El traspaso de la Federal a la órbita del Ejecutivo porteño y su fusión con la Metropolitana en una nueva Policía de la Ciudad avanza al paso del consenso político. El descontento de un sector de los federales con el traslado y la presión de los altos mandos para retener caja y territorio son las resistencias principales al proceso que comenzó en enero con el convenio entre ciudad y nación y que culminará el primer día de 2017, fecha del debut en las calles de la nueva fuerza. Con algunos reparos no menores, el proyecto de ley del macrismo que crea la nueva Policía de la Ciudad encontró consenso en la Legislatura, aunque las miradas están puestas, mas allá de la letra de la norma, en lo que será el desempeño real de la fuerza, sobre todo frente a la protesta social en el marco de una política crecientemente represiva y en el que se cuentan cada vez más los casos de abusos policial.

El consenso que en líneas generales hay con el proyecto de creación de la nueva policía radica en que es casi idéntico al de la Metropolitana de 2009 que, según los especialistas en seguridad, puso la vara más alta en cuanto al control civil, la profesionalización de la fuerza y la separación entre el trabajo administrativo y el estado policial. Precisamente son esos puntos, los que encuentran mayores resistencias por parte de la Federal.

Hasta ahora, únicamente el FpV planteó un proyecto alternativo. Tiene varios puntos en común con el proyecto oficial, al que varios legisladores del FpV consultados por este diario calificaron como “bueno”, aunque incorpora básicamente tres cambios. Establece que el jefe de la fuerza debe ser un civil, definición que el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y el ministro Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, patearon para más adelante. En los últimos días, el Pro hizo correr el rumor de que el jefe podría ser el actual secretario de seguridad, Marcelo D`Allessandro.

“En un contexto de ajuste y mayor conflictividad social, la preocupación es que la policía tenga una firme perspectiva de derechos humanos, una orientación a la previsión y no que esté enfocada en la represión”, indicó a Página/12 el legislador del FpV José Cruz Campagnoli, titular de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña.

“Se necesita una fuerte capacidad de conducción, que hoy no se ve”, apunta el especialista Marcelo Sain en referencia a los pataleos de los federales. Una de las razones del malestar es la quita de los “adicionales”. El PRO reemplazó los adicionales por el “servicio complementario”, que es lo mismo pero con otro nombre. “Sólo así, con ese complementario, los efectivos consiguen completar un salario digno. Para nosotros eso hay que quitarlo, porque terminan trabajando 24 horas y la mayor cantidad de muertes de efectivos se da cuando no están cumpliendo las horas de trabajo blanqueado. La solución a esa discusión son mejores salarios para los efectivos, como tiene la Metropolitana”, aseguró Sain y recordó que esa decisión se inspiró en el funcionamiento de la Policía Aeroporturaria, que estuvo a su cargo, con salarios parejos y altos.

El FpV incorpora, además, la prohibición de “portar de armas de fuego” u otras “municiones de poder letal” durante las manifestaciones. La propensión a la represión en ambas fuerzas es un tema de preocupación. En el caso de la Metropolitana, tuvo al menos cuatro antecedentes graves: el desalojo, con balas de plomo, de la toma de la Sala Alberdi; los disparos, gases y palazos que contra internos y trabajadores del Hospital Borda; el desalojo del asentamiento Papa Francisco; y los cuatro muertos en el desalojo del Parque Indoamericano, que compartió con la Federal.

Para el especialista en seguridad democrática Alberto Binder, la creación de una nueva policía es una “una oportunidad histórica” que requiere “de un acuerdo político amplio” para evitar desperdiciarla. “Pocas veces surge la chance de crear una policía de cero. Excede en mucho a una gestión de gobierno y se trata de planificar una seguridad para el área metropolitana, uno de los principales problemas del país”, asegura.

Binder coincide en que lo fundamental es realizar una “depuración de los vicios de la federal”. Entre ellos, señala “una pérdida muy grande de profesionalismo, de capacidad técnica e investigativa, compromisos con cajas vinculadas a la política y la corrupción y ciertas prácticas vejatorias de los derechos humanos”.

“La ley es aprobar los planos de la casa, después hay que construirla”, grafica para advertir que el proceso de fusión entre la Federal y la Metropolitana “va a ser complicado, sobre todo si en lugar de una visión a la largo plazo se imponen intereses electorales o si se cierran filas detrás de las internas policiales”. Binder recuerda, en ese punto, “la experiencia fallida” del nacimiento de la Metropolitana, cuando Mauricio Macri “apostó a una de las tribus de la federal, con el Fino Palacios a la cabeza. Agarraron la federal, le pusieron un nuevo uniforme y fue un desastre: todo eso estalló”.

“La creación de la Metropolitana no fue una experiencia que haya comportado el trabajo de repensar y replantear la institución policial en términos democráticos”, advierte, por su parte, la socióloga especialista en políticas de seguridad y fuerzas policiales del Instituto Gino Germani e investigadora del Conicet Alina Ríos. En sintonía con Binder sostiene que “el gran problema de la Metropolitana fue que reprodujo lógicas de otras fuerzas, cuando era la oportunidad histórica de constituir una policía radicalmente democrática”. “Más allá de los discursos que apelaron a la proximidad y la cercanía el problema es que en última instancia el programa político que da sentido a la función policial no cambia, sigue estando en la línea del mantenimiento del orden y no tanto en la protección de derechos y libertades”, subraya. “Por ejemplo, nunca se discutieron verdaderos mecanismos de control ciudadano sobre esta fuerza (ni sobre ninguna otra). La violencia institucional es violencia estatal, por eso su control efectivo no puede ser exclusivamente estatal”.

Para Ríos, el discurso de la “cercanía con la gente” y la “proximidad”, latiguillos frecuentes del PRO, pueden transformarse “en una trampa”. “Son nociones con varias caras. Una de ellas es que puede ser un buen instrumento de un programa neoliberal. Si se reduce a una cuestión de transferencia de información de los vecinos hacia la policía, puede ser la peor faceta del fascismo. Si la proximidad es para facilitar la denuncia y delación, se convierte en la peor pesadilla”, describe.