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Un día después de dedicarle un párrafo especial en su discurso sobre seguridad, el presidente Néstor Kirchner ordenó el retiro del comisario Jorge Palacios. Hasta ahora Palacios estaba en disponibilidad, con lo cual técnicamente seguía en la Policía Federal. Desde ayer es un retirado como el ex jefe Roberto Giacomino.
Igual que la semana pasada, cuando desde Río Gallegos ordenó el desplazamiento de Palacios tras examinar los contactos con el reducidor de autos Jorge Sagorsky, Kirchner repitió ayer el mismo procedimiento. Dio instrucciones al ministro de Justicia, Gustavo Beliz, de que a su vez ordenara al jefe de la Federal, Eduardo Héctor Prados, el retiro de Palacios.
Anoche el Ministerio de Justicia confirmó a Página/12 que Prados cumplió la orden del ministro.
–¿No era lo mismo dejarlo en disponibilidad? –preguntó este diario a un funcionario del Gobierno que pidió reserva de su identidad.
–No, porque en disponibilidad quiere decir que no dejó el servicio activo, y entonces puede seguir haciendo lobby adentro y afuera de la fuerza –respondió.
–¿Y el retiro es obligatorio reglamentariamente?
–Explíqueme, mejor, si es reglamentario mantener una relación tan vieja con Sagorsky, el del caso Blumberg.
Tal como fue difundido en un programa de radio del periodista Martín Pitón y aquí, Palacios fue grabado por orden de la Justicia en una conversación telefónica con Sagorsky, uno de los detenidos por el secuestro y asesinato del hijo de Juan Carlos Blumberg. También había una grabación de Palacios con un oficial retirado de la Policía Federal, Carlos Gallone, y una del mismo Gallone con Sagorsky.
Gallone, conocido como “El Duque”, figura en la lista de represores de los organismos de derechos humanos como miembro de la patota que operaba en la Superintendencia de Seguridad Federal-Dirección de Inteligencia. La Superintendencia funcionó a pleno en 1977 y 1978 como centro de torturas y uno de los sitios de privación ilegítima de la libertad a disposición del Cuerpo de Ejército Uno, en ese momento a cargo de Carlos Guillermo Suárez Mason.
Uno de los secuestrados fue el actual dirigente gremial de los Judiciales Julio Piumato.
Gallone está en libertad solo por aplicación del Punto Final.
En su discurso sobre seguridad en el lanzamiento del paquete completo, el último lunes, Kirchner dijo que “bajo ningún aspecto un integrante de las fuerzas de seguridad o policiales puede generar o puede ser parte de lobbies que tiendan a su permanencia, cuando han tenido actitudes que han estado fuera de la legalidad y fuera del marco en el cual se tenían que mover”.
Desde su pase a disponibilidad, Palacios había intentado influir en su favor sobre el Ejecutivo, dijeron a Página/12 funcionarios del Gobierno.
El argumento era su presunta eficacia en la investigación de la causa AMIA, de la cual están por cumplirse 10 años el 18 de julio.
Los investigadores españoles demoraron exactamente 16 días en esclarecer el atentado de la estación de Atocha del 11 de marzo. En esos 16 días supieron qué bombas habían sido colocadas, el tipo de dinamita, el horario, dónde se habían comprado los celulares utilizados para provocar las explosiones, cómo se accionaron a distancia, quiénes eran los suicidas y quiénes sobrevivieron al grupo.
Palacios había estado a cargo de la Unidad Antiterrorista en los últimos años.
Cuando su amigo Giacomino fue cesado en la jefatura de la Policía Federal, pasó a manejar también la estratégica Superintendencia de Investigaciones.
Palacios recaló allí a pesar de que en el juicio entablado por la matanza del 20 de diciembre del 2001 en Plaza de Mayo figuró comoimputado. Ya era un comisario de alto rango y sin embargo declaró a la jueza María Romilda Servini de Cubría que fue a la Plaza de Mayo por iniciativa propia, como si no hubiera sido un oficial en actividad e ignorase los acontecimientos.