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”El sistema financiero de nuestro país se encamina rápidamente a una situación de colapso.” Esa y otras advertencias en el mismo tono son el eje de una presentación con que el Ministerio de Economía le pidió ayer a la Corte Suprema que suspenda con urgencia, utilizando el mecanismo de “per saltum”, las medidas cautelares a favor de ahorristas. En el Gobierno están desesperados porque la salida diaria de depósitos, producto de los amparos, llegó a ser de 60 millones y resulta un combustible constante en la carrera ascendente del dólar. El escrito asegura que, hoy por hoy, “la mayoría de los bancos no podría devolver el dinero que tomaron en depósito o préstamo”. También les solicita a los ministros del alto tribunal una definición de aplicación general sobre la constitucionalidad del corralito.
El pedido de la cartera que conduce Jorge Remes Lenicov sigue la línea del que hicieron el lunes pasado, también ante los supremos, la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abapra) y la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA). De hecho, aquel mismo día, los bancos le pidieron al presidente Eduardo Duhalde que solicitara por favor a la Corte que cierre el corralito de una vez. Remes, que ya venía intentando abrir canales de diálogo con el tribunal, buscó maximizar los contactos en los últimos días. Sin perder el estilo protocolar –explican sus allegados– intenta convencer a los magistrados de que busquen alguna fórmula que frene el retiro de fondos de los bancos.
Los argumentos del ministro aparecen detallados en la presentación de ayer. “Las negativas consecuencias que hoy se observan para la evolución financiera del país, pueden agravarse seriamente si el Excelentísimo Tribunal no toma en forma urgente la intervención que le compete”, dice el texto. En ese sentido incita a la Corte a ejercer “facultades excepcionalísimas” para evitar “el ‘crac’ del sistema financiero”. Entre los argumentos que esgrimen, los abogados de Economía sostiene que hoy “la situación de emergencia” es “mucho más grave” que cuando se aplicó el Plan Bonex en 1990 –que dispuso el canje compulsivo de plazos fijos por bonos–, cuyo decreto de creación el tribunal avaló.
“La situación actual presenta una proporción muy baja de liquidez respecto al volumen de los depósitos a la vista, lo que significa que no existen condiciones adecuadas para devolver todos los depósitos exigibles, ni siquiera una proporción importante de ellos”, sentencia el documento del Palacio de Hacienda. Agrega, además, detalles para mostrar cómo se fueron flexibilizando las restricciones bancarias. Entre sus conclusiones, dice que “se está produciendo una grave afectación del derecho de igualdad” y a coro con la presentación que ya hicieron los bancos señala que “lo que está en juego no es ya el interés o derecho de un sólo individuo, sino que se debaten intereses o valores que afectan a la comunidad”.
Por si la Corte no le da el apoyo reclamado, el Gobierno sigue analizando la idea de sacar un decreto de necesidad y urgencia que postergaría la aplicación de fallos contra el corralito hasta que haya sentencia definitiva. Aunque en Economía lo que imploran es “una resolución final sobre el tema del corralito”, cuentan también con una posibilidad a mitad de camino: la Corte podría dictar alguna medida que detenga al menos por un tiempo los fallos que permiten sacar el dinero de los bancos.
En el Ministerio de Justicia, algunos encumbrados funcionarios cu-estionaron con dureza la iniciativa de sus pares de Economía. “Es salir de la sartén y caer en el fuego –dijo un hombre cercano al ministro Jorge Vanossi–, no da más seguridad jurídica. ¿Y si la Corte resuelve como en el caso Smith, y declara la inconstitucionalidad general del corralito?”.