Elisa Carrió calificó de “inconstitucional” el proyecto oficial para modificar la ley del Ministerio Público Fiscal (MPF) y fisuró la estrategia de Cambiemos para deshacerse de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Desde el Gobierno, dejaron en stand by la iniciativa y la bajaron del temario de la sesión en la que Diputados iba a tratar hoy la reforma: “si no se generan los consensos, no habrá modificación a la ley”, dijo el ministro de Justicia, Germán Garavano, tratando de desdramatizar el retroceso oficial, atento no solo al cimbronazo dentro de la alianza oficialista sino al reclamo generalizado del establishment del Poder Judicial, fiscales, abogados y organizaciones vinculadas a la Justicia. Molestos por este desenlace, desde el Frente Renovador (FR) –principal aliado del oficialismo para impulsar el proyecto– prefirieron adjudicarse el freno a la iniciativa: “Nosotros retiramos el quórum hasta que el oficialismo unifique su voz”, dijeron a Página/12. Voceros parlamentarios del FR detallaron ayer que presentaron un listado de 14 modificaciones al proyecto, aunque antes habían sido desoídas las críticas del Frente para la Victoria (FpV) y el Frente de Izquierda (FIT), y a la que se plegaron distintos estamentos judiciales.

Las negociaciones se habían estancado. El massismo se desmarcó del acuerdo para no cargar con los platos rotos del oficialismo y Garavano fue el encargado de reconocer la marcha atrás del Gobierno. “Son cambios de leyes muy importantes. Mi desafío, desde el Gobierno, es impulsar la reforma del sistema de Justicia a largo plazo, no pensando en las personas, sino en las reformas que reclama la sociedad en la Justicia, y como hay muchos intereses, siempre habrá resistencia”, se justificó el ministro. Garavano también tomó distancia de la propuesta de Carrió de iniciar juicio político a Gils Carbó: “es un mecanismo que no está contemplado en la Constitución Nacional”, sostuvo.

En la Cámara de Diputados, al tiempo que continuaban llegando reclamos de distintos sectores de la Justicia contra el proyecto, también crecía el malhumor de los actores legislativos. En el oficialismo despotricaban contra la actitud de su socia. El massismo buscaba despegarse de la frustración oficialista. Carrió, en tanto, cargaba contra el acuerdo del oficialismo con el massismo a través de la misma vía por la que había anunciado su rechazo: “cuestioné el proyecto desde su ingreso al Parlamento, y lo converse con el Poder Ejecutivo y con el Legislativo” y “los integrantes de Cambiemos tenían conocimiento. Pero optaron por acordar con Massa”, posteó en su cuenta de Twitter.

Mas tarde, la diputada de la Coalición Cívica intentó conciliarse con sus socios. Agregó que presentó un proyecto para iniciar juicio político a Gils Carbó acompañada por diputados del PRO y la UCR.

En el FpV reiteraban las objeciones al proyecto oficial que mantuvieron durante todo el debate en comisiones en la Cámara baja. “El dictamen violó dos principios constitucionales íntimamente relacionados: la división de poderes y la autonomía del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo la diputada kirchnerista Diana Conti. La diputada afirmó que “la sujeción del MPF a otros poderes se da fundamentalmente a través de la injerencia de la comisión bicameral” y que el “Ejecutivo también se inmiscuye en la gestión del MPF” a través del Consejo de Seguridad Interior, cuyos lineamientos deberán ser seguidos por las procuradurías”. Como conclusión, Conti carga contra el oficialismo al afirmar que “saben que las reformas que desean implementar son flagrantemente inconstitucionales y por ende intentan camuflar esto dividiendo los temas y obstaculizando el análisis global”.

Libres del Sur también se despegó del proyecto oficial. “Este proyecto mantiene una justicia a la medida del oficialismo”, dice el texto de la bancada que encabeza Victoria Donda. “El proyecto de modificación del MPF no puede prosperar. No solo porque resulta inconstitucional en tanto afecta la división de poderes y la independencia del Ministerio Público Fiscal, sino porque además, en caso de aprobarse, generaría una fabulosa confusión y masiva acefalía en las principales Procuradurías y Unidades Fiscales Especializadas”, sostienen.

El presidente de la Cámara, el macrista Emilio Monzó, había enviado una propuesta tentativa del orden del día para la sesión de hoy, que ya no incluía la modificación del MPF. Sin embargo, levantó la reunión de Labor Parlamentaria prevista para las 19 de ayer y la pospuso hasta hoy por la mañana, en un intento de evitar que se caiga la sesión, que contempla otros proyectos acordados con el massismo.

Los renovadores daban cuenta de la fricción con el oficialismo y no ocultaban su malestar, después de haber jugado su suerte al acuerdo con Cambiemos. “Nosotros retiramos en quórum”, afirmaron desde el massismo, que desplegó un pliego de 14 modificaciones al proyecto para reflotar el acuerdo con el oficialismo. Muchas de ellas en sintonía con los planteos opositores y de la Justicia: “eliminar la necesidad de elevar al Ejecutivo la opinión del MPF sobre modificaciones legislativas o de gestión”; “incorporar las fiscalías especializadas de AMIA y violencia de género” desaparecidas del proyecto oficial y “eliminar la obligatoriedad de cinco años como fiscal para acceder a alguna de ellas”. Además de quitar la influencia de Seguridad Interior sobre la decisión de los fiscales y establecer el mandato del procurador –hasta ahora vitalicio– a siete años y no cinco como proponía el dictamen de mayoría.

En pocas horas, el proyecto que el Gobierno se aprestaba a festejar pasó a estar suspendido con pronóstico incierto y sin que contemple el objetivo que se había trazado: desplazar a Gils Carbó.