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El cuestionamiento de la Iglesia a la candidatura de Carmen Argibay para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia generó ayer la reacción de juristas, magistrados y Organizaciones No Gubernamentales que respaldaron a la jueza y calificaron de “poco democrática” la postura del Episcopado. “No importa si un juez es judío, mahometano, cristiano o ateo” fue el principal argumento escuchado. También hubo reconocimientos a Argibay por enfrentar el debate sobre la despenalización del aborto “sin hipocresía”.
El martes la Conferencia Episcopal –aunque sin mencionar a Argibay– había dado a conocer un comunicado en el que dejó traslucir su malestar por la candidatura. La irritación de los obispos está vinculada a que la jueza se ha definido como una “atea militante” y opinó sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos.
El comunicado planteó que “respetar la Constitución nacional –que ‘excluye expresamente el tema del aborto’– es obligación de todos los argentinos y es función indelegable del Estado hacerla cumplir, y del Poder Judicial garantizar su cumplimiento”. El texto fue difundido en una clara crítica a la postulación de Argibay, luego de que varios obispos la criticaran y pidieran incluso el retiro de su postulación.
Lucía Larrandart, jueza del Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín, fue una de las voces que respondieron los argumentos utilizados por la Iglesia, a los que consideró reveladores de “un alto grado de intolerancia”. Para la jueza, ser ateo no puede ser considerado un disvalor para administrar justicia. “La variedad de posturas está ínsita en el sistema democrático. La posición religiosa es una opción privada, lo que cualquier ciudadano tiene que tener en cuenta cuando se trata de designar a un juez son sus posturas frente al derecho y la democracia”, dijo a Página/12.
Larrandart también relativizó las prevenciones de la Iglesia frente al debate sobre el aborto. “Los jueces no modifican las leyes sino que las aplican. Si yo fuera antiabortista me preocuparía por las opiniones de los candidatos a legisladores, que son quienes hacen las leyes.”
Desde al ámbito académico, el constitucionalista Daniel Sabsay señaló que “la ideología de cada persona es parte del pluralismo que la democracia nos plantea”. El especialista dijo que “por supuesto” una persona que no practica ninguna religión, como es el caso de la doctora Argibay, “puede acceder a la Corte, porque no estamos en un Estado teocrático”.
Mónica Altschul, presidenta de la Fundación Mujeres en Igualdad, dijo que las declaraciones que molestaron a la Iglesia “rompieron con una larga tradición de hipocresía, por la que los candidatos siempre dicen aquello que puede no resultar polémico, aunque después hagan cualquier cosa. Lo loable de las opiniones de Argibay, en cambio, es que ella ha sido sincera”.
“Nosotros pensamos que en la Corte Suprema tiene que haber una pluralidad de miradas y puntos de vista”, agregó Altschul. “Que en la Corte exista un integrante que esté de acuerdo con la despenalización del aborto representaría a un sector muy amplio de mujeres.” En el mismo sentido Nina Brugo Marcó, de la comisión directiva de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, planteó que Argibay “defiende los derechos de las mujeres sin tabúes hipócritas”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó ayer su apoyo en una carta al ministro Gustavo Beliz en la que consideró que Argibay “cumple acabadamente con los requisitos impuestos por la Constitución nacional y por el decreto 222” para integrar el máximo tribunal.
En relación con el debate sobre la despenalización del aborto, en el CELS dijeron que las declaraciones de la jueza “sólo ponen en evidencia una problemática terrible que vive el país y que ha sido reconocida por diversos organismos internacionales de derechos humanos”, ya que “los abortos clandestinos son la principal causa de muerte materna”. También manifestaron su respaldo el diputado Jorge Rivas –“la Iglesia no puede exigir que los jueces compartan sus creencias”, planteó–, y la senadora Diana Conti, quien opinó que un ateo “puede ser más fiel a los valores fundamentales que se presupone tienen los creyentes e incluso puede defenderlos con mayor pasión”.
Roberto Bugallo, constitucionalista y docente de derechos humanos de la UBA, consideró que ha habido “una simplificación perversa y una manipulación de las posturas que tiene Argibay”, a quien consideró “una persona coherente con formación ética y jurídica”.
El plazo para presentar respaldos e impugnaciones sobre la postulante finalizará mañana. En la página de Internet del Ministerio de Justicia hay 30 opiniones institucionales favorables y 16 en contra. La Red de Mujeres Solidarias se movilizará este mediodía al Ministerio para expresar su apoyo y llevar un reclamo. Ocurre que el sitio de Internet publicó una carta modelo para impugnar a la candidata, pero omitió ofrecer una carta modelo de adhesión, cosa que quieren hacer saber las mujeres.