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Sólo un llamado de Anne Krueger avisando que las metas del acuerdo están aprobadas evitaría que mañana Argentina entre en default con los organismos de crédito internacionales. Y si parece complicado que la dama de hierro del FMI muestre de repente ese gesto de humanidad hacia nuestro país, en el Gobierno avisan que será igual o más difícil que el presidente Néstor Kirchner cambie su postura de no pagar los 3100 millones de dólares a menos que le den certezas sobre la aprobación de las metas. Así comenzaría a funcionar el “Plan B” –o “K”– en el que Kirchner buscará potenciar la “causa nacional” de la deuda, prometiendo destinar los fondos que debían engrosar las arcas de Krueger a apuntalar el crecimiento y potenciar la inversión pública.
Si el correr de las horas va convirtiendo la discusión del capítulo argentino en el directorio del Fondo en una guerra de nervios, en la Rosada se encargaron de aclarar que el Presidente por estas horas “está muy tranquilo”. En el discurso que difundían los voceros del Gobierno se justificaba la serenidad presidencial en que, en verdad, Kirchner no tiene nada que decidir.
Que la cuestión se zanjó en su momento, cuando el Presidente se enojó por la demora en la primera revisión del acuerdo, a fines del año pasado, y avisó que no pagaría si se producía otra demora en la segunda revisión. El enojo de Kirchner es que el Fondo no se limita a verificar si se cumple con lo que se pactó el año pasado –las metas monetarias están cumplidas por demás– sino que agregaron toda una serie de exigencias relativas a la negociación con los acreedores privados que consideran inaceptables.
“Antes nos criticaban porque no cumplíamos con lo que nos comprometíamos. Ahora que cumplimos, los que no cumplen son ellos, poniendo nuevas exigencias”, respondían en Gobierno. El Presidente pasó el día en Olivos siguiendo de cerca las negociaciones de último momento todavía abiertas con el Fondo. El único gesto conciliatorio que estaría dispuesto a hacer Kirchner sería la firma del decreto designando los bancos que representarán al país en la negociación con los acreedores privados. Aunque ese decreto, al menos hasta anoche, no saldría con las condiciones que ahora pide el FMI, con una cláusula especial que les garantice a esos bancos que seguirán hasta el fin de las negociaciones.
Cerca del Presidente dan por descontado que, más allá de las voces agoreras de la city, el nuevo default –esta vez ante los desprestigiados organismos financieros– contará con un amplio respaldo popular. Más porque el Gobierno piensa dotarlo de un discurso bien “racional”, como les gusta decir en respuesta irónica a quienes dicen que la postura de Kirchner con respecto a la deuda es irracional. La racionalidad se basará en recalcar que los bonos que no están en default serán abonados con puntillosidad, mientras que los millones que sobren gracias a que no van al Fondo se destinarán a favorecer el crecimiento de la economía. Por ejemplo, con un plan de inversiones públicas.
Basándose en el criterio de bolsillo único que le impuso el ministro de Economía Roberto Lavagna a la negociación por la deuda, también circulaba la hipótesis de que ahora que no se les pagaría a los organismos, quedaría abierta la alternativa de mejorar la oferta a los acreedores privados. Pero era una hipótesis que supuestamente se echaría a rodar para meterle presión al FMI y que anoche ningún vocero se animaba a suscribir.
Desde el arco político hubo reacciones diversas. La líder del ARI, Elisa Carrió, no terminó de definirse: dijo que estaba bien la oferta de quita del 75 por ciento pero que “en la negociación se puede seguir el camino de la arrogancia, de la soberbia o el camino de una diplomacia sutil”. El líder de Recrear, Ricardo López Murphy, insistió en que se debe negociar y “actuar en los parámetros de la normalidad”.