El ex comisario Miguel Etchecolatz tiene un pie afuera de la cárcel. Su estrategia para volver a su casa de Mar del Plata, sin embargo, podría quedar a mitad de camino. El juez federal Ernesto Kreplac le negó ayer el arresto domiciliario y dispuso, a partir del consejo de peritos médicos, su internación en un hospital extramuros. De los exámenes realizados el jueves en el Hospital Penitenciario de Ezeiza surge que el ex jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata, que acumula seis condenas por delitos de lesa humanidad, simuló un cuadro más grave del que padece pero también que su estado es “de regular a malo”, agravado por su “decisión voluntaria y libre” de iniciar una huelga de hambre. Al margen de la resolución en primera instancia, donde se investigan cientos de crímenes por los que el ex hombre fuerte del Circuito Camps todavía no fue juzgado, ayer volvió a postergarse la decisión del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que terminará de conformarse el martes cuando Alejandro Smoris asuma como subrogante.

Tres semanas atrás, pese a que dos dictámenes del Cuerpo Médico Forense (CMF) confirmaron que las patologías de Etchecolatz pueden ser tratadas en Ezeiza, los jueces Germán Castelli y Jorge Michelle votaron a favor de concederle el arresto domiciliario por sus 87 años, su hipertensión arterial y los riesgos de un accidente cerebrovascular. La medida no se concretó porque el propio tribunal lo condenó también en otras causas (en las que deberá pronunciarse el martes) pero dio pie para que la defensa del represor sume presión en el tema. El ex policía, por su parte, decidió iniciar una huelga de hambre para aportar lo suyo.

El viernes pasado, ante “ciertas inconsistencias” en los informes de los médicos del Servicio Penitenciario Federal, Kreplac ordenó una nueva intervención del CMF y al mismo tiempo requirió al director del Servicio Penitenciario intensificar los controles y “proceder a la alimentación forzada” si la salud del huelguista corriera “grave riesgo”. Los exámenes se realizaron el jueves último, con intervención de peritos médicos y psicológicos del CMF y del Ministerio Público Fiscal. Las conclusiones citadas en la resolución indican que la salud del represor va “de regular a mal” y que sufre “un deterioro físico importante dada la huelga de hambre, lo que motiva la necesidad de internación en un hospital extramuros para su mejor control clínico y de laboratorio”. Dos psicólogas dejaron constancia de su “actitud pasiva, indiferente y reticente” a someterse al examen, con un “tono de voz inaudible que imposibilitó el diálogo”, cuadro que se revirtió cuando terminó la entrevista y pasó a expresarse “de modo audible, cambiando su expresión verbal y gestual” con otra médica.

El juez tomó nota del estado de Etchecolatz y de la influencia “determinante” de la huelga de hambre para concluir que “no alcanza el umbral exigido” por la ley 24.660, que autoriza el arresto domiciliario en caso de “enfermedad incurable en período terminal” o cuando el hospital penitenciario no permite “tratar adecuadamente su dolencia”. Interpretó la “decisión voluntaria y libre” de no comer ni tomar medicamentos como un derecho del condenado pero destaco que “no puede cederse al empeño autolesivo” para lograr “un beneficio que de otro modo no le correspondería”. Luego analizó el consejo de la internación extramuros. El Hospital Penitenciario “cumple con las condiciones mínimas” pero “son pocos los cirujanos” y “no tiene terapia intensiva ni intermedia, por lo que en caso de descompensación o situación de crisis el interno debe ser trasladado al Hospital de Ezeiza con la única ambulancia con equipos de alta complejidad con que se cuenta”. Decidió entonces disponer la internación en un hospital o clínica que dependerá “de la cobertura médica” de Etchecolatz y destacó que los médicos que lo traten estarán “autorizados a proceder a la alimentación o medicación forzada” si corre “grave riesgo su salud”.