Luego del veto presidencial a la ley antidespidos, la Cámara de Diputados arrancará con otro debate que volverá a enfrentar a oficialistas y opositores: el auxilio a las micro y pequeñas y medianas empresas (Pymes). El Gobierno envió su propio proyecto de “fomento” atado a las compras de bienes de Capital y exenciones y prórrogas de vencimientos impositivos con la que busca paliar la crisis que atraviesan las pymes. Los principales bloques de la oposición –Frente para la Victoria (FpV), Frente Renovador (FR) y Bloque Justicialista (BJ)– tienen su propias iniciativas que van más allá de los paliativos que promueve el oficialismo. Desde el FpV plantean una “emergencia” para el sector, generador de mayor cantidad de empleo, y apunta a retrotraer a noviembre de 2015 las tarifas a la energía eléctrica, gas y agua que se cobran a las pymes del agro, la industria, el comercio y de los servicios. El massismo considera “insuficiente” el proyecto oficial y volverá a vincular su propuesta de incentivos y beneficios impositivos a las pymes al sostenimiento de las fuentes de trabajo y su incremento, además de reducciones en las tarifas de servicios públicos del 30 por ciento y de un 50 para las electrointensivas.

Aunque la disputa por el veto presidencial a la emergencia ocupacional continuará por otros carriles –donde la postura de las centrales sindicales será decisiva para inclinar la balanza–, el Congreso afrontará el debate sobre incentivos a las pymes donde oficialismo y oposición volverá a pulsear fuerzas.

Al tiempo que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, insistió ayer que “todos los indicadores de la actividad del empleo en la Argentina indican que no hay reducción de empleo, que no hay situación de despidos masivos”, para justificar el veto de Mauricio Macri, desde el Gobierno impulsan en el Parlamento algunos incentivos fiscales para intentar descomprimir la complicada situación de las pymes.

El debate arrancará la semana próxima en al Cámara baja y fue girada a las comisiones de Presupuesto y Pymes, pero se desconoce aún si la estrategia oficialista incluirá que ambas comisiones funcionarán en plenario o que cada una avance por separado en al discusión, donde Cambiemos preside Presupuesto y el BJ encabeza la de las Pymes. De todas maneras, la disputa ya se ha instalado.

El proyecto oficial, que lleva las firmas del Presidente, el jefe de Gabinete y los ministros Alfonso Prat-Gay (Hacienda) y Francisco Cabrera (Producción), tiene dos capítulos. Uno de ellos establece un “Régimen de Fomento de Inversiones para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”, que tendría vigencia desde el 1º de julio de este año al 31 de diciembre de 2018, donde los beneficios tributarios están atados a la inversión de “bienes de capital”. Quienes inviertan en bienes de esas características durante ese mismo lapso podrán imputar un ocho por ciento de esa erogación, que no podrá superar el dos por ciento del promedio de ingresos netos, como adelanto del Impuesto a las Ganancias.

El otro capítulo establece que por el mismo período estas empresas gozarían de “estabilidad fiscal”. Un tema que incluye que las mismas no recibirán incrementos en la presión tributaria, donde algunos de cuyos tributos están fuera de la órbita del Estado nacional, por lo que invita a provincias y municipios a adherir a la norma.

Desde la oposición no tienen la misma mirada y plantean propuestas que van mucho más allá de la iniciativa oficial. El proyecto del FpV, presentado ayer y elaborado por el diputado y ex ministro de Economía Axel Kicillof, busca facilitar el acceso al crédito, estimular el consumo en comercios y servicios pymes, y “mejorar el poder de negociación de las pymes al interior de las cadenas de valor”. “Es un estímulo industrial de emergencia tanto para el empleo como la producción”, dijeron a esta diario los colaboradores de Kicillof.

“Las decisiones de este Gobierno llevaron a las pymes a una situación extremadamente crítica. Ante la caída de las ventas, el incremento de las tasas de interés y los aumentos estrafalarios de tarifas, debemos proteger con urgencia a las pymes, que es proteger el empleo argentino”, remarcó el jefe de la bancada, Héctor Recalde, en su presentación. Además de plantear ante la “emergencia”, retrotraer a noviembre de 2015 las tarifas a la energía eléctrica, gas y agua que se cobran a las pymes.

Desde el massismo, el economista Marco Lavagna, dijo a Página/12 que la propuesta del Gobierno “es insuficiente ante la situación actual”. Lavagna insistió en que las exenciones impositivas para las pymes “deben estar ligadas a la creación de empleo” y su proyecto contempla esa situación para la incorporación de jóvenes, mayores de 50 años y discapacitados a las plantillas laborales de las pymes. “Desde el Gobierno dicen que el pago del IVA será trimetral pero toman marzo como vencimiento de todo el primer trimestre. Nuestra proyecto dice que enero se pagará en marzo, febrero en abril y así sucesivamente”, agregó el economista.