“El silencio de los jueces y la decisión de no investigar las denuncias sobre los crímenes que ocurrían en dictadura, no sólo garantizó la impunidad de las fuerzas represivas, sino la clandestinidad que impidió a la sociedad tomar real conocimiento de lo que ocurría.” Así se expresó el fiscal Dante Vega en una nueva jornada de alegatos del denominado Juicio a los Jueces de Mendoza. Se trató de la tercera jornada dedicada específicamente al tramo de acusación sobre los ex magistrados en la que la fiscalía contestó y desarmó los argumentos de defensa de los jueces e insistió nuevamente que la “complicidad” a la “faena represiva” fue producto de una “adaptación gradual y progresiva pero sistemática y sin fisuras desde por lo menos comienzos de 1975”. La fiscalía también señaló que el acuerdo con las Fuerzas Armadas no fue un pacto sino un “gesto” implícito “que garantizó a las autoridades militares obtener la impunidad que les ofrecía la Justicia”. Frente a las pretensiones de los ex jueces de mostrar que la Justicia tenía sólo un rol “marginal” para la época, la fiscalía señaló que “lo marginal en todo caso era el valor republicano de la Justicia y no la Justicia cómplice que, al contrario, formaba parte de la delincuencia estatal”.

Con audiencias semanales marcadas por jornadas de sólo cinco horas de debate, la fiscalía federal del Juicio histórico que se celebra en Mendoza continuó con alegatos que comenzaron a mediados de marzo y se extenderán hasta después de la feria judicial. El fiscal Dante Vega en compañía de Jorge Auat de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, respondieron esta vez los argumentos de defensa que plantearon los cuatro ex magistrados en juicio: Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo y Otilio Romano, nombres que cumplieron distintos roles en el período dado que el marco legal permitía a fiscales (Romano) o defensores (Petra) subrogar a los jueces (Carrizo, Gabriel Guzzo –fallecido– y Miret).

Los acusados usaron distintos argumentos a lo largo del Juicio. La semana pasada la fiscalía se dedicó a desmontar uno de los planteos centrales, según el cual ellos no tenían competencia para investigar. En esa ocasión, Vega recordó el marco legal y los expedientes de la época en los que efectivamente ellos ya declararon su competencia. “Sería más sencillo para la fiscalía señalar que los acusados declararon su competencia y archivaron las causas como aporte propio al plan delictivo, pero –agregó– en vez de acudir a argumentos efectistas voy a aclarar el tema de una vez por todas y voy a evacuar todas las citas propuestas: voy a demostrar que la razón por la que nunca se planteó la cuestión de la competencia hasta que comenzó este proceso es muy sencilla: porque la Justicia Federal siempre fue competente para entender en todos los delitos que en su momento los ex magistrados conocieron y omitieron sistemáticamente investigar”. Frente al planteo de Petra y Romano que dijeron que la existencia de los expedientes demuestra su falta de complicidad. De lo contrario, dijo Petra, “los habrían hecho desaparecer”. La Fiscalía respondió que “quizá el hecho de que no se los haya hecho ‘desaparecer’ está más vinculado con lo remoto que resultaba un juicio como éste que con otra cosa”.

En esa línea continuaron las respuestas. Otro planteo de los jueces es que las investigaciones no eran eficaces. “¡Pero no las hicieron!”, exclamó el fiscal. “Pero además –y esto se ve en todos los casos– en los casos en particular las investigaciones omitidas sí hubiesen sido eficaces”. Recordó que un padre vio a uno de los jueces con la noticia de que su hija estaba en la D2, “y la justicia federal no hace nada y después se demuestra que efectivamente estuvo en la D2, ¡así que cómo puede decir que la investigación no hubiese sido eficaz!”.

Los jueces dicen que sufrieron amenazas. La fiscalía respondió que aquello ciertamente revela el estado por el que atravesaba la Nación, pero no puede tener ninguna influencia en ellos porque por su posición, los jueces están obligados a soportar el peligro propio de su profesión. Los jueces también dijeron que no sabían lo que ocurría. La fiscalía dijo que “los propios imputados han revelado que conocían, además no puede ser de otro modo y esto se comprueba documentalmente, expediente tras expediente, omisión tras omisión, indudablemente este conocimiento no puede estar puesto en duda”.

La complicidad estructural

Durante la primera jornada de alegato sobre los jueces, la fiscalía explicó la relación de la Justicia con los golpes militares. Desde 1930 en adelante, dijeron, todas las dictaduras usurparon el Poder Ejecutivo y disolvieron el Congreso pero no el Poder Judicial. Pese a que los golpes de 1955, 1966 y 1976 removieron a los integrantes de la Corte Suprema y al procurador general de la Nación, “lo que caracterizó al Poder Judicial durante esos más de 50 años de golpes no fue el secuestro ni la remoción, sino la continuidad”. Con esta tesis, Vega señaló que “en su inmensa mayoría toda la carrera judicial –desde el último auxiliar hasta los jueces de apelaciones–, mantuvieron su escalafón o ascendieron de cargo mientras el país entero se sumía en el desconcierto y en la inestabilidad institucional”. Postuló que “la explicación política” de ese fenómeno puede obedecer “no sólo a la ideología conservadora de los cuadros judiciales”, “sino a su aporte activo al golpismo”.

Pero también, dijo, que el golpe de 1976 combinó lo peor de todos los golpes y marcó “importantes diferencias entre los colaboracionismos judiciales” “cuando se registró un salto cualitativo en la colaboración judicial con esa represión”.

El caso de los jueces de Mendoza son un ejemplo. Los expedientes sobre los que trabajaban se abrían por violación a la Ley 20.840 denominada “antisubversiva”, que sirvió para dar visos de legalidad a la persecución ideológica ya antes del golpe. La policía, y luego el Ejército, cometió secuestros y torturas en el marco de la aplicación de esa ley. El expediente llegaba a manos de los magistrados y ellos “proporcionaron impunidad a través de su omisión constante y sin fisuras en investigar los delitos cometidos por las fuerzas estatales”, incluso en casos de desaparición forzada. “Estos funcionarios, que en democracia habían contribuido en forma determinante a la delictuosidad estatal, en dictadura siguieron haciéndolo con un grado mayor de antijuridicidad, consecuencia de la generalidad de esa criminalidad estatal”, señalaron los fiscales. Recordaron que en 1975 se contaron dos desapariciones forzadas y que a partir de 1976 ese fenómeno se generalizó. “Cambia cuantitativamente el fenómeno delictivo estatal, pero el aporte de los ex magistrados permanece idéntico”, concluyeron.