“Es muy fácil para un funcionario cargarles todos los problemas de la sociedad a los inmigrantes, porque no tiene costo político”, reflexionó la politóloga especialista en migración y derechos humanos, Ana Penchaszadeh, investigadora del Conicet y del Instituto Gino Germani de la UBA. En diálogo Página/12, Penchaszadeh señaló que con el nuevo gobierno hubo un retroceso en materia de derechos humanos de los inmigrantes y que discursos como los del senador Miguel Pichetto “se exacerban en momentos de crisis económica” y circulan con mayor fuerza con los gobiernos neoliberales.

–¿Cuál es su análisis sobre los dichos de Pichetto?

–Lo que dijo es la punta del iceberg de un discurso discriminador y criminalizador de las personas migrantes habitual en la política actual. Pichetto es un senador, un funcionario, no hay que minimizar lo que dijo, pero creo hay que focalizarse en los cambios que han tenido lugar en las políticas públicas migratorias. Es mucho más peligroso el cambio de paradigma actual en cuanto a políticas públicas en materia de inmigración que lo que diga un funcionario. Pasamos de una mirada basada en los derechos humanos a convalidar una política anihospitalaria inédita en la Argentina como es la creación de un centro de detención para migrantes. La intención del Gobierno de reformar el decreto reglamentario de la ley de Migraciones a fin de facilitar la expulsión de extranjeros y el cierre del programa de abordaje territorial, que permitía que muchas personas accedan a la regularización documentaria, por ejemplo, son dos regresiones en las que es preciso hoy focalizar la atención.

–¿Volvió el uso del inmigrante como chivo expiatorio?

–Exactamente. Y vuelve a surgir porque para el funcionario, hacer este señalamiento no tiene ningún costo político. Los migrantes son una de las principales minorías de la argentina, son el 4,5 por ciento de la población, pero esa minoría no vota. Dentro del sistema republicano liberal, basado en premios y castigos a través del voto, los funcionarios no sienten responsabilidad frente a ellos. Es más fácils cargar en ellos todos los problemas de la sociedad. Por eso se les achaca, entre otras grandes generalizaciones estigmatizantes, el el problema del narcotráfico, el déficit habitacional, la falta de empleo, que sabemos que son problemas de índole estructural en nuestro país y también en el mundo entero.

–El discurso más común es que “le sacan el trabajo a los argentinos”.

–Que le sacan el trabajo, que viven del Estado, que no pagan los servicios públicos, que molestan en la calle. Son muchas las construcciones discursivas. Hay que hacer un trabajo de deconstrucción de ese discurso: ¿Por qué los senegaleses “molestan en la calle”? Porque no tienen acceso a papeles, porque son extra Mercosur y están obligados a trabajar de manera informal. Eso lo produce el Estado, que es quien debería en cambio facilitar los medios de regularización. En cambio los deja en esa situación informal para después castigarlos y discriminarlos.

–¿Cómo juega el contexto económico para que surjan estos discursos?

–Siempre vuelven en contextos donde se necesitan chivos expiatorios para justificar las crisis económicas y se dan con fuerza en modelos neoliberales, exclusivos. La década del 90 fue una época de especial crudeza y profundización del discurso xenófobo, lo que coincide con la migración latinoamericana que es nuestra migración contemporánea. A ellos se lo señaló como los causantes de los grandes males que nos aquejaron durante esa década. En momentos de crisis económica estos discursos se exacerban y ganan una relevancia mayor.

–¿Cómo recibe el Estado argentino a los migrantes?

–Venimos de una etapa de respeto a los derechos humanos del migrante, de una ley muy buena. Los países receptores de inmigración, y Argentina es uno de ellos, son los que sostienen discursos más xenófobos. Pero nosotros éramos una excepción: somos el principal receptor de inmigración del Mercosur, y logramos sacar una ley basada en los derechos humanos. Pero hubo un retroceso. Por ejemplo, han aumentado los controles de permanencia, hay un ejercicio policial de requisa de los migrantes para ver en qué situación están.

–Pichetto se la agarró especialmente con los bolivianos y los peruanos ¿Cuál es el origen de esa idea?

–En principio, esconde una mirada etnocéntrica, como si lo mejor viniera de Europa. Eso tenemos que superarlo de una vez por todas. Estamos frente a un primitivismo evidente. Decir que el lugar donde naciste determina tu conducta es a esta altura del siglo XXI ridículo. No deberíamos siquiera discutirlo. Contestarle a Pichetto es darle relevancia a un discurso que daña a la democracia argentina, y que se extiende aún más cuando se dice, por ejemplo, que los migrantes no pueden ir a la universidad, como lo hizo (Jorge) Lanata. Eso es estratificar la democracia, decir que hay ciudadanos de primera y de segunda. Eso contradice el principio de igualdad de la democracia.

–¿Cuál cree que es la salida?

–Si no avanzamos en los derechos políticos, no hay forma para parar esto. Los derechos políticos son el antídoto. El migrante padece las políticas del Estado que lo recibe, por lo que debería poder votar. Algunos políticos van a seguir pensando igual, pero se van a cuidar de decir lo que dicen: una minoría migrante como la que tenemos en argentina podría dar vuelta una elección. Representan más del 13 por ciento del padrón electoral de la ciudad, por poner un ejemplo. Si votaban, daban vuelta la elección. En esa condición, ¿Macri podría haber sostenido los discursos xenófobos que dijo, por ejemplo, cuando fue la represión en el Indoamericano? Creo que no.