Tras casi cinco meses de trabajo en su redacción, el Poder Ejecutivo enviará en los próximos días al Congreso su proyecto de reforma política. De la ambiciosa idea original llegará al Congreso un texto más moderado, con un modificación central: el paso de la boleta partidaria en papel a la boleta única electrónica (BUE). En el camino quedó la creación de una autoridad electoral independiente, rechazada por la corporación judicial, y también el ordenamiento del calendario electoral, resistido por distintos gobernadores. En cambio, se incorporarán otras cuestiones como una restricción de las listas colectoras y las candidaturas múltiples; la obligatoriedad del debate presidencial y el fortalecimiento de herramientas de control por parte del Poder Judicial. Sigue en discusión la inclusión o no de un punto sorpresa: convertir las primarias en elecciones optativas, algo que tanto la UCR como la Coalición Cívica rechazan.

En el despacho del secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, continúan afinando los detalles de la iniciativa en la que se empezó a trabajar en enero. Organizaciones y especialistas en materia electoral, apoderados de partidos políticos, diputados, senadores y jueces con competencia electoral leyeron y trabajaron sobre los borradores que se distribuyeron desde el Ejecutivo hace más de un mes. El paquete de reforma iba a anunciarse y enviarse hoy, pero fue postergado en busca de mayores consensos y, sobre todo, de avanzar primero en el Congreso con otros anuncios, como el blanqueo de capitales y el pago a jubilados.

La cantidad de actores políticos involucrados y los requisitos que la Constitución establece para modificar la legislación electoral significan un desafío para la alianza oficialista. Para la aprobación se necesitan los votos de la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara, es decir 129 diputados y 37 senadores.

Globo de ensayo

En los últimos días el macrismo puso sobre la mesa la modificación de las PASO, algo que generó diferencias con sus socios. Tanto Elisa Carrió como los radicales dijeron que no quieren primarias optativas. “El radicalismo no puede apoyar una reforma que cercene derechos en vez de ampliarlos. Las PASO obligatorias le dan poder al elector para elegir los candidatos en vez de a las camarillas políticas”, aseguró a Página/12 la diputada Carla Carrizo, quien encabeza el análisis de estos temas en la UCR. Politóloga y docente, Carrizo advirtió que la iniciativa debería llegar al Congreso con un acuerdo “sólido” entre los partidos de la alianza oficialista para encarar luego las negociaciones con los otros espacios. La diputada por Capital Federal cuestionó dos de los principales argumentos a favor de la optatividad. Por un lado, el supuesto “agotamiento ciudadano” de votar muchas veces en un mismo año y por el otro, la “complejidad” de implementar la BUE si las primarias son obligatorias. Según relató, en 2015 los dos distritos donde se votó mayor cantidad de veces, Capital Federal y Mendoza, no registraron un descenso de la participación electoral sino, por el contrario, un aumento. “Si se usan bien, la participación se intensifica con las PASO”, aseguró Carrizo. Respecto de la complejidad, señaló que la boleta única electrónica puede no aplicarse en todas las instancias de una sola vez, sino que debería hacerse de manera progresiva, como se hizo en CABA. Así, en las primarias se podría votar con la boleta en papel, ya sea con boleta única o con boletas partidarias, y en las generales, cuando la oferta de candidatos es más reducida, aplicar el sistema electrónico.

Si bien no lo reconocen abiertamente, fuentes del oficialismo deslizaron que eliminar la obligatoriedad de las primarias fue un reclamo de algunos gobernadores para aceptar la implementación de la BUE. Es que las dos medidas debilitan el poder de quienes dominan los grandes aparatos partidarios y/o los gobiernos locales. Su aplicación implica disminuir la importancia de la capacidad de movilización el día de la votación y la necesidad de una gran estructura de fiscalización una vez cerradas las mesas.

“Está bien que el debate se dé un año no electoral. El hecho de que la Constitución plantee una mayoría especial requiere que salga por consenso, que sea conversado entre las distintas fuerzas políticas. Hay que analizarlo muy bien porque cada artículo que se modifica tiene incidencia en otras leyes. Hay que ser muy cuidadoso”, sostuvo Jorge Landau, apoderado del PJ. El ex diputado adelantó que iniciará una ronda de consulta con los mandatarios provinciales una vez que esté definida la letra chica del proyecto. La posición del peronismo será clave, sobre todo en el Senado, donde cuenta con mayoría propia y podría bloquear cualquier intento de reforma.

