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“Integral” es un adjetivo que hoy por hoy Gustavo Beliz repite en todo momento. Integral debe ser la respuesta que el Estado debe darle al problema de la inseguridad e integral, entonces, es la solución que propone el plan que Beliz presentó el lunes en la Casa Rosada, volviendo a un rol activo que hacía rato no se le veía. Luego de una visita al Congreso y de una seguidilla de entrevistas, el ministro de Seguridad y Justicia –un joven veterano de la política– da sus respuestas a velocidad ultrasónica y sin titubeos. En la oficina de reuniones del ministerio, Beliz no titubea cuando asegura que el plan no tiene casi que ver con la marcha por el asesinato de Axel Blumberg, ni cuando sostiene que la salida del jefe de Investigaciones de la Policía Federal, Jorge “Fino” Palacios, estaba resuelta desde hacía tiempo, ni vacila cuando sostiene que el plan implica un cambio cultural que está convencido de que se va a dar. “Si no se derrota la impunidad política, no hay manera de derrotar la inseguridad”, afirma.
–¿Desde cuándo se estaba trabajando en el plan de seguridad?
–Varios meses. Había partes que se venían trabajando desde el año pasado y, en general, se empezó a acelerar a partir de enero de este año.
–¿Siempre lo imaginaron como un plan completo o iban a presentar cada medida por separado?
–La idea era presentarlo integralmente, porque partimos de la base de que el problema es integral. Tiene diferentes capítulos, pero no son capítulos que puedan funcionar aisladamente, sino que están muy interrelacionados. Planteábamos presentarlo de una manera estratégica y completa para poder transmitir a la sociedad, primero, que no hay soluciones mágicas ni medidas mesiánicas que puedan solucionar este problema de un día para el otro. Segundo, integrar una política que concentre el esfuerzo de diferentes sectores y actores.
–Usted dijo que el Presidente, el jefe de Gabinete y la senadora Kirchner participaron del proyecto. ¿Qué se cambió del original?
–Hubo aportes importantes. Con Alberto Fernández trabajamos desde el principio. Con el Presidente nos reunimos ahora, pero también lo habíamos hecho antes, a principios de año. Veníamos trabajando en reserva porque no queríamos generar una falsa expectativa.
–Al decir que lo aceleraron a partir de enero, ¿usted separa totalmente el plan de la marcha que hizo Juan Carlos Blumberg?
–De hecho, veníamos trabajando con mucha anterioridad. Obviamente, la situación tan conmovedora de la marcha pudo haber hecho advertir que había que esperar unos días para la presentación del plan integral para que no pudiera creerse que era una respuesta improvisada.
–Sin embargo, en el plan hay dos o tres puntos que parecen tomados del petitorio de Blumberg, como lo del trabajo en las cárceles.
–Sí, es cierto. Pero en ese tema también veníamos trabajando hace rato. El Servicio Penitenciario Federal tiene algo que se llama el Encop, el Ente Cooperador Penitenciario. En diciembre, por un problema en los canales de comercialización de la producción carcelaria, tuvimos que donar 11 toneladas de dulces. Eso me hizo advertir la necesidad de optimizar las cadenas de comercialización y mejor aprovechamiento de lo que se produce en los establecimientos penitenciarios. Pero hay otras medidas que llevan mucho tiempo de análisis. Respecto del juicio por jurados, en diciembre íbamos a hacer un jurado con la senadora Kirchner y que se suspendió por falta de fechas libres. Ahora ese seminario internacional se va a hacer el jueves (por mañana) en el Senado.
–Los críticos del juicio por jurados dicen que es una institución sin tradición en nuestro derecho y que puede derivar en un linchamiento público, sobre todo si ahí van a ser juzgados los funcionarios públicos. ¿Tomaron en cuenta ese riesgo?
–En eso tenemos un gran desafío cultural. Vamos a hacer experiencias piloto. El desafío es que arranque bien y que pueda ser materia de trabajo futuro y de extensión a todo el país de las causas más graves. Tenemos que confiar en la madurez cívica, porque la sociedad está movilizada pero de una manera consciente, sin pedir medidas irracionales. Muchas veces uno encuentra que la madurez cívica es altísimamente superior a la madurez de los funcionarios públicos, judiciales o legislativos.
–A propósito de funcionarios judiciales, el plan propone la renovación total del fuero federal que se licuará en un gran fuero penal. ¿Los jueces federales actuales, varios de ellos cuestionados porque estaban en la servilleta de Corach, van a seguir?
–En los casos que corresponda, si se les hace un jury o algo así, no seguirán. De lo que se trata aquí es de acercar la decisión de la Justicia penal al ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Aspiramos a que en cada barrio la gente conozca el nombre y la tarea del fiscal y de su juez, y que cumpla un turno mínimo de tres años en cada lugar.
