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La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, presentó ayer un pedido para declarar la nulidad de los decretos de indultos por primera vez desde que el Congreso sancionó la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Lo hizo al presentarse como querellante en una causa que involucra al represor Carlos Guillermo Suárez Mason.
A través de su abogado, Ramón Torres Molina, Carlotto realizó una presentación en el Juzgado Criminal y Correccional Número 3 a cargo de Rodolfo Canicoba Corral. En el escrito, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo solicitó ser aceptada como querellante en la causa que investiga las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército. En este expediente, Canicoba Corral pidió ayer documentación a Estados Unidos.
La hija de Carlotto, Laura, dio a luz cuando se encontraba ilegalmente detenida y fue asesinada por militares que pertenecían al área 114, simulando un falso enfrentamiento. Suárez Mason, que se encuentra detenido por su responsabilidad en el robo de bebés, fue jefe del Primer Cuerpo del Ejército. Más tarde escapó a Estados Unidos, desde donde fue extraditado y luego condenado por la Cámara Federal por su responsabilidad en 39 homicidios. Si prospera la presentación, sentaría un precedente importante para el resto de los ex militares que se beneficiaron de los decretos de impunidad.
El escrito elaborado por Torres Molina cita el artículo 29 de la Constitución y jurisprudencia de la Corte Suprema para reclamar la anulación de los decretos de los indultos. Argumenta que los militares de la última dictadura ejercieron la suma del poder público y que, en consecuencia, los actos que derivan de ese ejercicio no son susceptibles ni de amnistías ni de indultos, por lo que los decretos deberían anularse. “Se trata de una nulidad insanable, susceptible de ser declarada en cualquier momento”, asegura el abogado de Carlotto.
Por otro lado, sostiene que “el Estado está obligado a cumplir con los compromisos internacionales que ha contraído y que citan distintos pronunciamientos de los organismos internacionales protectores de los derechos humanos, cuya competencia ha sido reconocida por el Estado. Esas resoluciones habilitan un recurso de revisión no legislado expresamente que habilita la nulidad de los decretos”.