Los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques ampliaron ayer la acusación contra la ex presidenta Cristina Fernández por la concesión de la obra estatal a Lázaro Báez y sostuvieron que hubo una “maniobra ideada” para “asignar y destinar” por una vía oficial “millonarias cantidades de fondos públicos a un empresario en particular a quien en todo momento se quiso deliberadamente beneficiar”. La ex mandataria deberá presentarse el 31 de octubre ante el juez federal Julián Ercolini para dar explicaciones en esa causa, luego de que le fuera rechazado su pedido de anulación del primer dictamen donde se la acusaba. Los fiscales adujeron que en el escrito presentado apuntan nuevas pruebas que refuerzan “los vínculos entre la ex familia presidencial y Lázaro Báez” y “demostrarán cómo mientras los ex presidentes estaban a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, realizaban negocios inmobiliarios con la principal contratista de obra pública en la provincia de Santa Cruz”.