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Ala mitificación deliberada y la simétrica hipocresía con la que el gobierno neoliberal aborda casi todos los temas políticos y sociales de su gestión, genera enormes confusiones y obliga a clarificar lo que efectivamente está ocurriendo, así como lo que nos espera como país y como pueblo, en consecuencia.

Dijo el Presidente refiriéndose a los jubilados que es preciso “desandar décadas de desamparo” y “reparar años de injusticia”, simulando ignorar que en los 12 años pasados y por una política previsional consistente que llevó adelante el kirchnerismo, se llegó a una tasa de cobertura jubilatoria del 97 por ciento; a una tasa promedio de sustitución del salario por encima del 70 por ciento y a una movilidad de los haberes que por primera vez después de 17 años de congelamiento gozó de dos actualizaciones por año.

El camino estaba señalado: seguir incrementando el porcentaje del salario de los activos que perciben los jubilados hasta llegar al mítico 82 por ciento, disminuyendo el empleo no registrado que ya había bajado en el período 2005-2015 de más del 55 a menos del 35 por ciento.

Una de las herramientas que permitieron llegar a los extraordinarios resultados mencionados fue el Programa de Inclusión Previsional de acceso universal a la jubilación, que incluía una moratoria para todos aquellos que no tuvieran completos los aportes exigidos por la ley.

Ahora se anuncia que no habrá más moratorias. Y el resultado se puede anticipar: se benefician los pocos aportantes “plenos”, dejando sin jubilación a la mayoría de los hombres, y sobre todo a la inmensa mayoría de mujeres, que fueron las más beneficiadas por las políticas de inclusión previsional en la década pasada.

Los últimos datos publicados por la Anses demuestran que al llegar a la edad prevista por el régimen previsional, apenas el 15 por ciento de los argentinos tienen los 30 años de aportes requeridos. La moratoria, se anuncia, será reemplazada por una pensión graciable vitalicia. O sea, en vez de jubilados, tendremos una mayoría de adultos mayores pensionados.

No es igual una jubilación que una pensión. La primera es el reconocimiento de un derecho conquistado “con el sudor de la frente”.

La segunda es, en el mejor de los casos, la manifestación solidaria de un Estado que acude en ayuda del desprotegido como en el pasado lo hacían las “Sociedades de Beneficencia”. Es una asistencia a la vejez que no da derecho a la pensión del cónyuge y ni siquiera alcanza el monto de una jubilación mínima.

La injusticia de esta decisión se hace evidente cuando advertimos que los que no llegaron a completar los 30 años, pueden haber aportado por 5, 15 o aún 25 años. Y que de esos aportes se va a apropiar el Estado para mostrarse generoso con un subsidio. ¿Desconoceremos también que muchos aportes no llegaron a registrarse porque empresarios inescrupulosos los retenían y no los depositaban? ¿Y vamos a simular ignorancia que la mitad de los ingresos de la Anses provienen del IVA y otros impuestos que pagan trabajadores registrados, pero también “en negro” o desocupados? En nuestro país, no hay ciudadanos que no aporten al sistema previsional. Pero algunos de ellos serán despojados.

Si algo caracteriza a este Gobierno, es que ocasionalmente reconoce la existencia de una necesidad, pero se cuida muy bien de reconocer derechos.

Recortar el acceso a la jubilación es el caballo de Troya que el Gobierno pretende introducir en el sistema solidario de reparto. Una regresión injustificable que intenta convencernos de las bondades de la desigualdad.

* Ex diputado nacional justicialista.