EL PAíS
Los delasotistas se tomarán todo el tiempo para afianzar el equipo
Decidido a jugar a la presidencia, el gobernador de Córdoba sacó el pie del acelerador. Se dedica a tejer alianzas.
Por Martín Piqué
“En el peronismo no hay nadie preparado para elecciones anticipadas”, recalca, con acento cordobés, un miembro del gabinete de José Manuel de la Sota. El funcionario, que conoce al gobernador desde los años 70, se apura en justificar sus dichos: “Todos tienen ideas y experiencias aquilatadas en su gestión, pero ninguno tiene un programa desarrollado. La crisis nos está llevando a una velocidad imprevisible”. La frase es reveladora. Los gobernadores del PJ que sueñan con la Rosada –De la Sota es uno de ellos– empiezan a pensarlo mejor. El derrotero del dólar y la dureza del FMI hacen que el sillón de Rivadavia se parezca a la silla eléctrica. “Acá no hay nadie que esté preparado para asumir. Porque prepararse significa desarrollar un proyecto alternativo ¿Y quién lo tiene?”, se pregunta, irónico, el ministro cordobés.
El panorama se refleja en las últimas gestiones del gobernador De la Sota. Silencioso, concentrado en la gestión de su provincia, el cordobés continúa con las reuniones, los llamados y el tejido de relaciones que, se sabe, pueden resultar útiles para (futuros) tiempos de campaña. Los interlocutores pueden ser los economistas de la Fundación Mediterránea, el obispo de Río Cuarto, Artemio Staffolani, los empresarios de Córdoba, y hasta el influyente presidente de Brasil, Fernando Cardoso, a quien De la Sota conoce desde que fue embajador en ese país.
“Sabemos que los republicanos son más duros que los demócratas. Pero esto es muy serio: el Presidente vuelve con las manos vacías y los tipos te piden que liberen el dólar”, afirma, asustado, un allegado al mandatario cordobés. Y ante los rumores de cambios en el gabinete, responden que ningún cordobés se sumará al Ejecutivo, al que aún cuestionan por ser “demasiado bonaerense”. “No veo un horizonte donde haya cordobeses ingresando al gobierno nacional. No somos un equipo grande y no vemos entusiasmo de nuestra gente por estar en el Gobierno.”
Se sabe que la relación con Duhalde no es buena. Un antecedente lo había aportado el propio De la Sota en los primeros días de enero, cuando rechazó el pedido del Presidente para que fuera jefe de Gabinete: “Todo dirigente de alto nivel político prefiere ser jefe de algo más chico que empleado de algo más grande”, explica uno de sus colaboradores. En su entorno dicen que De la Sota quiere preservarse para el futuro, consciente de que es bien visto por un sector del establishment.
La semana pasada, De la Sota analizó con sus allegados, y también con el obispo de Río Cuarto, Artemio Staffolani, el viaje de Duhalde a Monterrey, donde Horst Koehler planteó una larga serie de exigencias, como la anulación de la Ley de Quiebras. De la Sota conoce muy bien esos reclamos, porque coinciden como un calco con las críticas que los economistas del Instituto de Estudio de la Realidad Económica Argentina y Latinoamericana (Ieral) –ligado a la Fundación Mediterránea– le hacen al programa de Jorge Remes Lenicov. La relación con el Ieral lleva unos cuantos años, a pesar de que cerca de De la Sota digan que los ‘mediterráneos’ “tienen una versión muy ortodoxa de la economía”.
En los últimos años, la Mediterránea sufrió varias crisis internas, cuando Domingo Cavallo dejó el organismo y luego cuando éste aterrizó en el gobierno de la Alianza. Y ahora, con el acercamiento a De la Sota, pretende dejar en el olvido su vinculación con el ex ministro.
En el 2000, el Ieral trabajó en dos programas para el gobierno de Córdoba, un estudio de los impuestos que recauda la provincia, y una propuesta para bajar el gasto de los municipios, que preveía “rediseñar los mecanismos de financiación”. “De la Sota nos encargó el estudio de una reforma tributaria, pero no se pudo llevar adelante”, admite a Página/12 Juan Manuel Garzón, uno de economistas del organismo. La entidad también contribuyó en varios proyectos de De la Sota, como la baja del 30 por ciento en los impuestos, el recorte en los sueldos de los funcionariospolíticos y la conformación de una Legislatura con la mitad de representantes. Pero la recesión y el default entorpecieron los planes. Sin embargo, la relación entre el Ieral y De la Sota excede los programas de “asistencia técnica”. Todos los meses, el gobernador o alguno de sus ministros asiste puntualmente a los almuerzos que la Mediterránea organiza en el Sheraton de Córdoba y otros lujosos hoteles de la provincia. En esos encuentros, debaten cuestiones puntuales con los técnicos del Ieral y un selecto grupo de empresarios de Córdoba muy próximos al gobernador. Fulvio Pagani (h.), propietario del Grupo Arcor, que en 2000 se fue dando un portazo de la Fundación, Aldo y Pedro Roggio, y los dueños de la Aceitera General Deheza suelen sentarse a esas mesas.
Quizá en esas comidas se gestó la sintonía entre De la Sota y algunos empresarios, que se reflejó en la gestión que llevó adelante el gobernador para que el Gobierno pesificara las deudas de más de 100 mil dólares de varias empresas. La vinculación del mandatario con el Ieral tiene otro nexo importante, el ex titular del Banco de la Provincia de Córdoba de la gobernación de Ramón Mestre, Héctor Paglia, a quien Pagani propuso sin suerte como presidente de la Mediterránea. Según allegados a De la Sota, el contador Paglia es “un hombre de consulta permanente del gobernador”.
El Ieral también preparó la propuesta para la “incorporación de capital privado” al Banco de Córdoba, para lo cual era necesario conformar una sociedad anónima. Este proyecto –paralizado porque no se presentó ningún oferente– fue motivo de sospechas de corrupción, cuando la jueza María Romilda Servini de Cubría difundió el contenido de unas escuchas telefónicas a los directivos del Banco General de Negocios. En esas cintas, se escuchaba a uno de los gerentes del BGH, Félix Pando, comentando que el gobierno de Córdoba habría “extraviado” fondos destinados al “saneamiento” del Banco provincial. Las escuchas forman parte de la causa contra los hermanos Carlos y José Rohm, a quienes se les imputa la figura de “subversión económica”. Justamente, ése es el delito que el FMI reclama que sea derogado lo antes posible.