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“Yo escuché su discurso cuando asumió. Usted dijo que cruzar esta puerta no lo iba a hacer abandonar sus principios... Nosotros cruzamos la puerta de la ESMA y no abandonamos los nuestros. Le pedimos que nos ayude”, le dijo Carlos Lordkipanidse con un nudo en la garganta al presidente Néstor Kirchner durante una reunión en la que participaron siete organismos de derechos humanos. Allí, según señalaron, Kirchner aseguró que la totalidad del predio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) será destinado a recordar los crímenes de la última dictadura militar.
La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el Comité de Acción Jurídico de CTA, la Correpi, la APDH de La Plata y Liberpueblo entregaron ayer al Presidente un documento con su propuesta sobre la construcción de un espacio para la memoria en la ESMA.
Estos organismos –que no habían participado de una reunión anterior del Presidente con otras agrupaciones– solicitaron que los marinos sean desalojados de las 17 hectáreas que constituyen el terreno de la ESMA en el que funcionó el centro clandestino de detención, que el lugar sea preservado como prueba en los juicios contra los militares y que se realice un debate nacional para definir qué uso concreto tendrá el predio. Kirchner garantizó que todo el lugar será destinado al museo o espacio para la memoria. Algunos de los asistentes le recordaron que el ministro de Defensa, José Pampuro, dijo que allí permanecerían escuelas de la Armada. “Puede ser que lo haya dicho, pero no es la idea de este presidente”, fue la respuesta de Kirchner, según relataron los presentes. “El Presidente tiene decidido que no habrá limitaciones de espacio, pero no hizo ningún anuncio. Lo que se haga, surgirá de un debate”, informó luego el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
Los representantes de los organismos de derechos humanos también hablaron con el Presidente, el secretario general Oscar Parrilli y Duhalde, sobre los juicios contra los represores de la última dictadura. En especial, hicieron alusión a que los militares que fueron arrestados después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida están detenidos en establecimientos de las Fuerzas Armadas y cuentan con beneficios que no tienen los presos comunes. Además, puntualizaron que Alfredo Astiz está en la misma situación pese a que fue echado de la Marina. Los miembros de las siete agrupaciones señalaron que el sitio de detención de los militares depende de una decisión del Poder Ejecutivo, al menos para quienes no superan los setenta años. Kirchner se mostró sorprendido ante ese planteo y prometió interiorizarse sobre el tema.