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El viernes pasado Graciela Ocaña firmó la resolución 140. En ella se da por concluida la existencia de las gerenciadoras que tenían bajo su control los tres niveles de atención que presta el PAMI a sus afiliados. “El modelo de saqueo que funcionó en el PAMI ha terminado”, aseguró a este diario la directora ejecutiva del instituto.
En realidad, el modelo puede que esté concluyendo, sin embargo es poco probable que las gerenciadoras se queden quietas. De hecho, en el edificio de Perú y Diagonal Roca ya se comenta que “tanto Luis Barrionuevo como su socio (Enrique) Coti Nosiglia han comenzado a presionar para evitar que continúen los cambios en el PAMI”. Ocaña prefiere, por ahora, no hablar del tema.
Según el nuevo modelo que anuncia la resolución 140, a partir de ahora el rol de las gerenciadoras es recuperado por el PAMI, que controlará así a los médicos de cabecera que conforman el primer nivel de atención de la institución. En principio, esta medida busca reforzar el control sobre esta prestación, digitada hasta este momento por las gerenciadoras que, según los informes de auditoría que tiene Ocaña en su escritorio, no sólo pagaban de menos la cápita que les correspondía –sólo 0,50 de peso de los 2,50 estipulados–, sino que incluso controlaban el tipo de patologías que debían atender en detrimento de otras y que obligaban al beneficiado a recurrir al hospital público o, lo que es peor, llegar a la clínica por emergencias. El modelo Ocaña prevé incluso la reducción de la cantidad de médicos de cabecera que hoy prestan servicio a las gerenciadoras. De los 13.000 que hoy existen quedarán 6500.
Los médicos de cabecera no sólo atenderán las patologías más comunes, sino que a partir de ahora se incorporarán cardiología y traumatología.
Esta nueva modalidad implicará también el control de las clínicas y sanatorios, porque ante la desaparición de las gerenciadoras tendrán que responder directamente a la gerencia de auditoría del PAMI. Incluso, sostienen en el instituto, se realizará un control cruzado, ya que los médicos de cabecera deberán informar sobre los estudios y derivaciones que realizaron a las clínicas, que deberán justificar las causas por las que no tienen camas para recibir a los beneficiarios.
En cuanto a la selección de las prestadoras, el nuevo modelo prevé una evaluación en base a criterios de calidad que ha elaborado el PAMI y donde se tomará en cuenta la calidad del servicio que se presta, que influirá a la hora de la contratación. Para el pago de estos servicios se implementará un fideicomiso para garantizar el pago directo a los prestadores que hasta ahora era manejado por las gerenciadoras.
La desaparición de esta suerte de intermediarios tiene su correlato hacia el interior del PAMI, ya que plantea también un programa de transparencia de la gestión que incluirá la obligación de todos los funcionarios de publicar en la página web de la institución el registro de solicitud de audiencias. Con esto se intentará limitar la presencia de lobbies en el edificio de PAMI central, aunque no evitará que esas reuniones se realicen en otros ámbitos.
Ocaña también busca dar por terminado con el pago discrecional a los prestadores. Para ello estableció un programa financiero de corto plazo con el que a través de un cronograma mensual de ingreso de facturación se determinará el orden cronológico de los pagos.
Todas estas medidas ya generaron revuelo. De hecho, los colaboradores de Ocaña dan cuenta ya de los movimientos que están realizando Barrionuevo y Nosiglia –algo así como los principales enemigos de la funcionaria–, que se tradujeron en conversaciones y planteos que se realizaron a nivel de legisladores nacionales como escala previa a la Rosada.