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La decisión conjunta de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal Argentina de dar a conocer los documentos que obran en su poder y que se refieren a víctimas, detenidos y desaparecidos durante la última dictadura constituye en sí mismo un gesto de gran importancia política y rompe una tradición eclesiástica aferrada al secretismo y a una conducta del Vaticano como estado que nunca antes abrió sus archivos sino después de transcurridos por lo menos cincuenta años de los hechos que se consideran.

Existen varios factores que confluyen para que esto haya ocurrido. Pero al mismo tiempo no debería leerse que el gesto actual libra de responsabilidades institucionales a la Iglesia Católica en Argentina y a varios de sus miembros por los hechos de complicidad con la dictadura militar. Eso es harina de otro costal.

¿Por qué ahora? Porque los organismos defensores de los derechos humanos vienen reclamando casi desde antaño que la Iglesia ponga a disposición la documentación que obra en su poder, en la casi certeza de que en los archivos puedan encontrarse datos que permitan esclarecer desapariciones, muertes, asesinatos y también información que, por ejemplo, permita encontrar a niños que nacieron en cautiverio. Bergoglio papa prestó ahora los oídos que no tuvo en su momento Bergoglio obispo.

Porque la política de derechos humanos del anterior gobierno generó un clima de conciencia respecto del tema que aumentó la presión de la sociedad sobre la institución eclesiástica para acelerar procedimientos y flexibilizar conductas y protocolos. Ambas cuestiones fueron dejando a la Iglesia Católica en una posición cada vez más incómoda por la negativa a facilitar el acceso a la información.

No menos cierto también es que el tiempo transcurrido hace que los responsables eclesiásticos que pudieran verse involucrados o perjudicados por la información que se divulgue están en su mayoría muertos o, en último caso, fuera de funciones relevantes dentro de la Iglesia. De esta manera el riesgo institucional queda bajo mayor resguardo. Esto sin perder de vista que cada vez que la Iglesia pidió perdón públicamente por los “errores” cometidos durante la dictadura militar siempre aludió a los miembros “que pudieran haber pecado” pero nunca asumió responsabilidades institucionales.

A lo anterior debe sumarse, sin duda, la presencia de Jorge Bergoglio en el Vaticano como papa Francisco. Fue el propio Papa quien, como ejercicio de su autoridad, dio instrucciones para proceder en el sentido que se hizo. Determinación que incluso produjo malestar en algunos miembros del episcopado católico que siguen sin estar de acuerdo con la decisión. Desde Buenos Aires un firme defensor de la política de apertura y quien trabajó intensamente para llegar a este momento fue el actual secretario de la Conferencia Episcopal y obispo de Chascomús, Carlos Malfa. Como se ha dicho tantas veces, la Iglesia está muy lejos de ser una institución monolítica en sus modos de pensar y entender la historia de la humanidad. En el seno de la comunidad católica pero también dentro del episcopado conviven visiones muy distintas, encontradas y hasta contradictorias en relación a los temas de la sociedad.

No habría que perder de vista tampoco la oportunidad del anuncio. Si bien es el resultado al que se arriba como consecuencia de un proceso iniciado hace tiempo, la decisión se adopta en un momento sensible para la política de derechos humanos, precisamente cuando el gobierno de la Alianza Cambiemos le quita recursos y respaldo a una política pública que se había instalado como prioritaria entre los argentinos. Un nuevo mensaje de Francisco para el gobierno de Macri.