El presidente del Tribunal Oral de Santa Fe le preguntó si tenía hijos. Cecilia Góngora dudó: “¿A éste también lo cuento?”, quiso saber. La persona que llamó “éste” es el bebé que nació el 26 de marzo de 1977 en un sanatorio de Reconquista y ella anotó en el Registro Civil como hijo propio –y de su marido ya fallecido Luis Angel Segretín– con un certificado falso que firmó la médica Elsa Nasatsky. La respuesta al juez se completó con otro fallido: “Tengo cinco hijos, tres adoptados legalmente” (sic), le explicó. Las dos mujeres son juzgadas desde la semana pasada por la apropiación de aquel recién nacido, que hoy tiene 39 años. La prueba clave fue el análisis genético. Desde 2009, cuando descubrió que sus padres biológicos son Rubén Maulín y Luisa Pratto -una pareja que sobrevivió al terrorismo de Estado pero su familia fue diezmada-, José Luis busca una sentencia que le devuelva la identidad y le permita cambiar –a él y a sus hijos–, el apellido Segretín por Maulín Pratto.

El tercer acusado era un comodoro de la Fuerza Aérea, Danilo Sambuelli, jefe del centro clandestino que operó en la III Brigada de Reconquista, pero falleció en diciembre de 2014 mientras cumplía una condena a 21 años por secuestros y torturas a trece militantes políticos, entre ellos Maulin y Juan Carlos Pratto (hermano mayor de Luisa) y “violación agravada” a Griselda Pratto (la hermana menor, que entonces tenía 16 años).

El juicio arrancó el jueves pasado. El viernes, Góngora y Nasatky aceptaron la indagatoria y cuando el presidente del tribunal, José María Escobar Cello, pidió que les exhibieran otra prueba clave, la reconocieron. La obstetra dijo que ella había completado de puño y letra el “certificado de nacido vivo” de José Luis y reconoció su firma al pie, donde agregó la dirección de su consultorio. Góngora identificó su firma en la partida que le entregaron en el Registro Civil el 6 de abril de 1977. “Fue el error más grande de mi vida, no voy a aceptar otro porque no lo tengo”, se arrepintió. Esta semana deben declarar José Luis, sus padres biológicos y su tía Griselda Pratto.

El fiscal Martín Suárez Faisal ubicó el caso en la trama del terrorismo de estado y del “plan sistemático de apropiación de niños y niñas” de la dictadura. “Los niños robados como ‘botín de guerra’ fueron inscriptos como hijos propios” de los apropiadores. “De esa manera –precisó– los hicieron desaparecer”, “anularon su identidad” y los privaron de “vivir con su legítima familia, de todos sus derechos y de su libertad”.

La persecución a la familia comenzó cuando en pocas horas, el grupo de tareas que comandaba Sambuelli y operaba en la III Brigada Aérea secuestró a Rubén Maulin, a su hermana Alcira, a la madre de ambos, Elena Ana Soechding; a una compañera de los tres, la psicóloga Mónica Martínez y al mayor de los Pratto, Juan Carlos.

Al día siguiente, la patota se instaló en la casa de Luisa, a la que convirtió en infierno y a ella, y a sus hijos, en rehenes del enemigo. El martirio de abusos –incluso delante de los niños– se prolongó por meses.

En febrero de 1977 la banda volvió a la casa de Luisa, y esta vez se llevó a la hermana menor, Griselda, de 16 años, quien había llegado desde Buenos Aires para ayudarla con sus dos chiquitos y el embarazo. En el traslado, Griselda pudo reconocer a otro de sus hermanos, Ricardo, quien también había caído. En cuatro meses, secuestraron a siete integrantes del grupo familiar: los dos hermanos Maulin y a su madre, a Martínez, y a los dos hermanos Pratto, mientras Luisa era quebrada por la patota. Rubén estuvo preso hasta 1982.

José Luis nació el 26 de marzo de 1977. Nasatky atendió el parto y extendió el “certificado de nacido vivo” como hijo de Góngora y Segretín. Hasta ese día, Griselda Pratto sufrió las peores torturas en el chupadero de la III Brigada Aérea, donde cumplió los 17 convertida en esclava sexual. Sambuelli la dejó libre, pero le dijo que no fuera a su casa sino al Sanatorio Reconquista, donde había nacido su sobrino y le dio las monedas para el micro. Cuando ofreció su testimonio en el juicio que condenó a la banda de represores, en 2013, dijo que Sambuelli le había dicho que él tenía el poder para hacer con ella lo que quisiera. “Me destruyeron la vida”, aseguró.

Griselda llegó al sanatorio, donde Luisa le dijo que “si no entregaba el bebé, la mataban”. La fiscalía sostiene que el secuestro del niño se produjo en esa trama de “detenciones ilegales”, por lo tanto, la calificación de “delitos de lesa humanidad” también debe extenderse “al caso concreto del menor sustraído” del seno de su grupo familiar.

Luisa Pratto dijo que la persecución, las amenazas, los abusos y el estigma se extendieron por dos años. “Recién pude conseguir un empleo en 1978 porque todo el mundo me cerraba las puertas”.

Este juicio es un desglose del que se realizó en 2013, en el mismo Tribunal Oral de Santa Fe. La sentencia fue histórica porque era la primera en la provincia y la segunda en el país que juzgaban las “violaciones” en el terrorismo de estado como delitos de lesa humanidad. Sambuelli fue condenado a 21 años de cárcel –entre otros cargos– por “violaciones agravadas” a Griselda Pratto y cuatro integrantes de su patota: los ex policías Carlos Nickish, Arnando Neumann, Horacio Machuca, Rubén Molina a penas de 18 a 10 años de prisión por secuestros, torturas y “violaciones agravadas” a Luisa Pratto. Nickish y Machuca siguen presos, Neumann murió en octubre de 2014 y Molina está libre desde octubre de 2015, cuando le concedieron la excarcelación, aunque antes de volver a Reconquista pasó a saludar por el tribunal.

Rubén Maulin vivió el comienzo del juicio con alivio. “La mochila se aliviana y creo que vamos a llegar a lo que siempre hemos buscado, que es la recuperación de la identidad de José Luis y que se sancione a los responsables”, le dijo a Página/12. “Lo que facilitó este manejo fue el accionar del aparato represivo, de una patota que se quedaba con el botín de guerra. Creo que podemos tener una sentencia en agosto y esperamos que sea favorable”.

Su hijo ya le dijo al tribunal –y por carta– que se llama “José Luis Maulin”, aunque está “obligado” a nombrarse “José Luis Segretin”. Y le contó la “congoja y la pesada desdicha” de tener un “apellido falso”, que lo afecta, no sólo a él sino también a sus hijos, los nietos de Rubén. “Esto no nos permite presentarnos ante la sociedad como quienes somos, con nuestro nombre de verdad”. El jueves, estará frente a los jueces Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría, para repetir cara a cara lo les que escribió en aquella carta de mayo de 2015.