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“A (Eduardo) Moliné O’Connor en los próximos años sólo lo verán por Wimbledon.” El pronóstico recorría ayer los vericuetos de la Corte Suprema, donde el ex juez destituido por el Senado ya era un personaje casi olvidado. Pero una noticia fresca volvió a ponerlo en escena: el procurador general Luis González Warcalde desechó en un dictamen las esperanzas del supremo tenista de recuperar su cargo. Ese pronunciamiento propone rechazar los recursos de queja presentados por el ex magistrado y, aunque no es vinculante, será tomado como referencia por el tribunal de conjueces encargado de decidir su suerte en un fallo. La resolución podría conocerse el 26 de mayo.
Antes y después de que lo removieran de la Corte, el 3 de diciembre del año pasado, Moliné O’Connor presentó varios recursos, cuestionando su juicio político ante el propio tribunal que integraba. Sus viejos compañeros decidieron excusarse y derivaron el debate a un equipo de nueve jueces suplentes sorteados entre las cámaras de apelaciones de todo el país. En una reunión que tuvieron ayer a la mañana en el Palacio de Justicia, estos magistrados recibieron el dictamen que le habían pedido al procurador. Entre todos leyeron, con cierta ansiedad, su opinión contundente: “La decisión política de destituir” y “es materia ajena a la revisión de los jueces”.
El texto de González Warcalde –procurador subrogante hasta que sea designado Esteban Righi– explica que la revisión judicial de la destitución de un juez sólo es posible en casos de violaciones flagrantes a las garantías constitucionales. Moliné O’Connor, argumenta el dictamen, “no logra demostrar que durante el juicio público que culminó con su destitución se produjeron irregularidades que viciaron irreparablemente el procedimiento”. No hay señales, insiste, de que “se hubiera atentado de modo sustancial contra su garantía de defensa en juicio y debido proceso”. A esa conclusión llega al desglosar cada fundamento del ex supremo, como que no le dieron tiempo para hacer su descargo o que a los jueces no se los puede juzgar por el contenido de sus sentencias.
El tribunal de conjueces está presidido por el camarista de Casación Gustavo Mitchell y lo acompañan los camaristas Jorge Morales (Corrientes), Alejandro Mosquera (Córdoba), Mirta Tyden de Skanata (Posadas), Javier Leal de Ibarra (Comodoro Rivadavia), Ernesto Wayar (Tucumán), Julio Frondizi (La Plata), Arturo Pérez Petit (General Roca) y Rodolfo Fossatti (San Martín). En el encuentro de ayer no discutieron en profundidad el asunto. Sólo firmaron una resolución pidiéndole al Senado que les mande urgente todo el expediente. En el ínterin sobrevolaron ciertos comentarios temerosos por la posibilidad de que el caso llegue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al final se comprometieron a volver a viajar a Buenos Aires para celebrar un acuerdo especial el 26 de este mes y sacar un fallo en lo posible ese día, antes de que el Congreso apruebe el nombramiento de Elena Highton de Nolasco.
En los próximos días, los jueces no se reunirán, pero planean contactos informales para intercambiar ideas y posiciones. Ya en marzo, cuando sacaron una primera resolución provisoria, se perfiló un grupito favorable a Moliné liderado por Frondizi, un antiguo amigo suyo, que –con un rosario de argumentos corporativistas– logró convencer a Fossatti y a Pérez Petit de que había que admitir la queja y devolverle la toga al ex integrante de la mayoría automática. Pese a los muchos intentos que hicieron, no lograron imponer ese criterio a los conjueces restantes y, según pudo saber este diario, tampoco lo lograrán con miras al fallo final que determinará la suerte del ex magistrado y dirigente de tenis.
El dictamen del procurador sorprendió positivamente a varios conjueces que, posiblemente, se apoyen en sus puntos medulares al momento de fallar. Seguramente dirán que el juicio político al cortesano es un tema “no justiciable”, como se dice en la jerga jurídica, y punto. Las primeras previsiones anuncian un resultado de 7 votos contra 2 o de 6 contra 3.