Los 37 años de violencia sufrida por Nélida Beloqui, de la que ya diera cuenta este diario, sometida a golpes, amenazas con armas, y violencia de todo tipo propinada por el que se llamaba su marido, Rogelio Piciochi, y que desde 1993 deambula sin suerte entre el desinterés de la justicia y el del estado, es uno de los relatos que el Cels utilizó para desarrollar el capítulo sobre violencia de género en su informe “Derechos Humanos en la Argentina. Informe 2016”. El capítulo, titulado “Ni una menos. La violencia institucional a la luz de la Ley de Protección Integral a las Mujeres” analiza los dispositivos legales con que cuentan las mujeres pero que no son cumplidos (o sea, no cuentan), la marginalidad legal a que son sometidas las trans, la labor judicial para aplastar todo tipo de demanda femenina, la precariedad de las mujeres detenidas (y las de sus hijos), la violencia policial hacia las mujeres (incluyendo las propias) (ver aparte), y el aborto, que este año fue motivo de reclamo expreso en la marcha del 3 de junio, de Ni Una Menos.

El capítulo inicia con la definición de violencia institucional, tal como lo señala la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y recuerda que la idea de femicidio se instaló en la agenda mediática a partir de los crímenes de “Wanda Taddei, Candela Rodríguez, Angeles Rawson, Lola Chomnalez, Daiana García, Chiara Páez, Melina Romero y María Eugenia Lanzetti –y los de cientos de mujeres que cada año fueron asesinadas en la Argentina–”. El Informe –que fue redactado por Vanina Escales, del área de Comunicaciónm, y Edurne Cárdenas, del Equipo de Trabajo Internacional del CELS– recuerda que la perspectiva mediática con que fueron tratadas esas noticias durante 2015 fue “clasista y revictimizante”.

En el análisis se subraya la histórica marcha de Ni Una Menos, el 3 de junio de 2015. “La movilización de 400.000 personas en 120 puntos del país, con una gran concentración frente al Congreso de la Nación, marcó un punto de inflexión en la agenda de la lucha contra la violencia de género”, señala el Informe. Las demandas del 3 de junio expresadas en el documento “Ni una menos” (derecho de las mujeres a “decir no” sin castigo; abordaje de la violencia de género como una especificidad y no como parte de las medidas contra la inseguridad; la respuesta ineficaz de la Justicia evidenciada en la inutilidad de las denuncias; y el maltrato misógino de parte del periodismo) “adquirieron visibilidad y elevaron el piso de las discusiones”.

Discusiones que al menos subrayaron las serias dificultades de un estado en sacudirse su estructura patriarcal. La ausencia de políticas de estado y de respuestas positivas a la tremenda realidad que desbordaba en los títulos noticiosos derivó en la sanción de la Ley 26485 en 2009 y su promulgación en 2010. “La ley fue un hito en la lucha de los grupos organizados de mujeres –describe el Informe– que continúan la demanda por una instrumentación efectiva que revierta el aumento de la violencia”. La promulgación no significó la puesta en práctica de mecanismos que redujeran la violencia de género, o al menos, si se ejecutaron algunos, fueron aislados, y denotaron la ausencia de una política de género efectiva, persistente y con metas comprobables.

El Informe cita en ese aspecto que “ante la falta de registros oficiales”, el “Observatorio de Femicidios ‘Adriana Marisel Zambrano’ de la asociación civil La Casa del Encuentro, presentó cifras desde 2008 cuando registró 208 femicidios, hasta 2014, cuando contabilizó 277”. Las cifras del año 2015 no llegaron a ser incluidas en el trabajo del Cels: el mismo observatorio informó que para el año pasado los femicidios fueron 286 y 43 femicidios vinculados, la cifra más alta de vinculados desde que se realiza este informe, y que refieren a los crímenes de hombres y niños, cometidos en vinculación con un femicidio. Si se cuenta desde el 3 de junio de 2015 al 1 de junio de este año, la cifra de femicidios alcanzó 275, según informó Fabiana Túñez, propulsora de La Casa del Encuentro y actualmente titular del Consejo Nacional de las Mujeres. Para dar una idea del escaso espacio que da el estado a generar políticas que eviten la violencia de género, es bueno recordar que “el CNM fue conformado en 1992 con rango de secretaría con dependencia directa de la Presidencia; con los sucesivos gobiernos su jerarquía institucional se redujo y pasó a tener un rango menor dentro del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales”, como estructura dentro del Ministerio de Desarrollo Social, señala el Informe del Cels.