En el camino

La creación de una autoridad electoral independiente del Poder Ejecutivo, en reemplazo de la actual Dirección Nacional Electoral (DINE), fue uno de los puntos que la reforma perdió con el paso del tiempo (y las presiones). El objetivo era evitar incompatibilidades como la que obligó el año pasado a mover la DINE de la órbita del Ministerio del Interior, ya que su titular, Florencio Randazzo, era precandidato y al mismo tiempo participaba de la organización del proceso electoral. Sin embargo, el esquema propuesto avanzaba también sobre la otra pata que interviene en el proceso electoral: la Justicia. Según fuentes del oficialismo, la Cámara Nacional Electoral y los jueces electorales rechazaron un recorte en sus atribuciones y ese punto quedó así fuera de la agenda. De hecho, se incorporó en el proyecto otorgarle mayores herramientas de control y castigo a la CNE.

El segundo punto abortado fue la unificación del cronograma electoral. Por la autonomía de los estados subnacionales establecida en la Constitución, la Nación no puede obligar a provincias y municipios a realizar elecciones en una fecha determinada. Además, algunas constituciones provinciales fijan específicamente un desdoblamiento respecto de la elección nacional. En ese contexto, la alternativa que barajaban en el oficialismo era establecer un acuerdo político bajo el nombre de “Pacto Federal”, con la idea de fijar dos o tres fechas en el año para realizar los comicios “por tandas”. Voces como la del ex gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, rechazaron esa idea. También varios gobernadores peronistas e incluso radicales. Ninguno quiere ver debilitadas sus chances de ganar sus distritos por la dificultad de disponer del momento en que se realizará la elección. Incluso Mauricio Macri, cuando era jefe de gobierno porteño, había especulado con el día de votación en la Ciudad.

Para el ex jefe de Gabinete, senador y politólogo Juan Manuel Abal Medina, un cronograma de elecciones tan extenso como el actual provoca una distracción para los partidos políticos, que concentran su atención en ganar la elección antes que en gobernar. Esta problemática se acentúa en países como Argentina, con elecciones cada dos años por la renovación parcial de sus cámaras legislativas.

Cambio en el método

La implementación de la boleta única electrónica será entonces el cambio más relevante de todo el paquete inicial de reforma. El sistema, ya utilizado en Salta y en Capital Federal, consiste en la impresión, en una misma papeleta, de un comprobante físico del voto y de un chip que se utiliza para agilizar el escrutinio. Partidos políticos y especialistas en informática advierten sobre la necesidad de que tanto el software como el hardware puedan auditarse para evitar cualquier tipo de manipulación. “La BUE es mejor que el sistema actual. No es un sistema perfecto pero mejora las condiciones de competitividad y permite un control partidario más efectivo. Hay menos manipulación de documentos electorales y se elimina la participación problemática del Correo”, resume Leandro Querido, director ejecutivo de la ONG Transparencia Electoral. Abal Medina advirtió que debe mantenerse la administración estatal del proceso y que no se debe “privatizar el acto ciudadano” al derivarlo en una sola empresa.

Si bien no hay unanimidad entre la dirigencia política, abandonar el sistema de boleta partidaria parece contar con mayoría suficiente como para pasar por el Parlamento sin mayores conflictos.

Debates

El proyecto incluye los debates obligatorios de candidatos, algo discutido el año pasado de cara a las presidenciales. Se retomó el dictamen consensuado entre siete fuerzas políticas en una subcomisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. “La información electoral es un derecho de la ciudadanía. Así se evita un síndrome de la silla vacía y queda claro que es un bien público y no un negocio de canales privados”, señaló Carrizo.

Aunque con destino incierto, quedaron planteadas otras cuestiones que podrían ser abordadas más adelante. Se trata de una ley para ordenar los cambios de gobierno para evitar transiciones traumáticas, como la de 2015. También quedó en el tintero un pedido de la UCR para mejorar la regulación sobre financiamiento y cuestiones planteadas por el Frente Renovador respecto de la publicidad de las campañas políticas.

En este contexto, el envío al Congreso de la iniciativa significará el fin de la primera instancia del proceso de reforma en el marco del Ejecutivo. Una vez en el Parlamento comenzará otra dinámica, en donde tallarán los intereses de los distintos bloques, los dirigentes, gobernadores e intendentes.