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Aunque el gobierno nacional se resiste a intervenir Santiago del Estero, sigue sumando denuncias contra el juarismo. Ayer, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación inició acciones legales contra la gobernadora Mercedes “Nina” Aragonés y varios funcionarios de su gabinete por presunto abuso de autoridad en torno a la “Gestapo santiagueña”: los informes ilegales que se recopilaban en una oficina policial conocida como D-2. La denuncia fue presentada a nombre del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, ante el juez federal Angel Toledo.
En el escrito se pide que “se investigue si la gobernadora, Mercedes Aragonés de Juárez; su jefe de Gabinete, Carlos Pena; su ministro de Gobierno, José Federico Trejo; el mayor Jorge D’Amico y el comisario Musa Azar incurrieron en delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en relación a las tareas de inteligencia que llevaba adelante el grupo D-2 de la policía provincial”.
El nuevo pedido de investigación surgió luego de que en sucesivos allanamientos realizados en la sede del Departamento de Informaciones de la Policía santiagueña se hallaron aproximadamente cuarenta mil archivos de personas de la provincia con datos públicos y privados.
La documentación encontrada comprueba que la policía santiagueña espiaba a organizaciones sociales, periodistas, funcionarios, religiosos, políticos y jueces. Entre otros legajos figuran el del fallecido obispo Gerardo Sueldo, el del titular de la oficina Anti-Impunidad, Luis Santucho; de la jueza que investiga el doble crimen de La Dársena, María del Carmen Bravo, y del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase). El D-2 había sido allanado el 5 marzo último por un hábeas data presentado por el abogado Hugo Frola y Carlos Surita y Julio Arias, de la Asamblea de Familiares de Desaparecidos. En los expedientes ilegales figuran actividades sociales, culturales, deportivas y hasta charlas de café de los investigados.
En la nueva acción judicial, Duhalde también reclama “que se establezca desde qué fecha se llevaron adelante las operaciones ilegales, a efectos de determinar la posible responsabilidad de otros funcionarios” y destaca que “los archivos consisten en veinte ficheros metálicos, más de 40 mil carpetas y dos computadoras, que reunirían información recabada durante más de 20 años de datos personales, trabajo, ideología política, recortes y desgrabaciones que hayan realizado las personas investigadas”.