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Pasan los días después del veto y el macrismo sigue esperando que el tema de la ley antidespidos pase de una vez por todas. Pero además de esperar, está trabajando para eso: pueden dar fe los dirigentes de la CGT que vienen recibiendo llamados para frenar cualquier respuesta al veto, ya sea en forma de una movilización a Plaza de Mayo o de un paro general. “No habrá paro general”, se animó a afirmar ayer el secretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, uno de los funcionarios que mejor diálogo tiene con Hugo Moyano. Desde la oposición, continuó la andanada de críticas al presidente Mauricio Macri. “Son movidas políticamente equivocadas. Aún en el entendimiento que ellos tienen del contexto laboral y social, no es bueno un veto de estas características a una ley votada por el Congreso”, consideró la líder del GEN Margarita Stolbizer.

El Gobierno viene teniendo conversaciones con la cúpula de las CGT para frenar cualquier medida en respuesta al veto a la ley antidespidos.

Los interlocutores son, además de Sabor, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el de Interior, Rogelio Frigerio. Hasta ahora, ni Antonio Caló ni Hugo Moyano se pronunciaron públicamente sobre el veto, lo cual podría tomarse como un dato de que esas conversaciones están avanzando. “Las CTA puede ser que hagan algo. Pero no vemos una movilización como la anterior”, indicaban en Balcarce 50.

Sabor lo dijo con todas las letras: “No va a haber un paro general. Es la información que tenemos. Puede haber alguna medida de acción directa de alguna de las centrales obreras”. El funcionario insistió con que “no hay una cantidad de despidos mayor a la normal. Lo que vemos es que hubo una cantidad de despidos en el sector de la Uocra o en el sector manufacturero, que prontamente se van a estar recuperando”.

En tanto, Macri volvió a justificar el veto en una columna de opinión en el diario La Capital de Rosario. El Presidente se alegró de que la empresa avícola Cresta Roja “volvió a abrir sus puertas y miles de trabajadores recuperaron su trabajo”. Concretamente, 1300 de los 3500 volvieron a trabajar, con contratos precarizados y menores salarios.

“Esperan triplicar la cantidad de trabajadores para fin de año”, dijo Macri. “El empleo no se genera a través de imposiciones, prohibiciones o sometimientos. La ley que aprobaron, que algunos llaman antidespidos y yo llamo antiempleo”, arremetió el Presidente, que cuestionó a los opositores que “prefieren aferrarse al pasado y a los cepos que no nos permiten despegar”. Pese a los 150 mil despidos en los últimos meses, Macri afirmó que “son cada vez más las empresas que no sólo no piensan en despedir, sino que quieren crecer y tomar gente”. Sostuvo que el veto lo decidió “después de haber dialogado con millones de argentinos”.

Desde la oposición, cuestionaron el veto y la columna de ayer. “Su actitud no contribuye en nada a la tan ansiada unión de los argentinos. Con esta carta abierta está demostrando una actitud provocadora, producto de un mal asesoramiento”, le retrucó el titular del PJ José Luis Gioja, quien cuestionó la forma que tuvo para referirse a los diputados y senadores que aprobaron la ley.

“Escucho a muchos decir que es un momento de ajustarse. Lo natural sería que definieran una prioridad sobre quiénes tienen que pagar y hacer el mayor esfuerzo. Lo lógico, si hay un contexto de dificultad para sostener el empleo, el esfuerzo lo haga quien más ha ganado, quien más tiene”, indicó Stolbizer que calificó al veto de “un error político de Macri”.

El diputado kirchnerista Héctor Recalde advirtió que este veto “alguna consecuencia va a tener”. “La decisión les corresponde a los trabajadores y a sus dirigentes sindicales y si la decisión es tomar algún tipo de reacción en contra del veto nosotros vamos a acompañarla”, aseguró. Recalde indicó que ve “muy dificultoso que se produzca la revolución de la alegría a partir del 1 de julio. Ni aún con tres semestres creo que solucionarían los problemas de los trabajadores”.

No todos en el Frente para la Victoria se mostraron en contra del veto. La gobernadora de Tierra del Fuego, Roxana Bertone, aseguró que en 2002, cuando se aprobó una ley similar, se produjo “una cantidad inmensa de cesantías”. La gobernadora –que enfrenta su propio conflicto por despidos, en un escenario que incluyó la detención de los referentes de la protesta– coincidió con Mauricio Macri en que “hay que buscar otro tipo de medidas”.