Luego de denunciar penalmente a tres fiscales por “obstaculizar la investigación”, el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, a cargo de la causa por los incidentes ocurridos durante el acto en que Mauricio Macri fue supuestamente apedreado, convocó insólitamente a una manifestación a su favor “en todo el país” y amenazó con renunciar en caso de que la gente no concurra. “Que se arreglen, si la gente no defiende sus derechos, y no defiende a quienes los defienden, bueno, yo no soy Dios, soy un ser humano y hasta acá llegué”, dijo tras ser consultado sobre qué hará en caso de que su llamado, como podría suponerse, no tenga la respuesta esperada. El juez ya había hablado de “un plan sistemático de desestabilización” y ayer volvió a sorprender al asegurar que, a su entender, la “principal responsable” de ese plan es la ex presidenta Cristina Kirchner.

López viene de soportar una manifestación en las puertas de su juzgado, pero no precisamente de apoyo: más de 200 personas se concentraron el lunes para repudiar su dichos acerca de que la organización Votamos Luchar se había “adjudicado” el supuesto “atentado” contra el Presidente. Ese día, su juzgado amaneció custodiado por la policía local y los abogados de la organización no pudieron ingresar para presentar un escrito, trámite que debieron hacer ante la secretaria del magistrado.

Mientras, el expediente es una maraña de medidas denegadas a los fiscales a los que el juez López denunció penalmente. Hasta ahora, lo único en lo que López pudo avanzar es en recabar un informe de la Federal en el que –aseguró– consta que hubo un “piedrazo” de tamaño “importante”. Recibió también los videos de las cámaras de seguridad del municipio, que muestran que una vez concluído el acto, una mujer y un hombre, de manera aislada, arrojan piedras sobre un auto en el que no se sabe si viajaba o no alguna autoridad. Pero aún no tiene a un sólo imputado.

Pese a esas carencias, López ordenó espiar a Votamos Luchar y otras organizaciones. En declaraciones al Canal 8 de Mar del Plata, señaló al dirigente social Ricardo “Chacho” Berrozpe como supuesto autor intelectual. Sin embargo, según pudo saber Página/12, todavía no hay en la causa ningún nombre propio que sea acusado con pruebas fehacientes. Así lo constató el propio Berrozpe, a quien el juez le rechazó conocer la causa por “no ser parte del proceso penal”.

Las actuaciones de inteligencia sobre los militantes –que no llegaron al acto porque fueron reprimidos a 400 metros– es el núcleo del conflicto entre López y los fiscales Laura Mazzaferri y Nicolás Czizik, a quienes el magistrado acusó frente a los micrófonos de entorpecer la investigación por “pertenecer a Justicia Legítima, una organización política inserta en Poder Judicial” antes de denunciarlos penalmente. Lo hizo el domingo pasado, ante la fiscalía que atiende Juan Manuel Pettigiani, quien en 2014 pidió licencia para militar en el Pro.

La fiscal Mazzaferri –con el apoyo del fiscal federal Damián Adler– se negó a dar curso a las actuaciones de inteligencia y pidió en cambio recabar indicios que permitan en principio establecer “si existió o no una agresión al Presidente” y, además, cuál fue “la eventual intervención policial frente a dichos sucesos”. Está el hecho llamativo que el jefe de la Bonaerense, Pablo Bressi, sostuvo que “no hubo piedrazos” contra Macri, en contradicción con el informe de la Federal.

La discusión podría seguir en una audiencia oral y pública pedida por Adler. El fiscal federal sostiene que el juez tomó medidas “que podrían implicar violación de la ley de inteligencia, en cuanto llevó a que las fuerzas de seguridad a investigar organizaciones de la sociedad civil sin mayores fundamentos”.

Pero el juez dio la nota ayer con sus declaraciones periodísticas. No conforme con acusar a Votamos Luchar, el magistrado dijo en una entrevista que la supuesta agresión con piedrazos fue “el punto culminante” de la incentivación a la violencia que comenzó con “declaraciones de (Guillermo) Moreno, de (Hebe) Bonafini, de (Luis) D´Elía”. Desde el primer momento, López –un juez civil que además falló a favor del tarifazo de gas– suscribió la hipótesis de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de que al Presidente lo persiguen “grupos organizados” a fin de boicotear sus apariciones públicas, a fin de desestabilizarlo. Su problema es que, hasta ahora, no pudo explicarlo en el expediente. “Si la ciudadanía no apoya a la Justicia, voy a renunciar”, disparó luego de pedir una movilización en su apoyo.

Informe: Matías Ferrari.