Seis agentes de la Policía Metropolitana intentaron sin suerte ingresar de incógnito a la provincia de Santa Cruz para hacer tareas de inteligencia ordenadas por el juez federal Claudio Bonadio con el visto bueno del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo. Frustró la maniobra Zeuz, un perro de la policía provincial adiestrado para detectar armas, que descubrió una pistola Glock 9 mm en la caja de la camioneta en que se trasladaban. Recién entonces el inspector Leonardo Ariel Salazar se presentó como oficial de la Metropolitana comisionado con personal a cargo, dijo que iban a hacer “diligencias procesal(es y) allanamientos”, aunque no mostró la orden judicial.

En línea con la ex presidenta Cristina Kirchner, quien denunció que hay “servicios y fuerzas paraestatales de inteligencia” organizados para perseguir a ex funcionarios de su gobierno, el ex secretario general de la presidencia y titular de Instituto Patria, Oscar Parrilli, advirtió ayer sobre “una persecución ideológica y un hostigamiento mediático inédito en el país desde 1983”. El ministro Ocampo admitió que autorizó las tareas de espionaje en la Patagonia por pedido de Bonadio, pese a que la Metropolitana no es una fuerza federal. Ningún funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta explicó por qué volvieron a burlar la orden de la Cámara Federal porteña, que el año pasado criticó al mismo juez por esa irregularidad.

Los sabuesos frustrados que Ocampo envió a Santa Cruz para “cumplir tareas de inteligencia” son, además del inspector Salazar, el subinspector Sergio Sebastián Sequeira, el oficial mayor Juan Matías Pez y los oficiales Gabriel Alejandro Issasi, Ruth Elizabeth Vera y Mariela Fernanda Centurión. La autorización consta en la resolución 373/MJYSCG/16 del 7 de junio, que el gobierno porteño prefirió no publicar en el Boletín Oficial, y establece que los policías estarían en Santa Cruz entre el 13 y el 22 de junio “a fin de cumplir tareas de inteligencia ordenadas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 21”, a cargo de Bonadio.

El 14 al mediodía, cuando llegaban a Río Gallegos en dos Toyota Hilux blancas, los agentes se toparon con un control vehicular en la comisaría de Guer Aike, en el ingreso a esa ciudad. Preguntados por el motivo de la visita, dijeron que estaban “de paseo”, según el acta elevada el jefe de la Unidad Regional Sur. Cuando les informaron que un can de búsqueda y detección de sustancias prohibidas, llamado Jack, y su socio Zeuz, especializado en la detección de armas de fuego, iban a revisar las camionetas se identificaron como policías de la Metropolitana, señala ese documento policial. Adujeron que habían ocultado el dato porque “en Buenos Aires no acostumbran a hacerlo por las diferencias que existen con la policía provincial”. Una segunda acta, del jefe de la División Canes, más atento a los detalles, precisa que recién en el “instante” en que Zeuz descubrió la Glock, “un ocupante manifestó ser oficial de la policía comisionado con personal a cargo”.

Bonadio ya había recurrido a la Metropolitana hace un año para allanar las oficinas de Máximo Kirchner en Río Gallegos en el marco de la causa Hotesur. La Cámara Federal, al apartarlo de ese expediente por falta de imparcialidad, criticó entre otras su decisión de recurrir para ese procedimiento a la Metropolitana, cuya jurisdicción se limita a la Capital Federal, en lugar de encomendarle la tarea a una fuerza de seguridad federal.

Parrilli destacó que “nadie” salió a responder sobre la incursión de los seis policías en Río Gallegos, que CFK reveló el jueves en un texto publicado en Facebook en el que reveló también el ataque a la casa de los padres de Néstor Kirchner. “Hoy todas las fuerzas de seguridad están en la misma conducción política y ellos son los que tienen la responsabilidad de darnos una tranquilidad que no nos están dando”, sostuvo. Agregó que el silencio “pone en duda la democracia que estamos teniendo” y cuestionó también que “los medios hegemónicos se callan la boca y esconden absolutamente esto”.