Por primera vez desde que Mauricio Macri asumió la presidencia, toda la oposición se unió para enviarle un fuerte mensaje político al Gobierno nacional. Los senadores aprobaron ayer cuatro proyectos en contra del tarifazo de gas implementado por el ministro de Energía, Juan José Aranguren y el presidente Mauricio Macri. Con el impulso del Frente para la Victoria-PJ, el Peronismo Federal y el resto de los bloques opositores se alcanzaron sobradamente los dos tercios de los votos necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas de esas iniciativas, que se aprobaron por 42 votos a favor y sólo 13 en contra, todos de Cambiemos. Los senadores del FpV-PJ le reclamaron al Gobierno que cumpla el fallo de la Cámara Federal de La Plata y que suspenda el aumento hasta tanto se realicen las audiencias públicas y se expida la Corte Suprema de Justicia.

La sesión de ayer en el Senado pretendía ser una jornada positiva para el oficialismo, ya que en la agenda figuraban dos proyectos de ley que venían consensuados de la Cámara de Diputados. Sin embargo, antes de comenzar el tratamiento del programa de fomento para pymes y la ley de autopartes, el FpV-PJ metió en la discusión la cuestión de las tarifas y le provocó la peor derrota legislativa en lo que va de su gestión. El único antecedente similar hasta ahora fue la ley antidespidos, que había logrado 48 votos a favor en Senado. Sin embargo, en aquella oportunidad Cambiemos no había quedado en soledad sino que había recibido el apoyo de algunos dirigentes del peronismo disidente como Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero y Roberto Basualdo. Esa iniciativa tampoco había recibido el respaldo de todo el arco opositor en Diputados, donde un sector de la oposición se ausentó o se abstuvo de votar.

En un duro discurso, el jefe del bloque del FpV-PJ, Miguel Pichetto, argumentó ayer que el aumento tarifario impacta de lleno “en el sector de salarios de clase media, sectores que no pueden pedir la tarifa social”. El senador por Río Negro aseguró que aún con el límite del 400 por ciento implementado en los últimos días, el aumento “es muy fuerte, difícilmente sostenible” para los usuarios. Además, le advirtió al macrismo sobre el peligro de la judicialización de los conflictos políticos y le achacó los errores de comunicación del ministro Aranguren. Como si se tratara de una lección de supervivencia electoral, Pichetto les señaló que gran parte de los afectados por las decisiones de los últimos meses pertenecen a la clase media, que los acompañó para ganar la elección presidencial en 2015. Al retomar la palabra sobre el final de la sesión, el jefe del bloque del peronismo insistió con una advertencia sobre su rol de opositor responsable: “No se puede tener a Aranguren suelto metiendo aumentos de 1800 por ciento. Nuestro nivel de adaptación como oposición se acota mucho”, afirmó Pichetto, que encabeza el sector más conciliador del peronismo.

El proyecto de comunicación que lleva la firma de 18 integrantes de la bancada FpV-PJ –además de pedir que suspenda la medida hasta que se pronuncie el máximo tribunal– reclama que el nuevo esquema tarifario sea implementado con “gradualidad, tranparencia y razonabilidad” y que se contemple la necesidad de fijar tarifas diferenciadas para las distintas regiones del país, “a los efectos de evitar asimetrías que impacten negativamente en su desarrollo”.

En sus fundamentos, los legisladores sostienen que la decisión del Ejecutivo está “generando una gran angustia y una enorme preocupación en grandes sectores de la sociedad argentina”. Sobre el tope máximo fijados en 400 por ciento y la implementación de la tarifa social, sostienen que son “absolutamente insuficientes” para moderar los “brutales efectos” de la medida. Además, alertaron sobre el impacto en “la estructura de costos de todo el sistema productivo” del país, “poniendo en riesgo numerosos puestos de trabajo” y generando dudas sobre la continuidad de distintos emprendimientos.

El senador Mario País (FpV-PJ) solicitó, además, que se trate en comisión un proyecto de ley que declara la nulidad de las resoluciones, en sintonía con el planteo de Héctor Recalde en la Cámara baja.

En el Senado se aprobaron además otros tres proyectos de declaración y comunicación, redactados por senadores Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur), Magdalena Odarda (Alianza Frente Progresista) y Myriam Boyadjian (Movimiento Popular Fueguino). “Estamos hablando de un derecho humano esencial, que es el derecho a la energía”, afirmó Solanas y consideró que “la ciudadanía se pronunció el año pasado en defensa de una mayor calidad institucional y republicana y en ese sentido se lo está burlando”. Odarda, que ingresó al Senado por la Coalición Cívica, había pedido al gobierno que retrotraiga los aumentos en toda la Patagonia. “Los vicegobernadores de las siete provincias patagónicas ya pidieron la nulidad del aumento”, remarcó.

Si bien ninguna de las cuatro iniciativas son proyectos de ley –por lo que sus alcances concretos son reducidos– el mensaje político del Senado en contra del tarifazo fue contundente. Incluso aliados frecuentes de Cambiemos como el peronismo federal votó en conjunto contra rechazo al tarifazo. Aunque sin romper su habitual silencio, hasta Reutemann, que hizo campaña con Macri y compartió la boleta electoral con el Presidente votó a favor. La senadora puntana Liliana Negre de Alonso (Compromiso Federal) fue incluso un poco más allá y se sumó al pedido de renuncia de Aranguren, tal como hizo días atrás el titular del PJ, José Luis Gioja y el gobernador de su provincia, Alberto Rodríguez Saá. “Esto amerita pedir la renuncia de Aranguren por desconocer las resoluciones judiciales de un poder del Estado”, sentenció la senadora, en referencia al fallo judicial y la apelación del Gobierno.

En soledad, Cambiemos intentó defenderse en la voz del radical Angel Rozas, jefe del interbloque. El senador chaqueño reiteró buena parte de los argumentos esgrimidos por el oficialismo en los últimos meses. Sostuvo que “ganase quien ganase las elecciones” de todas maneras se debía modificar el esquema tarifario. Rozas trató de convertir en virtud la la marcha atrás oficial de colocar el tope para los aumentos y remarcó que “el Gobierno ha dado suficientes muestras de diálogo y participación”. “El gobierno de Cambiemos ya ha dado pruebas de tener humildad y capacidad de corregir medidas erráticas o erróneas”, remató el senador radical. De todas maneras, hasta los propios dirigentes de la UCR han cuestionado la forma en que se implementaron los aumentos en los servicios de luz, gas y agua.