Casi treinta prefectos deberán ser desvinculados de la guerra contra las drogas encabezada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Se trata exactamente de 26 prefectos de los 54 indagados por el juez federal Sebastián Casanello, por su participación (o su ninguna participación, según el punto de vista) en la fiesta electrónica Time Warp, en Costa Salguero. El juez ordenó el procesamiento de dos jefes y todo el equipo del Departamento Narcóticos de la Prefectura que participó de la fiesta (24) en una supuesta búsqueda de tres dealers, a quienes ni siquiera podían individualizar por sus rostros. Casanello les imputó ser partícipes necesarios de la “comercialización de estupefacientes, agravado; coautores de abandono de personas, seguido de grave daño en la salud y de muerte; incumplimiento de los deberes de funcionario público y dejar de promover la persecución penal, también en calidad de coautores. No los detuvo, les ordenó presentarse una vez por mes, y les trabó embargo por 20 millones de pesos.

Casanello ubicó a los prefectos como un instrumento de los organizadores que permitió dar una pauta de legalidad al evento. “En el plano de los papeles –sostiene el juez–, aceptaron la invitación cursada, concurrieron en tiempo y forma al predio, lo recorrieron e incluso, instalaron una oficina propia. Sin embargo sus tareas y facultades estuvieron inhibidas por completo, su verdadero accionar estaba sometido a las reglas y mandos de los organizadores y, por consiguiente, sujetadas al control absoluto que ejercían éstos respecto de todo aquello que estuviera relacionado con la marcha del evento. Pasaron de ser protagonistas a meros espectadores y, de esta forma, crearon las condiciones que permitieron a los organizadores cumplir con su cometido.”

“Tal era la subordinación de los funcionarios de la Prefectura Naval a los designios de los organizadores, que sometieron su actuar a las reglas por ellos creadas –agrega Casanello–. El poder que debían ejercer quedó enmarcado dentro de esta novedosa lógica paraestatal, que restringía y administraba los accesos de cierto personal de la Prefectura Naval al interior del predio brindándole pulseritas. Este ejemplo –la entrega de pulseritas– es la representación del poder de exclusión del organizador, aun frente al Estado: los funcionarios públicos sólo accedían a los lugares que los organizadores les permitían.”

Los dos más complicados entre los 26 procesados son Alberto Pandiani y Néstor Alarcón Torres. Pandiani era el de mayor antigüedad con presencia en el lugar, estaba a cargo del grupo de casi 20 uniformados que participaron como policía adicional en el exterior de Costa Salguero. Pandiani fue nombrado prácticamente desde el primer día porque fue quien recibió una bolsa llena de pastillas y otras drogas incautadas a los participantes de la fiesta, y la mantuvo bajo custodia y en reserva, sin informar a la justicia, hasta varias horas después de que se conocieran las muertes de los primeros jóvenes en el recinto.

Alarcón Torres fue jefe del equipo de Narcóticos que engrosan los otros 24 procesados, y que participaron del evento sin uniforme, y con las mentadas pulseritas de habilitación. Los de Narcóticos se retiraron del lugar entre la 1 y la 1.30, en el momento en que comenzaba a llegar el grueso del público.

Las declaraciones indagatorias de los 54 prefectos revelan presiones que sufrieron algunos de ellos, por ejemplo, la uniformada a la que Pandiani ordenó que labrara un acta porque se habían encontrado dos jóvenes muertos dentro del recinto. La prefecta, que pertenecía a un grupo que patrullaba fuera del área, sostuvo que no era su tarea, pero le ordenaron realizarla igual y Pandiani le ordenó que truchara la hora en que la llamaron a lo que la prefecta se negó y posteriormente sufrió presiones.

Las indagatorias a los 24 del equipo de Narcóticos de la Prefectura navegaron sobre las olas del yo no sé, no sé a qué vine, y pasaba por acá y entré, típicas de las declaraciones de uniformados en el banquillo. Algunas podrán quedar para el marco.

Alrededor de las 20.30 el equipo de antinarcos partió, sin uniforme como todo antinarco, rumbo a Costa Salguero, donde se encontraron con Alarcón Torres, quien les entregó las pulseritas para pasar sin pagar.

Cenaron en un puestito afuera y volvieron. Algunos dijeron que sólo debían realizar “tareas investigativas” y otros que tenían que encontrar a los tres dealers, a uno de los cuales sólo lo conocían como “el dominicano” pero no identificaban sus rostros.

Algunas de las explicaciones de los antinarcos resultaron patéticas: El cabo 1° Nicolás Lo Bello, dijo “prestar apoyo en caso de que un compañero necesitaba ayuda”; el cabo 1° William Figueredo dijo que “el prefecto Alarcón (…) nos dio una pulsera de color, sin decirnos nada, solo que iban a hacer breves tareas investigativas (...), nos llevaron para hacer número”; el cabo 1° Omar González dijo que “cuando nos bajamos del móvil nos dijo que estábamos para hacer tareas investigativas, pero no sabíamos exactamente que debíamos hacer cada uno” y agregó que en un momento “observé a un joven que estaba contando gran cantidad de dinero (…) Cuando yo le pregunto por qué tenía tanta cantidad de dinero me respondió que la tenía porque trabajaba”; y el ayudante de 3ª Asunción López señaló que “tuve una intervención sola, le solicité a dos hombres que me exhiban sus pertenencias, pero estos tenían chupetines, ningún estupefaciente”.

No haber labrado actas de las 173 identificaciones declaradas, y los numerosos testimonios de jóvenes y médicos que sostuvieron que la venta de drogas corría delante de las narices de cualquiera, fueron argumentos para que Casanello sostuviera que “los imputados no podían ser ajenos a lo que sucedía delante de sus ojos sino que eran parte de una realidad que ayudaron a construir. Solo es posible admitir dos variantes: o nos encontramos frente a 25 funcionarios públicos que trabajan para una estructura que se especializa en narcotráfico y en brindar seguridad pública, pero que fueron incapaces de detectar el intercambio o consumo de estupefacientes dentro de un evento cerrado y al que habitualmente concurren; o se generó un ámbito libre de todo control estatal, en el que ellos encajaron como un elemento más de la estructura.”