–¿Los 82 jueces penales son los que están, no va a haber cambios?
–Es un reordenamiento de lo que ya está. El reordenamiento indica obviamente una redistribución de tareas que va a contribuir a agilizar situaciones. Los funcionarios públicos, de ahora en más, van a ser juzgados por sorteo por alguno de esos 82 jueces.

Plan surtido

–El Presidente dijo que la inseguridad no era un tema de derecha, de centro o de izquierda. Justamente, al leer las medidas, da la sensación de que no hay una uniformidad ideológica sino que hay cosas progresistas y otras de mano dura. ¿El criterio fue tomar un poco de cada lado?
–La madurez ciudadana está muy por encima de ciertos análisis ideológicos. Yo ratifico lo que dijo el Presidente porque éste no es un desafío de izquierdas o de derechas sino de vida o muerte. El principal desafío del sistema democrático en este momento es derrotar la violencia con la ley en la mano.
–Cuando se hizo la marcha de Blumberg, el Gobierno respondió que el endurecimiento de penas no era la solución. Sin embargo, luego el oficialismo propuso el endurecimiento de penas en el Congreso y también hay algo de eso en el plan cuando habla de limitar las excarcelaciones. ¿Cuál es la posición del Gobierno respecto del endurecimiento de las penas?
–Yo lo que planteo es que hay que dar una respuesta integral. Muchas veces uno pone énfasis no solamente en la cuestión de llenar un vacío legal en el código de fondo, sino también en la ejecución de las penas, en el cumplimiento de la ley. Por eso estamos especificando en algunos tipos penales cómo tienen que darse las excarcelaciones cuando corresponden y en otros casos negándolas. Me parece que se está dando una respuesta de sentido común, no tiene nada que ver con pensar que un endurecimiento unívoco y aislado de penas puede solucionar este problema. Hay que dar una respuesta integral que no tiene que ver sólo con cuestiones legales sino también de cultura. Por eso también en 60 días se va a mandar una reforma política al Congreso. Aquí hay que ser muy claro: si no se derrota la impunidad política, no hay manera de derrotar los niveles de inseguridad.
–Con tantos chicos viviendo debajo de la línea de pobreza, ¿no es un gran peligro bajar la imputabilidad a los 14 años?
–Ese proyecto lo hemos trabajado con especialistas en niñez, jueces de menores y lo vamos a trabajar con Unicef. No plantea una mera disminución de penas, plantea establecer que la Argentina cumpla los tratados internacionales en materia de minoridad, cosa que hoy no está haciendo y le está mereciendo sanciones internacionales. Es decir, hoy, un menor en conflicto con la ley penal no tiene la garantía del debido proceso, no tiene capacidad de apelar y está sujeto a la voluntad de un juez que puede disponer de él, muchas veces como si fuera un objeto. Nosotros queremos hacer un régimen integral que otorgue garantías del debido proceso del menor y que tenga, en caso de privación de la libertad, una ultimísima instancia que tiene que establecer puntos de prevención.
–¿Pero con la baja de edad de imputabilidad, no va a haber muchos más menores detenidos?
–No necesariamente. Hoy muchas veces se deriva a un instituto de menores tanto al chico que asesinó a dos personas como al que robó una manzana. No hay distinción ni graduación en la aplicación de penas; el proyecto nuestro distingue tanto en edades como en graduación de penas.
–Ya existen tres fuerzas de seguridad, ¿qué necesidad había de crear una cuarta?
–No estamos creando una cuarta, estamos creando una instancia de coordinación de esas tres fuerzas. Esta Agencia va a contar en una primera instancia de 6 mil hombres que van a ser canalizados a través de Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, con 3 mil, 2 mil y mil, respectivamente. Cinco mil van a ser policías de seguridad y mil van a ser policía judicial. No estamos creando una nueva fuerza sino coordinando mejor las fuerzas federales existentes y agrupando la tarea de investigación en esta Agencia.
–¿Piensa en un cuerpo especializado en delitos como los secuestros?
–En materia de investigación va a coordinar todo lo que sea criminalidad compleja, en materia de efectivos que están en la calle va a responder a los requerimientos de las provincias. Cuando una provincia nos pide que mandemos gendarmes o prefectos, queremos tener una fuerza nacional de paz capacitada para asistir en esas situaciones críticas. Esas situaciones se pueden dar en el conurbano, pero también en alguna localidad del interior del país.
–¿Va a poder intervenir las policías provinciales?
–A pedido del gobernador. Tenemos muchos gobernadores que nos piden fortalecer la presencia de gendarmes en la provincia. Con esta cantidad de efectivos no lo podemos cumplir. Incorporando efectivos lo podemos cumplir, pero con la idea de celebrar un contrato de seguridad con la provincia para permitir ciertas condiciones como auditorías o el control ciudadano. Cuando hay zonas liberadas por el delito, hay que dar una respuesta integral que no alcanza con la mera presencia de gendarmes, hay que integrar también a la educación o la recuperación de espacios públicos.
