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Por Mirta Mántaras*

Muchos de los que trabajamos en la defensa de los derechos humanos e integramos asambleas populares fuimos a la marcha convocada por el señor Blumberg, como lo venimos haciendo desde hace bastante tiempo, porque el asesinato de los jóvenes no empezó hoy, sino que constituye un flagelo en nuestra sociedad.
Ocupar los espacios públicos para peticionar a las autoridades, imponer la soberanía de los cuerpos en las manifestaciones, decir NO a la situación imperante que nos victimiza significa comprometernos para que la nuestra no sea una democracia de “baja intensidad”.
A muchos de nosotros nos asombra que en el petitorio del señor Blumberg se haga hincapié en el aumento de penas cuando se sabe que no hará disminuir el delito, y menos aún en casos complejos, como secuestros o corrupción, donde la policía y la política están también involucrados.
Ahora bien: al estar la petición sometida a la consideración pública, se abre el debate de ideas, que es lo que hace adulta a una sociedad porque se aprende, genera espíritu crítico, valoriza la opinión, permite el disenso.
La confrontación de ideas es lo que permitió al señor Blumberg aclarar públicamente que no se enrola con los conceptos de personajes siniestros como Ruckauf o Casanovas que quieren la mano dura que recaerá en los periféricos, en los que no tienen padrinos, para que todo siga igual.
Miles de personas reclamando en los espacios públicos permite la catarsis. Catarsis significa sacarse la máscara. Despejar el encubrimiento de las intenciones para llegar a la verdad, a la raíz de los problemas. A la impunidad a la que todos repudiamos con un NO contundente.
Y es una tarea trabajosa porque hay que evitar la desinformación que la derecha reaccionaria y sus “comunicadores llave”, como les llaman en el manual de acción psicológica, que se aprovechan de una necesidad sentida por la población para pedir que se corten cabezas. Son los que se autodenominan “liberales” y citan a Platón, pero en realidad es indisimulable su sesgo autoritario porque rechazan el debate.
Como dice Alberdi en sus Escritos póstumos, “para los liberales argentinos el disidente es un enemigo, la disidencia de opinión es guerra, hostilidad, que autoriza la represión y la muerte”.
La pueblada del 19/20 de diciembre de 2001 fue hacer sentir la voz. La opinión no escuchada. Hizo que fueran corrientes las manifestaciones para que los poderes públicos cambiaran el rumbo de su gestión. Ahora le toca a la impunidad y en el debate surge que es necesario mirar al pasado, ver todo lo que se escondió y todavía se esconde, y comprender que lo que pasa ahora tiene directa relación con nuestra historia reciente.
Hay que recordar que las bandas policiales que perpetraron secuestros, robos como piratas del asfalto, asesinatos con “área libre”, vienen de la última dictadura militar, donde los centros clandestinos de detención estaban casi en un 70 por ciento en dependencias policiales. Allí se decidía sobre la vida y la fortuna de muchos argentinos.
Se realizaban secuestros extorsivos para apropiarse de los patrimonios ajenos, como sucedió con Conrado Higinio Gómez, desaparecido para que los miembros de los grupos de tareas hicieran grandes negocios con sus bienes. Cada secuestro de un sospechoso implicaba el derecho a apropiarse de todos sus muebles e inmuebles y, como también lo han hecho, apropiarse de sus hijos.
La costumbre de matar sin rendición de cuentas a la Justicia, es decir, la impunidad, se fue asentando como un derecho de los infractores en bandas organizadas ligadas a punteros y funcionarios políticos. Cuando en 1893 hubo elecciones y promesa de justicia estas bandas no se disolvieron. Miles de policías fueron acrecentando poder a punto tal que pese a la identificación de altos jefes, a los que se exoneró, siguió la actividad mafiosa.
Esto nos deja una enseñanza: que la acción correctiva no debe detenerse, y lleva tiempo, hasta lograr el justo castigo a través de la Justicia. Lo saben muy bien los sobrevivientes y familiares de desaparecidos, víctimas del terrorismo de Estado, que hace muchos años que esperan, sin ningún episodio de venganza, que actúe la Justicia.
Son conscientes de que la impunidad es un modo de control social, pues los que burlan la ley son un ejemplo del “todo vale” cuando cuentan con la complicidad del poder y que los parias que delinquen son los que nutren las cárceles y las comisarías para que crezca el delito. Estados todos informados de que los jefes de penitenciarías y comisarías mandan a los presos a cometer delitos para su beneficio.

* Especialista en Derechos Humanos.