicillof. Luego desarrolló un razonamiento que los muestra como responsables mediatos dentro de una organización que integraban el directorio del BCRA y la Comisión Nacional de Valores, que debía controlar.

“Se afirma de manera dogmática la existencia de un acuerdo entre funcionarios públicos que, de manera sistemática, concertada y organizada, llevaron a cabo supuestos actos de contenido ilícito. Tal manifestación se sostiene exclusivamente en la voluntad del juzgador”, señala la apelación. Insiste en que el juez no fundamenta por qué sería una conducta delictiva y en que carece de “fundamentos serios probatorios y jurídicos”. La apelación objeta también el embargo de 15 millones de pesos que el juez les impuso a todos los procesados que, además de la ex presidenta y Kicillof son el ex titular del BCRA Alejandro Vanoli, doce directivos de la entidad y de la CNV. Seguramente todos irán apelando ante la Cámara Federal.

La sala II de la Cámara es la que interviene en este expediente. Sus tres jueces (Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah) fueron recusados por CFK y, además, un grupo de diputados encabezados por Héctor Recalde los denunció penalmente. Aunque estén cuestionados, podrían seguir actuando, aunque hay distintas interpretaciones. La recusación debe ser resuelta por la Sala I. Como Farah también integra esa sala, no vota en este caso. Por ende, si no están de acuerdo en su postura los otros dos camaristas, que son Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, deben convocar a un subrogante de la Cámara del Crimen para desempatar. Ballestero está de vacaciones, así que todo empieza a demorar.

A la vez, la Sala I de la Cámara de Casación Penal tiene que resolver la recusación contra Bonadio: una fue presentada por uno de los imputados del BCRA, Pedro Biscay. La otra es de Cristina, del día que se presentó a prestar declaración indagatoria mientras una multitud cambiaba la fisonomía habitual de la avenida Comodoro Py para darle apoyo. Ambas fueron rechazadas por la Cámara Federal. Casación ya tiene el expediente de Biscay desde el 6 de mayo. No es un dato menor, porque si este tribunal decidiera apartar a Bonadio, también podrían caer las decisiones que tomó hasta ahora, entre ellas los procesamientos. Los camaristas Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos se reunieron el lunes, Figueroa, al parecer quiere analizar el recurso y llamar a una audiencia. Sus colegas no, pero accedieron a la posibilidad de celebrar una audiencia, siempre que sea pronto, donde las partes expongan su parecer. Ayer se volvieron a reunir pero Figueroa, quien como presidenta de la sala debe poner fecha de audiencia, no lo hizo.

Es posible que si sigue pasando el tiempo, luego se sume también la recusación planteada por CFK. Biscay había dicho que Bonadio da un trato diferenciado a las partes. Cristina planteó que no es imparcial y que incluso tomó medidas a favor de que se concretara el supuesto resultado ruinoso de las operaciones de dólar futuro cuando el titular actual del BCRA, Federico Sturzenegger, le consultó si podía pagar los contratos de futuros que vencían, y el dijo que no veía inconvenientes.