–El gran objetivo de esta Agencia será el esclarecimiento de los secuestros extorsivos. ¿Ese es el principal problema de seguridad?
–Es un desafío muy importante porque conmociona a la opinión pública y para eso nosotros vamos a convocar el viernes al Consejo de Seguridad Interior y le vamos a proponer un protocolo de actuación en materia de secuestros extorsivos, que tiene que estar aprobado en todo el país.
–¿Eso quiere decir que en cualquier secuestro que se produzca en el país las fuerzas de seguridad van a actuar igual?
–Es a lo que aspiramos, si es que el Consejo de Seguridad lo aprueba. Queremos darle un marco normativizado a una situación de crisis muy conmocionante como la de un secuestro extorsivo. Y tenemos que darles una participación a las familias de las víctimas.
–Alguno de los puntos del plan son o muy ambiciosos o para una Argentina año verde. ¿Le parece que en el corto plazo se pueden colocar chips en los autos para que los detecten en rutas o peajes?
–Son proyectos de innovaciones tecnológicas que vamos a ir detallando. Son proyectos muy importantes. Nada es mágico, pero pueden ser mejoras al sistema de inseguridad.

Decisiones viejas

–¿Cómo tomó la decisión de Kirchner de separar al jefe de Investigaciones de la Federal, Jorge Palacios?
–Es una decisión que habíamos conversado hacía mucho tiempo y el Presidente decidió darla a conocer en un momento determinado que, obviamente, se ejecutó de inmediato.
–¿Lo habían decidido hacía mucho?
–Es una decisión que estaba conversada hacía mucho tiempo y estaba esperándose el momento en el cual se iba a dar el anuncio.
–¿Por qué se había tomado la decisión de separar a Palacios?
–Porque no gozaba de la confianza del Presidente, entonces lo correcto es que se lo releve.
–Pero usted lo había puesto en ese cargo, así que tenía su confianza.
–La confianza mía no es distinta de la confianza del Presidente. Es la misma. Cuando un funcionario no goza de la confianza del Presidente, que es el funcionario superior en materia de administración pública, tenía que acatar inmediatamente el ministro esa decisión.
–Después separaron a otros hombres de la Federal y corrieron versiones sobre su renuncia. ¿Pensó en renunciar?
–En absoluto. Me mataba de risa de esos rumores porque estuve tres o cuatro horas en la quinta de Olivos con este plan. Es lógico que todo un proceso de cambio, depuración y de reforma de las instituciones tan fuertes surjan sectores que lo único que buscan es generar campañas de acción psicológica que van desde la permanencia de un ministro hasta la salud del Presidente. Lo que tenemos que pensar es que estos cambios son muy importantes y en el liderazgo de un Presidente que los está encarando como nadie antes los había encarado.
–Palacios participó de la represión del 20 de diciembre, ¿cómo llegó luego a ocupar un cargo tan importante en la Federal?
–Del tema Palacios no puedo dar más detalles específicos. Estaba esta decisión, se tomó y no quisiera hacer ningún comentario más sobre la materia porque es hablar de cuestiones que ya han pasado.
–Kirchner le pidió los legajos de la cúpula de la Policía Federal para revisarlos. ¿Esos legajos no estaban revisados ya?
–Están revisados, por supuesto. Lo que pasa es que muchas veces los legajos tienen que tener una actualización. De hecho, este año estamos recogiendo el envío de declaraciones juradas nuevas de los funcionarios de las fuerzas policiales, ahora hay que ver esas actualizaciones cómo se corresponden con las de años anteriores. La depuración de la policía no es algo de un momento, es un esfuerzo permanente.
–¿Lo sorprende la vinculación de estos policías con el caso Blumberg?
–Tuvo muchísimas desprolijidades ese proceso de investigación y habrá que seguir avanzando. Nosotros también abrimos investigaciones a través de Asuntos Internos y habrá que ver qué resultado da. Hay un dato clave en la Argentina y es que así como la impunidad política no tiene camiseta partidaria, la impunidad policial ha demostrado que no tiene fronteras ni colores de uniformes. Ha tenido problemas culturales que hay que remover.
–En algún momento se rumoreó que junto al plan se presentaría una nueva cúpula de la Policía Federal. ¿Se hará ese anuncio en algún momento?
–Nunca estuvo previsto eso. Tuvimos una larga reunión con el Presidente la semana pasada en Olivos y allí quedamos en analizar todos los legajos. Quedamos en trabajar toda la semana, recién para la próxima se anunciarán los cambios en la policía. Va a haber cambios, una reorganización y una reafirmación de los 40 puntos que planteamos en septiembre. Será una línea de trabajo muy adecuada al plan que lanzamos.