EL PAíS › EL ESCANDALO DE LOS SOBRESUELDOS DURANTE EL MENEMISMO
Cuando la fiesta era para varios
En el juicio a María Julia, otros dos funcionarios de mediano rango y un subsecretario de Estado también aceptaron que cobraron sobresueldos de entre 3000 y 5000 pesos/dólares durante el gobierno de Menem. El tribunal citó al ex jefe de Gabinete Jorge Rodríguez.
Por Irina Hauser
Tienen cara de sacarse un peso de encima. Cuentan lo indecible ahora que todos lo hacen. El juicio oral por enriquecimiento ilícito contra María Julia Alsogaray se convirtió en un confesionario de ex funcionarios del menemismo de alto y mediano rango que reconocen que cobraban unos regios sobresueldos. En la audiencia de ayer, dos viejos colaboradores de la ex secretaria de Recursos Naturales, Santiago Lozano y Mabel Behal, dijeron ante el Tribunal Oral 4 que ellos mismos recibían todos los meses en un sobre entre 3000 y 5000 pesos por los que no firmaban ningún recibo. Un ex subsecretario, Raúl Castellini, contó que la ingeniera lo mandaba a buscar el paquetito para ella a la Jefatura de Gabinete. Los jueces citaron a declarar al ex jefe de ministros Jorge Rodríguez.
La saga comenzó el jueves, cuando Roberto Martínez Medina, el ex secretario privado de Raúl Granillo Ocampo, contó con lujo de detalles ante el tribunal oral que durante casi 30 meses fue a cobrar para su jefe 50 mil pesos en negro a la Jefatura de Gabinete. Allí, dijo, lo atendía Rodolfo Aiello, un secretario de Rodríguez que le daba la plata. También iban con el mismo fin, según detalló, emisarios de Víctor Alderete, Claudia Bello, Alberto Mazza y de María Julia. En base a este relato, el abogado Ricardo Monner Sans presentó ayer una denuncia penal contra el ex presidente Carlos Menem, sus ministros y secretarios que pudieron recibir el plus, que para el letrado equivalía “una coima”. La investigación en principio rastreará malversación de fondos y fraude al Estado, le tocó al juez Jorge Ballestero, pero se la delegó al fiscal Guillermo Montenegro.
“Yo cobraba entre 3000 y 5000 pesos”, reconoció ayer Lozano, un ex ucedeísta que fue subsecretario en el Ministerio del Interior en 1992 y director del Banco Hipotecario hasta 1994. “Eran fondos complementarios” que “fijaba el ministro del área” (para él, José Luis Manzano), se entregaban “en sobre” y no había que ir a buscarlos sino que se repartían en el Gobierno, según especificó. Estaban destinados a funcionarios de su mismo rango o “categorías superiores”, agregó. En su caso, sostuvo, no los usaba para gastos personales sino que encargaba “asesorías”.
Con campera y sin corbata, después de recordar que pasó once años sin hablarse con María Julia, Lozano dijo creer que los sobresueldos provenían de los famosos “fondos reservados”. Esa deducción, argumentó, se basaba en las explicaciones que escuchó del ex secretario de Ingresos Públicos Carlos Tacchi en una reunión de gabinete económico: “Nos dijo que ese sobresueldo se podía pagar de acuerdo a una ley secreta, que ese era el respaldo legal”. Después provocó con una acotación: “Como abogado, a mí nadie me había explicado eso en la facultad”.
Todos los testigos de ayer presentan la paradoja de haber sido pedidos por Pamela Bisserier, la defensora de María Julia. Aunque la mayoría de esas declaraciones revele una gran maquinaria de repartija de dinero público con fines más que dudosos, Alsogaray las necesita. Ella justificó una parte de los 2,5 millones de enriquecimiento que le imputan, diciendo que entre 1992 y 1997 percibió 622 mil dólares de fondos reservados en función de la ley secreta 18.302 (la misma que señaló Lozano) que le iban a retirar Enrique Kaplan y Raúl Castellini. Y quiere mostrar que ese sobresueldo era una práctica habitual, general y avalada.
De todos modos, los fiscales de instrucción (Eamon Mullen y José Barbaccia), que la investigaron hasta llevarla a juicio oral, sostuvieron que ese ingreso era ilegal: porque la Secretaría de Recursos Naturales no había recibido partidas presupuestarias de fondos reservados y porque ella declaró el dinero como patrimonio personal, cuando la norma en que se ampara dice que era plata destinada sólo “organismos que tengan servicios atinentes a la seguridad del Estado” y para gastos “de la administración pública”. Así las cosas, que esta acusación quede o no en pie en el juicio por enriquecimiento, dependerá del criterio del tribunal.
Con su blazer beige arremangado, como lista para la batalla, y el pelo esponjoso por la humedad, María Julia volvió a intercambiar muecas desatisfacción con su sobrino que la acompaña a todas partes y con su hijo Alvaro Javier, que apareció por primera vez en las audiencias. Sólo puso cara de preocupada cuando entró a declarar Kaplan, el ex peluquero de Menem que también trabajó en Recursos Naturales, con quien está peleada. Kaplan dijo que no cobró sobresueldos ni para él ni para su jefa (ver aparte). Después, Castellini le devolvió el oxígeno: reconoció que recibió instrucciones de la ingeniera “en seis o siete oportunidades” para ir a buscar la plata a la Jefatura de Gabinete. “No sé cuánto era, recuerdo a un señor Aiello como la persona que vi por ese trámite”, precisó.
Como el ex jefe de ministros Eduardo Bauzá no declarará por problemas de salud, Alsogaray dijo que podía ofrecer una testigo “que anda por tribunales en este momento”. Al rato, apareció ahí Mabel Behal, con anteojos de borde metálico, melena rubiona y campera de cuero negra, se apoltronó frente a los jueces y dijo: “En los niveles superiores se percibía un sueldo más gastos protocolares, con recibo, y había un dinero entregado hasta niveles de subsecretarios, que no requería recibo”. “Se hacía en la ley 18 mil y pico, algo que tengo entendido que también existía en la época de Alfonsín”, acusó. “Yo recibí unos 3000 pesos mensuales y opté por declararlos. Me lo entregaba Kaplan al principio y Castellini después. Supongo que la ingeniera lo recibía”, añadió. Behal, está imputada en otras causas de María Julia como la de una organización de una conferencia en la que se denunciaron sobreprecios de hasta 6000 por ciento. El plus que cobraba, reconoció, “era para consumo” personal. El tribunal, que integran Horacio Vaccare, Cristina Sanmartino y Leopoldo Bruglia, citó a Rodríguez y a dos ex secretarias de la Jefatura de Gabinete, mientras siguen rastreando a Aiello. El lunes continuará.