Además de justicia, el Tribunal Oral Federal número 6 tendrá hoy la oportunidad de hacer historia cuando, desde las 16, dicte su sentencia en el juicio oral y público por la muerte de Alberto Márquez, Gastón Riva, Diego Lamagna, Gustavo Benedetto y Carlos Almirón y las heridas ocasionadas a otras cien personas durante la represión que, el 20 de diciembre de 2001, hace casi 15 años, arrasó en las inmediaciones de la Casa Rosada. Entre los 17 acusados durante un extenso debate se juegan la libertad el ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, y los ex jefes de la Policía Federal Rubén Santos, Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero, para quienes la Fiscalía y las querellas que representan a las familias de las víctimas fatales y a algunos heridos señalaron como responsables de la conducción, coordinación e implementación de aquel operativo. Si los jueces opinan en la misma línea, será la primera vez que la Justicia argentina condena penalmente a los responsables políticos de una represión. También oirán su sentencia 13 efectivos que aquel día hirieron, mataron y encubrieron muertes mientras participaron del operativo policial.

Para María Arena, la compañera de Riva, el fallo es “un hecho histórico”. Karina Lamagna, hermana de Diego, amplió el alcance del adjetivo a todo el proceso que juzgó la represión con la que el gobierno de la Alianza decidió arrasar las calles de la Ciudad de Buenos Aires desde la mañana del 20 de diciembre de 2001 hasta que Fernando de La Rúa anunció su renuncia, que no sólo involucró el asesinato de cinco personas, sino también heridas a otras 117, algunas de gravedad.

Rodrigo Borda (CELS), el abogado de ambas, destaca que el juicio “sirvió” para “aportar más conocimiento del que ya se tenía de lo sucedido, que era bastante”. “Llegamos con una acusación fuerte y fundada y nos estamos yendo con un robustecimiento de todo eso”. En caso de recibir una condena, Mathov, Santos, Andreozzi y Gaudiero serán los primeros funcionarios públicos de un gobierno democrático en ser culpados por la Justicia por las consecuencias de una represión.

El juicio

Fueron 140 audiencias de testimonios, análisis de videos y fotos, escuchas telefónicas y de modulaciones policiales. Más de 300 testigos aportaron su versión de los hechos. Entre ellos, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; el ex diputado Luis Zamora y el ex presidente Fernando De la Rúa, cuyo sobreseimiento en la causa fue confirmado por la Corte Suprema.

Dos jueces federales, María Romilda Servini de Cubría y Claudio Bonadio, investigaron lo sucedido en Capital aquel 20 de diciembre de 2001 durante una década y en 2012 empaquetaron testimonios y pruebas en varias centenas de fojas y las elevaron a juicio oral y público. Dos años más tarde, el presidente del TOF número 6, José Martínez Sobrino, y los vocales Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Anzoategui –luego reemplazado por el cuarto juez, Adrián Martín– comenzaron a juzgar a Mathov, Santos, Gaudiero y Andreozzi por haber cometido negligencias en sus funciones públicas: las acusaciones en la elevación a juicio solicitaron que se los juzgue por su responsabilidad penal en las muertes y los heridos durante la represión que ellos, como funcionarios públicos, condujeron. O no. Afrontan penas de entre tres y cinco años de prisión, según los pedidos de las partes acusadoras.

La muerte evitó que quien al momento de los hechos era ministro del Interior, Ramón Mestre, tuviera que afrontar los mismos cargos. La ausencia de De la Rúa en la nómina de los acusados es responsabilidad de la propia Justicia: en mayo de 2015, la Corte dejó firme su sobreseimiento, a pesar de haber sido quien ordenó el estado de sitio que, según la Fiscalía y las querellas, significó un “cheque en blanco” para las fuerzas policiales.

Los policías que integraban el departamento de Control de Integridad Profesional de la Federal llegaron al juicio acusados de disparar balas de plomo contra las personas que en aquella tarde estaban ubicadas sobre la plazoleta de Cerrito, entre Sarmiento y Perón. Allí cayó muerto Márquez, y resultaron gravemente heridos Martín Galli y Paula Simonetti, quienes sobrevivieron. Para el comisario inspector Orlando Oliverio, la Fiscalía pidió una condena de 16 años de cárcel; para el subcomisario Carlos José López, el sargento primero Roberto Juárez y el agente Gonzalo Firpo Castro pidió 14; 12 para el principal Eugenio Figueroa y el oficial Mario Seia; y cinco años y cuatro meses para el inspector Norberto Sabbino y los auxiliares Sebastián Saporiti y Horacio Berardi. Los efectivos Jorge Toma y Carlos Loforte afrontan pedidos de condena por vejaciones, mientras que Víctor Belloni, acusado de intentar asesinar a los manifestantes Marcelo Dorado y Sergio Sánchez en Avenida de Mayo y 9 de Julio, puede terminar una década tras las rejas.

El subcomisario Omar Bellante llegó al debate acusado de encubrir a los responsables de la muerte de Benedetto, que cayó sin vida en Avenida de Mayo y Chacabuco. Es el único imputado por ese asesinato, mientras que no hay acusados directos de matar a Lamagna, Almirón y Riva.