Los profesionales del Prisma (Programa Interministerial de Salud Mental Argentino), la unidad psiquiátrica del penal de Ezeiza, revisarán a José López hoy por la mañana y decidirán si está en condiciones de ser trasladado. Sin embargo, la fiscal Alejandra Rodríguez, de General Rodríguez, decidió enviar a Ezeiza un perito médico de la Policía Bonaerense para que certifique si está en condiciones de declarar. De manera que, con la opinión de todos los profesionales, la fiscal tomará una decisión. Alejandra Rodríguez le imputa los delitos de portación de arma atenuada –tiene un permiso vencido– y, principalmente, enriquecimiento ilícito, porque López apareció con más de nueve millones de dólares en efectivo, una cifra que no se condice, ni remotamente con sus declaraciones juradas. La abogada del ex secretario de Obras Públicas, Fernanda Herrera, afirma que el sábado cuando lo visitó en el penal durante cuatro horas lo vio bien, pero que “de a ratos dice que quiere declarar y a los dos minutos cambia de opinión”. “No sabe en qué día vive”, le dijo la letrada a Página/12.

Allanamientos

La fiscal Rodríguez y el juez Daniel Rafecas siguieron trabajando durante el fin de semana largo y se concretaron allanamientos que dejaron algunas conclusiones. El más importante en el monasterio Nuestra Señora de Fátima, en General Rodríguez, al que la fiscal pudo acceder en su totalidad. En la madrugada del martes sólo había estado en un sector contando el dinero, pero el sábado contó con una orden de registro judicial por el cual pudo revisar incluso la zona donde viven las monjas de clausura. Para que la medida fuera menos ríspida, Rodríguez hizo el registro con personal policial femenino.

La conclusión fue importante: en Nuestra Señora de Fátima no había más dinero de López, lo que significa que, en apariencia, el martes fue la primera vez que el ex funcionario llevó plata al monasterio. Esto le reforzó a la fiscal la idea de que alguien llamó a López aquella madrugada y le dijo que lo iban a matar o allanar. El ex secretario abandonó la comida precipitadamente, sacó el dinero de un placard y se subió con los billetes, la escopeta y los relojes a la Chevrolet Meriva. La fiscal no tiene claro si alguien le produjo a López una situación de paranoia o si el hombre estalló por otra razón.

Una de las monjas declaró que “López estaba medio loco. Nos dijo que había robado y que nos quería donar el dinero”. En un diálogo con funcionarios judiciales de General Rodríguez, el ex secretario deslizó que llevó la plata para donarla porque lo querían matar. No queda claro si simulaba o si efectivamente estaba en shock.

Directo

Estudiando cámaras de seguridad y los caminos indicados por un GPS, la fiscal concluyó que López no hizo paradas entre su casa del Río Luján y el monasterio. El ex funcionario tomó un camino largo, a través de Pilar, por lo que la fiscal Rodríguez concluyó que López no se detuvo en ningún lado. Es decir, no debió sacar el dinero de ningún otro lugar.

Este diagnóstico está reforzado, para la fiscal, por los indicios de que el dinero estaba en un placard de la casa de Río Luján. Hay evidencias de que los fajos estaban allí, bolsas y plásticos que se condicen con los encontrados en General Rodríguez, la funda del arma tirada en el piso y los proyectiles desperdigados. Según parece, el dinero estaba oculto detrás de cajas y otros elementos que también aparecieron en el piso.

Hoy por hoy, para la fiscal está probado que alguien o algo llevó a López a un estallido por el cual salió corriendo desde la vivienda del Río Luján, con el dinero, directo hasta el monasterio.

Casa

El otro allanamiento del sábado fue una reiteración del ya hecho en la casa del Río Luján. La fiscal concurrió con un contador policial que fue revisando toda la documentación que López tenía en la vivienda. Encontraron un contrato de alquiler a Lázaro Báez de una propiedad en Río Gallegos. “No cambia nada de nada, no tiene la menor importancia”, dijo la abogada Herrera, dando a entender que si López vivió más 20 años en Río Gallegos obviamente trabó relación con Lázaro Báez.

Lo más notorio encontrado en Río Luján fue lo ya adelantado por este diario: según sus declaraciones de impuestos, López pagó 375 pesos anuales de Bienes Personales y 650 de impuesto a las Ganancias, una cifra irrisoria. Y aún más trascendente es que no se detectó más dinero, por lo que la fiscal y el juez ya tienen una cifra cerrada por la que imputarán al ex funcionario por enriquecimiento ilícito.

Lentitud

La fiscal Rodríguez ya se pronunció en el sentido de que la causa debe pasar al fuero federal porque el delito que se investiga es federal. En todo caso, en Rodríguez quedará la portación del arma.

Sin embargo, la fiscal no puede tomar decisiones. La resolución debe ser adoptada por el juez de Garantías de Mercedes, Gabriel Castro. El magistrado le daría hoy vista a la defensa de López, que es muy probable que se tome tres días para contestar y luego diría que está en contra de que el expediente pase al fuero federal. Recién después, Castro resolverá. Todo indica que la causa, unificada, va a pasar al juez federal de Comodoro Py, Daniel Rafecas, que junto al fiscal Federico Delgado, tienen un expediente contra López por enriquecimiento ilícito desde 2008. “El caso López es nuestro fracaso. Me sentí mal –sostuvo Delgado en una entrevista–. Trabajamos con Prefectura, Gendarmería, la Unidad de Información Financiera y resulta que López no tenía la plata en ningún lado, en ninguna cuenta ni sociedad. La tenía ahí en su casa”.

Una de las consecuencias de la lentitud del pase a la justicia federal es que los dos celulares de López están en poder de la fiscal Rodríguez cuando lo más razonable es que ya los tenga Rafecas, dado que en ese expediente están todos los vínculos del ex funcionario. “Nosotros sólo tenemos una noche de película –dicen en General Rodríguez–, pero Rafecas cuenta con ocho años de historia de López”. Es cierto que lo que surge de los celulares físicos son los mensajes, que son muy importantes. Pero respecto de las llamadas, la información de quienes se pusieron en contacto con López antes y durante aquella madrugada surgirá de los listados provistos por las compañías de celulares.

Caminos

Hasta que no haya una unificación del expediente, el caso recorrerá dos caminos paralelos. Rafecas ya le tomó declaración –en verdad, se negó a declarar– a José López el jueves pasado y desde ese día tiene diez días hábiles para resolver la situación procesal. Todo indica que el 30 de junio o el 1 de julio, López será procesado con prisión preventiva por enriquecimiento ilícito, dado que apareció en poder de una cantidad de dólares que no puede explicar. En el delito de enriquecimiento ilícito es el imputado el que tiene que justificar sus bienes y como López no lo hizo, el procesamiento parece inexorable.