No se trata de una discusión de placas en las puertas de despachos más grandes o más pequeños. Se trata de que cuanto más arriba en la estructura, más autonomía para diseñar políticas y más presupuesto para ponerlas en práctica. Para el caso, durante 2015, año en que alcanzó su punto más alto el presupuesto del CNM (50.789.000 pesos, el 0,0040 del presupuesto nacional, según el informe “Deudas pendientes en la eliminación de la violencia contra las mujeres en la Argentina”, de Isepci/MuMaLá), el organismo contó para sus políticas de género con 2,47 pesos por mujer en todo el país, de los cuales 2,17 corresponden a gastos de personal. No es un llamado a la política del tero, poner el grito lejos del nido, en los despidos –que no ocurrieron durante la actual gestión–, sino en el magro presupuesto que evidencia la escasa importancia que se le otorga a más de la mitad de la población, en riesgo, cuyas muertes por el hecho de formar parte de ese grupo apenas si disminuyeron de 30 a 31 femicidios por hora. No se lo puede considerar una mejora.

El Informe señala las serias dificultades de acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia de género. Cita el caso de Ivana Rosales, de la provincia de Neuquén, también informado por Página/12, y que fue acompañada por el Cels para demandar al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2005. “Una noche Rosales sufrió dos intentos de asesinato por parte de su entonces marido, Mario Edgardo Garoglio, quien la dejó dentro del baúl de un auto, con la seguridad de que ya estaba muerta”, cita el Informe. El tribunal neuquino (Emilio Castro, José Andrada y Eduardo Badano) “respaldó la actuación de la fiscalía (Eduardo Velazco Copello)”, que sostuvo que la víctima “fue sacada de la noche por el imputado (...). No fue una buena madre, ni una buena esposa”. A Garoglio lo condenaron a cinco años y luego fugó.

El Observatorio de Violencia de Género, de la Defensoría del Pueblo bonaerense, citado por el Informe, menciona los argumentos habituales usados por los operadores judiciales: “la inexistencia de denuncias previas por hechos de violencia”; “la falta de un vínculo previo entre el agresor y la víctima”; “que no es necesario caratular la causa como femicidio, pues resulta suficiente la figura de homicidio agravado por el vínculo”.

En junio de 2015, al día siguiente de la concentración de Ni Una Menos, la Corte Suprema de la Nación solicitó a todos los tribunales superiores provinciales como también a las cámaras el registro de femicidios en cada jurisdicción. En la provincia de Buenos Aires, la cifra fue de 92 femicidios en 2014, según cita el Informe. Pero según el OVG, de todas las causas iniciadas entre 2013 y 2014, ninguna fue tramitada como femicidio. “Además –continúa el Cels–, cerca del 80 por ciento de las causas en que las víctimas son mujeres son tipificadas en la provincia de Buenos Aires como lesiones simples y amenazas. De esas causas, el 74,54 por ciento (43.990) fue archivado durante 2014.”

Si las dificultades que impone el sistema para que las mujeres víctimas de violencia de género accedan a la justicia son inmensas, la fórmula se amplifica y agrava en el caso del colectivo trans: “Para nosotras la justicia nunca llegó y cuando llegó lo hizo de manera punitiva”, señala el Informe citando a la referente Lohana Berkins, fallecida en febrero de este año. La invisibilización es uno de los más graves problemas que sufren. Berkins, entrevistada por el Cels para el Informe en diciembre de 2015, sostuvo que “en ninguna institución del Estado, sobre todo en el campo de la salud, nosotras figuramos como travestis, nos anotaban como varones. Y ahora, al ser sancionada la Ley de Identidad de Género advertimos una nueva forma de ser invisibilizadas al anotarnos como mujeres. Porque eso no da cuenta de nuestra existencia. Las distintas instituciones del Estado no se hicieron cargo de registrar estas situaciones, entonces, después, a la hora de hacer políticas públicas o dar cuenta de cuántas travestis murieron, a qué edad, cuáles fueron sus dificultades cotidianas de acceso a la salud –y qué tipo de salud demanda esta comunidad–, a la justicia, a la educación, a la vivienda, no tenemos datos”.

“El 13 de octubre de 2015 -recuerda el Cels-, la activista trans Amancay Diana Sacayán fue encontrada muerta en su departamento; su cuerpo presentaba más de una decena de puñaladas”. La Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres (UFEM), planteó la necesidad de aplicar el protocolo para los casos de femicidio. “El crimen de Sacayán será juzgado como femicidio –apunta el Informe–, la primera vez que se utiliza esta figura por el asesinato de una persona travesti”.

Según cita el Informe a Berkins: “El de Diana sería un caso de litigio estratégico. Nosotras insistíamos en que se lo caratule como travesticidio, pero en esta ficcionalidad que es la ley vamos a tomar una categoría que ha creado el feminismo –femicidio–, aunque insistamos en instalar travesticidio, para seguir la misma lógica política. Pero va a quedar como femicidio y nos parece un avance porque hay un enlace en la violencia que se aplica sobre el cuerpo, donde se lee el odio y el desprecio que descarga sobre la víctima. A la hora que tengamos que debatir y tengamos que presentarnos como querella, vamos a dar el debate y desentramar la precariedad de nuestra vida”.

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