El Ministerio de Seguridad de Jujuy desistió por el momento de avanzar en un sumario contra 12 mujeres guardiacárceles del penal de Alto Comedero, donde está detenida Milagro Sala, que quedaron imputadas en una causa judicial por supuesta “violación de los deberes de funcionario público”, que inició el fiscal Aldo Lozano, al acusarlas por haberle permitido hacer una llamada por teléfono a la dirigente de la agrupación Tupac Amaru que está presa allí desde el 16 de enero.

Según el fiscal, el contacto telefónico con Buenos Aires habría sido realizado por Sala “entre las 13.30 y las 18 horas del 4 de junio” pese a que “existe una normativa penitenciaria a nivel provincial y nacional sobre la prohibición absoluta de que las detenidas tengan celulares en su poder y puedan realizar comunicación hacia el exterior”. Sobre estos hechos, la organización Tupac Amaru sostuvo que “todas las internas del penal de mujeres de Alto Comedero tienen derecho a recibir o realizar cuatro llamadas diarias desde un teléfono que se encuentra en un espacio en común de la unidad”. Y agregó que “una de las llamadas que recibió Sala ese día fue de parte de (el ex funcionario kirchnerista) Gabriel Mariotto, comunicación que fue grabada por éste y luego reproducida en un plenario del Partido Miles”. El fiscal sospecha que ese día pudo “haberse facilitado primero el ingreso de un celular y luego haber permitido que esta persona (Sala) realice la llamada durante una ‘ranchada’”, aunque añadió que el supuesto celular “no se logró secuestrar hasta el momento”.

En tanto, un integrante del Supremo Tribunal de Jujuy habría hecho llamados telefónicos para evitar que las celadoras fueran detenidas y para asegurarse de que las indaguen “una por una” con la asistencia de abogados. Las empleadas penitenciarias no habrían sido notificadas de una orden de arresto emitida el viernes, una irregularidad que fue revertida recién el lunes.

Por otra parte, los abogados de Sala desmintieron haber presentado un habeas corpus en favor de las guardiacárceles para frenar el sumario administrativo que inició el Servicio Penitenciario Provincial y que finalmente no impulsó. “Ninguno de nosotros actúa en la defensa o asesoramiento del personal del Servicio Penitenciario”, dijo Luis Paz, letrado de Sala. “Sí reiteramos que esta persecución a las empleadas penitenciarias avecina una limitación al derecho básico de libertad de expresión de Milagro Sala, a quien además de presa la quieren en silencio”, señaló Paz. “Esta persecución contra las guardiacárceles se debe enmarcar en la búsqueda de generar un estado de tensión dentro de la Unidad 3 del Alto Comedero y así empeorar aún más las condiciones de detención de Milagro Sala y el resto de las internas, a pesar de que se intente comunicar por todos los medios lo contrario”, indicó la Tupac Amaru.