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El sábado Roberto Lavagna mantuvo una comunicación telefónica clave con el Tesoro norteamericano, y obtuvo el compromiso de que hoy se reunirán los directores del Grupo de los Siete (países industriales) para debatir el caso argentino. El ministro confía en que de esa reunión surja una señal de la gerencia del Fondo Monetario (Anne Krueger) que garantice la aprobación de la segunda revisión del programa. Néstor Kirchner, como gesto, firmaría el decreto que designa a tres bancos extranjeros para asesorar en la negociación de la deuda, aceptando la jurisdicción extranjera para la emisión de los nuevos títulos. En todas las gestiones del fin de semana, Lavagna repitió una y otra vez que, de no existir aquel aval, el Presidente sostendría su determinación de no pagar el martes próximo el vencimiento de 3100 millones de dólares, una decisión que él compartía. El ministro rechazó, además, la condición de postergar la oferta a los acreedores hasta septiembre, cuando se deben rediscutir las metas fiscales para el 2005 y 2006, porque considera que ésa es la estrategia del FMI para obligarlo a pagar más a los bonistas.
Las apuestas, dentro y fuera del equipo económico, son, por abrumadora mayoría, favorables al escenario del acuerdo. “Sería irracional dejar caer a la Argentina en este momento.” Eso piensa, incluso, un consultor que detesta la retórica kirchnerista y suele discar varias veces a la semana los teléfonos de la sede del Fondo, en la calle 19.
“La pelota la tienen ellos (por la gerencia del Fondo). Tienen que girar una nota recomendando al Directorio la aprobación de las metas y hacerla pública. Lavagna está muy tranquilo”, dijo a este diario un funcionario de Economía.
El sábado, el ministro se comunicó con los máximos jerarcas del Tesoro norteamericano, en busca de la “señal política” que reclama de Washington desde hace días. De esas conversaciones surgió la reunión prevista para hoy de los representantes del G-7 en el Fondo, en la que se evaluará la situación argentina.
El mismo sábado, Lavagna envió a Anne Krueger una respuesta a la nota que le había girado el viernes la flamante número uno del organismo. En su borrador de “recomendación” al Board del Fondo, Krueger había impuesto cuatro condiciones a la administración Kirchner. Uno: el reconocimiento al Comité Global de Bonistas Argentinos –el más agresivo frente a la propuesta argentina– como principal interlocutor. Dos: el establecimiento de un porcentaje de aceptación (superior al 70 por ciento) para dar por concluida la negociación. Tres: la postergación de la oferta formal a los acreedores hasta septiembre. Cuatro: el decreto que designa a los tres bancos (Unión de Bancos Suizos, Barclays y Merrill Lynch) que asesorarán en todo el proceso de renegociación.
Lavagna sólo aceptó la última condición, un trámite que había quedado varado en la Procuración del Tesoro, que cuestionaba la jurisdicción internacional (Nueva York) de los bonos que se emitirán para el canje. “¿Qué pretenden? Que los acreedores se allanen a litigar en los tribunales de Morón”, se quejó un funcionario de Economía cuando se enteró de la demora burocrática.
Sobre el punto 1, el Gobierno está dispuesto a reconocer al Comité Global como un grupo más de discusión; mientras que en el punto 2 Lavagna prefiere guiarse por un criterio de general que hable de un consenso importante.
Eramos tan pobres
Sin embargo, lo que más preocupa al ministro es el punto 3. “El tema no es sólo que nos den el acuerdo, sino en qué términos nos lo dan”, le escuchó decir un colaborador. Lavagna está convencido de que detrás de la sugerencia de Krueger de postergar hasta septiembre la propuesta a los acreedores hay una estrategia bien definida: arrancarle el compromiso de mayores pagos a los acreedores. Para esa fecha deberá discutirse con los técnicos del Fondo las metas fiscales para los años 2005 y 2006. Para entonces quedaría en evidencia también que la economía crece más de lo previsto y que, por lo tanto, el superávit fiscal supera holgadamente al pautado en la carta de intención original, firmada en septiembre pasado. De hecho, en el primer bimestre del año el superávit fiscal fue 130 por ciento mayor a la meta fijada por el Fondo.
Incluyendo en una misma fórmula las nuevas metas de superávit y la propuesta a los bonistas, Krueger tendría un argumento inapelable: la capacidad de pago de Argentina es mayor a la que se creía (cuando el gobierno presentó la quita del 75 por ciento en Dubai), y en consecuencia ahora debe oblar más.
Desde esa perspectiva, para el país es beneficioso sellar la negociación con los acreedores cuanto antes. En los planes oficiales, la fecha es junio o julio, a más tardar.
Una vez concluida esa etapa, en Economía creen que, igualmente, habrá que ceder a las exigencias del Fondo, de elevar las metas de superávit para los dos años subsiguientes. El punto 8 de la Carta de Intención deja entrever este compromiso. No menciona números. Pero dice que “se va a respetar la tendencia de los últimos tiempos”, que es creciente. En el equipo económico hablan de llevar el superávit fiscal del actual 3 por ciento del PBI al 3,5 por ciento, pero saben que el Fondo vendrá por más.
Sea como fuere, en ese escenario se abriría otra discusión: qué hacer con el mayor superávit. El Fondo no aceptaría que esos recursos excedentes se destinarán para obra pública o gastos sociales, a los que considera por igual erogaciones corrientes. Pero el Gobierno podría utilizarlo para reducir una deuda ya renegociada con una poda del 75 por ciento.