La fiscal María Gabriela Ruiz Morales imputó a los directivos de Iecsa, la empresa de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, por el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Impulsó así la denuncia que había realizado la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises), a cargo del fiscal Gabriel de Vedia. Ese organismo acusó a la compañía, adjudicataria de numerosas obras públicas, de quedarse con 8.653.861 pesos de sus empleados entre diciembre de 2015 y marzo de 2016, en la misma época en que la firma compró nueve autos de alta gama. Ruiz Morales detectó otras irregularidades y la suma de dinero cuestionada supera los 12 millones de pesos.

La fiscal pidió que se investigue a Iecsa y sus directivos Santiago Ramón Altieri, Juan Ramón Garrone, Héctor Javier Sánchez Caballero, Alejandra Erika María Kademian y Víctor Ramón Ignacio Folch.

En el dictamen que debe evaluar el juez Ezequiel Berón de Astrada, reseñó que la Ufises atribuyó a la firma “supuestas faltas de depósito de montos retenidos por la contribuyente a sus dependientes en concepto de aportes previsionales”, correspondientes a los períodos fiscales de diciembre de 2015 y marzo de 2016, por las sumas de 5.633.247,13 pesos y 3.020.614,27 pesos, respectivamente.

Ruiz Morales señaló que en lo que atañe al período fiscal de diciembre de 2015, la empresa se acogió a un plan de facilidades de pago en febrero de este año a fin de regularizar la suma de aportes retenidos. Ese plan caducó el 18 de junio pasado. En lo que respecta al período fiscal de marzo de 2016, explicó que de la constancias que obran en el expediente “surge que las retenciones en concepto de aportes previsionales vinculadas a tal período no han sido ingresadas, al menos, al mes de mayo del año 2016”, sin perjuicio de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no respondió un requerimiento cursado para que informe “si se había iniciado alguna fiscalización o denuncia penal vinculada a aquel hecho como así también si la contribuyente había regularizado tal obligación”.

No obstante los períodos denunciados, la fiscalía detectó “una maniobra como la precedentemente señalada en relación a julio de 2015”. La fiscal indicó que “si bien la suma en concepto de aportes previsionales correspondiente” fue ingresada, aquello aconteció una vez vencido el plazo. De esta manera, la suma de dinero cuestionada supera los 12 millones de pesos.

Ruiz Morales advirtió que con los incumplimientos “se genera un perjuicio” por cuanto “el estado necesita, para afrontar el gasto público, un determinado flujo financiero que no se reúne si los contribuyentes demoran los pagos”. Consideró que en principio los hechos encuadran en el delito de “apropiación indebida de recursos de la seguridad social”, por el que se prevén penas de dos a seis años de prisión.

La fiscal pidió una serie de medidas de prueba, entre las que se cuentan pedidos de información a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la AFIP, además de citar a prestar declaración indagatoria a los imputados.

El primo de Macri, a quien dejaron a la cabeza de parte de las empresas para despejarle el camino político a Mauricio Macri, viene anunciando la venta de Iecsa. Pero según una investigación del portal “Nuestras Voces”, “no sólo no lo hizo sino que compró a su controladora ODS, y anunció que salía de la Bolsa de Comercio para que sus balances no sean públicos”, justo antes de que Macri le otorgara 45 mil millones de pesos para la obra del soterramiento del Sarmiento.

La denuncia de De Vedia señalaba que Iecsa arrastra otras denuncias por infracción al régimen penal tributario y que en la misma época en que se retuvieron los aportes, la empresa compró un Peugeot 3008 Premium Plus, dos Peugeot Partner confort 1.6 HDI, dos Honda Accord EXL, un Peugeot 307 XS Premium, un Peugeot Partner Patagónic 1.6 y un Nissan Tida 1.8.