“No hubo ni discrecionalidad ni arbitrariedad” en el manejo de la obra pública, dijo José López como síntesis del argumento que usó en su defensa. El detenido ex secretario de Obras Públicas de la gestión kirchnerista declaró durante casi tres horas en el marco de la causa en la que se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez, en la que también está imputada la ex presidenta Cristina Kirchner. López destacó que el hecho de que la denuncia por la cual se encuentra imputado esté centrada en Santa Cruz es una prueba de que se trata de una investigación “sesgada” que “tiene clara intencionalidad política y jurídica”.

El ex funcionario afirmó que las empresas de Báez no fueron las que más obras públicas realizaron, y pidió que sean citados como testigos distintos empresarios y funcionarios del actual gobierno. En el punto más polémico de su exposición, sostuvo que estaba dispuesto a carearse con los responsables de todas las empresas a las que le fueron adjudicadas obras públicas y reclamó que se les pregunte si alguna vez se les solicitó un “retorno”.

López ingresó al juzgado del juez federal Julián Ercolini pasadas las 10 de la mañana, allí se encontró con sus abogados Fernando Sánchez y Diego García, escuchó la imputación en su contra, manifestó que estaba “a disposición de la justicia” y expuso su versión de los hechos sin responder preguntas. En la primera parte de su declaración, el ex secretario de Estado remarcó que la cartera que encabezaba fue la que tuvo a cargo el Plan Nacional de Obras Públicas “aplicado en todo el país desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2015” aprobado “por el Congreso Nacional”. Sin embargo, remarcó que tras el desarrollo del plan, su secretaría no era la encargada de aprobar los presupuestos, ni de realizar las licitación, ni de auditar. Destacó, por ejemplo, el papel de la Sindicatura General de la Nación y la Auditoria General de la Nación. “Si se consideran en números las obras, el 95 por ciento de las que se ejecutaron se desarrollaron en forma descentralizada, lo que permitió construir más de 40 obras en todo el país”, afirmó el ex funcionario, y de esta manera buscó marcar los límites de la responsabilidad del Estado Nacional.

“El Plan Nacional de Obras Públicas estuvo enmarcado en el Plan Estratégico Territorial. denominado PET, desarrollado por el Ministerio de Planificación Federal en el que participaron Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, continuó. López sostuvo que el PET partía de los modelos de plan de infraestructura que tenía cada provincia, que a partir de allí se comenzaba a planificar con la Nación y que tenía objetivos y metas fijadas hasta el 2016. “El PET fue elogiado por el actual ministro del Interior y Obra Pública, Rogelio Frigerio, en la primera reunión del Ciomp, que es el Consejo Interprovincial de Ministerios de Obra Pública”, sostuvo López según consta en la declaración.

El ex funcionario también destacó el plan de obras públicas que aplicó el kirchnerismo en 2008 que le permitió a la Argentina realizar una “acción contracíclica” y disminuir los efectos negativos que provocó sobre la economía mundial “la caída de un importante banco de los Estados Unidos”. En ese punto se refirió a la aplicación de la política del “precio tope”, que fue el valor máximo que estaba dispuesto a pagar el Estado por cada obra pública que se iban a licitar, por lo que las empresas debían presentar planes por debajo de ese valor y aseguró que fue elaborado por expertos sin objeciones de las contratistas.

“Con respecto a las obras que fueron abonadas en la provincia de Santa Cruz por un total de 64 millones de pesos en tres años, representa una cifra mínima si se compara con lo invertido en el resto del país con lo recaudad por la ley 26.028 del año 2005 en ese período de tiempo o en los siete años que duró la vigencia del decreto, lo cual demuestra que no hubo ni discrecionalidad ni arbitrariedad”, afirmó.

En la misma línea, agregó: “En ninguna licitación denunciada en esta causa en la provincia de Santa Cruz, como así también en ningún lugar del país, no le consta a la Secretaría de Obras Públicas impugnación alguna por parte de ninguna de las empresas constructoras por obras licitadas por la Dirección de Vialidad Nacional”.

Tras esa parte de la declaración pidió que sean citados a explicar sus dichos el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el titular de la DNV, Javier Iguacel, quienes dijeron que “se robó haciendo obra pública” y que hubo una “cartelización” de materia, respectivamente. En el final de su descargo, López presentó el ranking de obra pública encabezado, en orden, por Techint, de Paolo Roca; Electroingeniería, de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra; y por Iecsa, de Ángel Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

López está detenido por orden de otro juez, Daniel Rafecas, y procesado por enriquecimiento ilícito tras ser sorprendido cuando intentaba esconder bolsos con nueve millones de dólares en un monasterio en General Rodríguez.