[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por I. H.

“(Ricardo) Lona ha mostrado un absoluto desprecio por los derechos humanos más elementales”, alzó la voz Marcela Rodríguez, diputada del ARI y miembro del Consejo de la Magistratura. Provocó un silencio escalofriante y, segundos después, un aplauso vigoroso. Junto al consejero y abogado Beinusz Szmukler, desplegó ayer ante el jury de enjuiciamiento un alegato con tres acusaciones contra el camarista salteño: su responsabilidad en la masacre de Las Palomitas durante la dictadura, haber actuado como albacea en una sucesión millonaria sin autorización y no investigar la aparente venta de un bebé. A Lona lo defendieron el ex camarista Andrés D’Alessio y el abogado Luis Lozano. Pero él mismo habló sobre el final y dijo que su enjuiciamiento es “el resultado de un montaje pergeñado en base a la mentira, el resentimiento y la codicia”.
La sala de audiencias es la misma en la que se hizo el juicio a las juntas militares. Ayer estuvo en primera fila la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, durante las cuatro horas que duraron las exposiciones, hubo sobrevivientes de la represión en Salta y un desfile de asesores de la Magistratura. También, al comienzo de la jornada pasó por el lugar la dirigente del ARI, Elisa Carrió. El jurado lo presidía el juez de la Corte Suprema Augusto Belluscio, a quien una multitud de ahorristas dedicó, puertas afuera, una manifestación.
A Lona se lo vio cansado, apoyando su antebrazo en el respaldo de la silla. Y junto a él, D’Alessio, quien juzgó a los ex comandantes y Lozano, futuro juez de la Corte de la Ciudad de Buenos Aires. En la otra punta, estaban Rodríguez y Szmukler, que responsabilizaron al camarista de “mal desempeño”. Cada una de las partes tuvo dos horas para exponer.
“Esta es una de las causas más graves que han llevado a este jurado”, dijo la diputada, después de hablar de la masacre de Las Palomitas, ocurrida el 6 de julio de 1976, en la que fueron fusilados doce presos políticos cuando eran llevados a Córdoba. A Lona lo responsabiliza por haber autorizado ese traslado sabiendo que no era un procedimiento común. También por no haber investigado la matanza sino hasta 1983. Señaló incluso que cuando los presos del penal de Villa Las Rosas denunciaban torturas, las ignoraba. “Hay testigos que dicen que escurría los hábeas corpus y los tiraba a la basura”, dijo Rodríguez. “Afectó la dignidad de su investidura”, agregó. Puso en duda, al margen, la utilidad de que haya presentado como testigos al juez de la Corte Enrique Petracchi y al camarista Leopoldo Schiffrin.
Szmukler detalló los vericuetos de un caso en el que Lona debía investigar la supresión de identidad de un bebé y su aparente venta a una pareja francesa. “Pasaron seis días corridos desde que recibió la causa hasta que dictó sentencia y no investigó absolutamente nada” a pesar de que había datos sospechosos, advirtió Szmukler. También cuestionó a Lona por haber sido albacea en la administración de la herencia de César Pereyra Rozas, un vecino suyo, algo prohibido para los jueces. Marcó que Lona dispuso para sí mismo de 600 mil dólares de aquel fallecido hacendado que excluyó de su sucesión. Sumando a eso, dijo, con errores en las declaraciones juradas, parecería proclive a “apropiarse de esos fondos”.
Los defensores hablaron con ironía. Negaron los cargos, cuestionaron la prueba y defendieron el desempeño de Lona como juez durante el terrorismo de Estado. Lona, cuando tomó la palabra, atribuyó el juicio a una maniobra del juez salteño Abel Cornejo, consejero de la magistratura. Agradeció a sus abogados porque, aseguró, no le cobraron un peso. Y dijo, respecto de su renuncia, que no fue ni aceptada ni rechazada por el Ejecutivo (lo que permitió su juzgamiento), que está decidido a mantenerla aunque el jurado lo absuelva. Algo que está por verse y que recién se sabrá el 18 de febrero cuando se conozca la sentencia.