En los extremos, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, los jueces de la Cámara Nacional Electoral.
Imagen: Télam.

El Senado recibió ayer a los principales actores de la Justicia Electoral en el marco del debate sobre la reforma política que impulsa el Gobierno de Mauricio Macri. Los integrantes de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, expresaron su preocupación por las deficiencias de la infraestructura existente para la implementación de la Boleta Única Electrónica y advirtieron sobre la necesidad de garantizar las herramientas para el control del sistema que proponga el Poder Ejecutivo. Además, reclamaron que la ley se apruebe antes de fin de año porque sino no será posible su aplicación. Por otro lado, la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría reclamó que la BUE se instrumente de manera “gradual” y señaló una serie de problemas operativos de la iniciativa. En la misma línea se expresó el fiscal ante la CNE, Jorge Di Lello, quien además advirtió que en caso de controversias los jueces electorales deberán juzgarse a sí mismos ya que serán los encargados ejecutar y auditar el sistema.

En la segunda jornada de audiencias, el plenario de comisiones del Senado encabezado por Asuntos Constitucionales escuchó las opiniones de los principales referentes de la justicia con competencia electoral. Servini de Cubría pidió ella misma asistir a la reunión para señalar varios inconvenientes que veía producto de sus más de 25 años de experiencia en la realización de elecciones. Dalla Vía y Corcuera evitaron definiciones sobre aspectos políticos o anticipar juicios de valor que pudieran derivar en un eventual prejuzgamiento. Sin embargo, ambos dejaron entrever varias cuestiones: “No tenemos ningún prejuicio a favor ni en contra (de la incorporación de tecnología) pero tenemos que controlar. No estamos de acuerdo con la privatización del sistema electoral. Estamos hablando de soberanía popular. Tenemos que tener amplia capacidad de control”, afirmó Dalla Vía ante la pregunta de una de las senadoras. Los magistrados recordaron que ya en 2005 habían expresado la necesidad de cambiar el sistema de boleta actual debido a la complejidad de la oferta electoral y los grandes costos, entre otros. Pero si bien no se pronunciaron en contra de la propuesta del Ejecutivo, Dalla Vía apuntó contra uno de los principales argumentos que exponen quiene están a favor: “Nosotros tenemos bien claro qué es lo más importante y qué es lo menos importante. La celeridad no figura en la Constitución, figura la justicia, la igualdad, la seguridad y la certeza”, detalló el presidente de la CNE.

Corcuera fue el más enfático en reclamar al Congreso que no se demore, sobretodo en función de la situación deficiente de los “locales de votación”. “Estamos encontrando problemas respecto a la ubicación de los dispositivos, alimentación eléctrica y sobretodo la conectividad”, dijo el magistrado luego de revelar que ya empezaron un relevamiento al respecto. Servini también compartió los cuestionamientos por la situación de las escuelas. Como responsable del juzgado electoral bonaerense, señaló que muchas de ellas no tienen luz o se inundan. La jueza, de todas maneras, se expresó a favor de la boleta electrónica pero pidió que se gradual, tanto para adecuar los lugares de votación así como para “educar a la población”.

“No estoy en contra del voto electrónico. Sobre todo de este sistema porque a mi me imprime una boleta y me lo deja en una urna. Para la Justicia si tenemos una urna donde podemos contar los votos estamos asegurados”, consideró Servini. La jueza pidió que primero se aplique “en los lugares más civilizados”.

Di Lello también tomó el guante de los dichos de la jueza y pidió “fortalecer las fiscalías electorales” ya que muchas de ella tienen muy pocos empleados para las nuevas tareas que deberían enfrentar. “Hay que armonizar todo el sistema de delitos y faltas con el Código Penal”, agregó el fiscal ante la Cámara y luego planteó un interrogante que no encontró respuesta entre los legisladores: “Piensen qué vamos a hacer cuando los escrutinios sean cuestionados judicialmente. ¿Quién resuelve? No podemos nosotros ser jueces de nosotros mismos. ¿Qué van a decir los ciudadanos si los que resolvemos sobre nuestra propia gestión somos nosotros mismos?” Para Di Lello se podría crear un fuero específico o bien un órgano de aplicación “extrapoder”. La idea de un órgano independiente ya había sido expresada durante el debate legislativo pero finalmente no se incorporó en el proyecto del oficialismo.