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El fiscal Martín Niklison, los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo y Pablo Llonto, en representación de Mariana Pérez solicitaron ayer que se condene a penas de entre 20 años y prisión perpetua a los tres acusados, integrantes de la Fuerza Aérea, por los secuestros y las torturas que sufrieron Patricia Julia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo.

Los acusados son: el dictador y ex comandante de la Fuerza Aérea Omar Domingo Rubens Graffigna, el ex jefe de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) Luis Tomás Trillo y el agente civil de inteligencia Francisco Gómez, quien ya fue condenado por la apropiación de Guillermo Pérez Roisinblit, el hijo menor de Patricia y José, que nació en la ESMA.

La RIBA fue el escenario de los crímenes que padecieron Roisinblit y Pérez Rojo entre octubre y noviembre de 1978. El organismo fue la central de espionaje de la Fuerza Aérea. Funcionó en Morón, en el Oeste del Gran Buenos Aires, en la denominada subzona militar 16.

Durante la jornada de alegatos, la fiscalía y las querellas solicitaron que Graffigna y Trillo, que actualmente gozan de prisión domiciliaria, cumplan la condena en la cárcel. También pidieron que se investigue la privación de la libertad de la hija mayor de la pareja, Mariana Eva Pérez, quien, con quince meses de edad, fue llevada por horas por los represores hasta que finalmente la dejaron con miembros de su familia.

Otro reclamo fue que Graffigna sea investigado como autor mediato de la sustracción de Guillermo. De acuerdo con los testimonios de varias sobrevivientes, Patricia Roisinblit fue llevada de la RIBA a la ESMA para parir, pero ella era “una prisionera de la Fuerza Aérea”, por lo tanto en el destino de su bebé estuvieron implicadas las autoridades de la Aeronáutica. De hecho, el apropiador fue Gómez, un agente de inteligencia de esa fuerza.

Al acusar a Graffigna, Niklison remarcó que “su compromiso con la dictadura cívico-militar es indudable y por lo tanto su responsabilidad por el plan sistemático de secuestro-tortura y desaparición de miles de personas también lo es, aunque aquí sólo se lo esté juzgando por estos dos casos”

Durante su exposición, Llonto solicitó que se considere en los fundamentos de la sentencia que los delitos cometidos fueron en el marco de un genocidio y que se preserve y se marque el edificio donde funcionó la RIBA.