Once días: ese el tiempo necesario para el primer gran escándalo del gobierno interino del vicepresidente en ejercicio Michel Temer. Mientras el gobierno trata de lograr legitimidad y deshacer la imagen de que lo que ocurre en Brasil es un golpe institucional bajo una farsa jurídica, uno de sus hombres de confianza, Romero Jucá, ministro de Planificación, aparece en una grabación detallando precisamente los pasos de ese golpe. Y más: deja claro a su interlocutor que derrumbar a Dilma Rousseff y poner a Michel Temer en su lugar era esencial para “frenar la sangría” que amenaza a un sinfín de políticos, es decir, detener las investigaciones de la Operación Lava Jato (Lavado Rápido) sobre el esquema de corrupción en la Petrobras.

Si había alguna duda sobre lo que efectivamente ocurre, lo que se supo ayer elimina cualquier resquicio. Jucá confiesa que la idea era librarse de la presidenta y, con el respaldo de ministros del Supremo Tribunal Federal, y el visto bueno de “algunos generales y comandantes importantes” de las Fuerzas Armadas, instalar a Michel Temer en la presidencia.

La verdad es que el anunciado “gobierno de salvación nacional” nació de la necesidad de salvar a un puñado de políticos de la justicia. Ocho de los 24 ministros nombrados por el vicepresidente en ejercicio están enredados con la ley. El mismo Temer es investigado. Además, el golpe institucional sirvió para regalar al PSDB lo que las urnas electorales negaron en los últimos 13 años: parcelas del poder.

Al anochecer de ayer Jucá anunció en una conferencia de prensa que había “un pedido de licencia”. El vicepresidente en ejercicio, a su vez, agradeció “la dedicación y el trabajo competente” de su auxiliar.

Jucá fue ministro por escasos días, y no llevó a cabo trabajo alguno. Lo más probable es que el agradecimiento de Temer esté relacionado a la intensa labor que Jucá tuvo en la organización del golpe institucional que logró alejar a una mandataria elegida por 54 millones 500 mil votos.

El contenido de las conversaciones ocurridas en marzo entre el entonces senador Romero Jucá y Sergio Machado, quien por diez años (hasta 2015) presidió la Baspetro, brazo logístico de Petrobras, es escalofriante. Machado, investigado por Lava Jato, fue indicado para el puesto por el actual presidente del Senado, Renan Calheiros. Era, por lo tanto, de la cota del PMDB. Denunciado por corrupción, se mantuvo al abrigo del foro privilegiado de otros investigados en el mismo caso, es decir, senadores y diputados.

Asustado por la posibilidad de ser despachado directamente para las manos del juez de primera instancia Sergio Moro, recurrió a sus padrinos. Al mismo tiempo, negociaba con la Procuraduría General de la Unión un acuerdo de “delación premiada”, que asegura penas blandas a quien revele lo que sabe.

Como prueba de lo mucho que puede revelar, grabó, de manera clandestina, conversaciones telefónicas con Romero Jucá y otras, que tuvo personalmente, con el expresidente José Sarney, así como con su padrino principal, Renan Calheiros, que preside el Senado.

El contenido de sus grabaciones con Sarney y Calheiros no ha sido divulgado. Sin embargo, fuentes de la Procuraduría y de la Policía Federal ya hicieron llegar a la prensa el comentario de que, comparadas a las de los dos, las grabaciones de Jucá “no son nada”. Es decir, bombas aún más poderosas explotarán a cualquier momento.

En un claro gesto de que estaría dispuesto a interferir en la Justicia, Romero Jucá dice, a cierta altura, que sería necesaria una “acción política” para impedir que la denuncia contra Machado fuese enviada al juez Sergio Moro. Esa acción política sería la llegada de Temer al poder. Así se abriría la posibilidad de establecerse un “pacto nacional” que abarcaría el Supremo Tribunal Federal, y “todo sería estancado, delimitado” en el punto en que se encuentra. En otras palabras, la causa “Lava Jato” no avanzaría un milímetro más, librando varios cuellos de la guillotina, entre los cuales estarían los de Machado, de Jucá y otros poderosos políticos.

En una de las conversaciones grabadas, Jucá asegura a Machado que venía manteniendo encuentros con “varios ministros del Supremo Tribunal Federal”, sin mencionar nombres. Sus interlocutores en la instancia máxima de la justicia dejaron claro, acorde a Jucá, que sin Dilma Rousseff en la presidencia la presión de los medios hegemónicos de comunicación y otros sectores para la continuidad de la “Lava Jato” bajaría sensiblemente.

A otra altura, Machado advierte a Jucá: “Romero, ellos (el Supremo Tribunal Federal) nos quieren atrapar a todos”. Agrega que eso incluye el PSDB, y pregunta si “ellos se han dado cuenta”. Jucá contesta que sí, y nombra específicamente a Aécio Neves (derrotado por Dilma en 2014) y José Serra (ministro interino de Relaciones Exteriores), entre otros. Comenta que “están todos en una bandeja, listos para ser comidos”, al que Machado contesta que “el primero a ser comido será Aécio”.

Jucá, al comentar sus contactos con “altos jefes” militares, asegura haber sido informado de que las Fuerzas Armadas “están monitoreando el MST”, en alusión a los Sin Tierra.

La transcripción de una hora y quince minutos de varias llamadas telefónicas dejan claro que Machado conducía las conversaciones de manera tal que Jucá se incriminase. Igualmente muestran que Jucá no imaginaba, ni por un momento, que su interlocutor estaba preparando material para negociar con los tribunales.

Si para Michel Temer ya era ingrata la tarea de alcanzar legitimidad y dejar claro que todo lo que pasa obedeció rígidamente a la Constitución, y que hablar de golpe institucional es absurdo, ahora se hizo una tarea hercúlea.

Un detalle: por mucho menos el entonces senador Delcidio Amaral fue detenido y su mandato cancelado. Desde marzo la justicia tenía en manos la transcripción de las conversaciones entre Jucá y Machado.

De haberlas divulgado antes, Dilma Rousseff seguiría en la presidencia. Por qué solamente ahora llegan a la opinión pública es algo que las autoridades judiciales tienen por obligación justificar.