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Por Héctor. T. Polino*

La transparencia que nos reclama la sociedad a todos los funcionarios no se condice con la posibilidad de que aún hoy se incorpore en los presupuestos de la administración pública la figura de los “gastos reservados”.
Esta situación no puede menos que asociarse con la corrupción que afecta sensiblemente al erario. Un reparto indiscriminado de dinero y gastos dispendiosos y secretos no hace más que socavar la ya debilitada imagen de la política argentina.
Recordemos que el concepto de fondos reservados y/o secretos fue incorporado a nuestra legislación en el año 1956 a través del decreto-ley Nº 5315 y por la ley 18.302 (ambos de carácter “secreto”), dictada en 1969 por el general Onganía.
Así las cosas, a lo largo de estos años no sólo se han truncado todos los intentos legislativos solicitando la derogación y/o limitación de estas normas sino que además se ha modificado la ley 18.302 en reiteradas oportunidades, siempre a razón de ampliar la cantidad de organismos que pudieran operar con este tipo de fondos.
En el año 1995 apoyé un proyecto presentado ante la Cámara de Diputados, proponiendo la eliminación de este tipo de erogaciones secretas y extremadamente discrecionales, que lamentablemente sólo generó rechazos y nunca fue tratado por las comisiones. Al año siguiente junto con varios diputados firmamos un proyecto de ley que proponía limitar, transparentar y controlar el gasto de los montos asignados en calidad de “reservados”, que obtuvo media sanción en la Cámara baja en el año 2001 pero que nunca fue tratado por el Senado.
Hoy más que nunca es necesario racionalizar y conferir eficiencia al gasto de la administración central, buscando la eliminación de los gastos discrecionales de todos los poderes del Estado.
Frente a la grave situación económica, el progresivo aumento de la exclusión social y las falencias en el sistema de seguridad, salud y educación que atraviesa nuestro país es inconcebible que se destinen, como lo establece el Presupuesto anual para el año 2004, importantes sumas de dinero en carácter de gastos reservados para la SIDE y para el Ministerio de Defensa.
Cabe destacar que, históricamente, el organismo que usó mayor cantidad de fondos reservados fue la Secretaría de Inteligencia al amparo de los gobiernos de turno.
Ni siquiera los legisladores tenemos conocimiento del destino de esos fondos, que en la mayoría de los casos ascienden a cifras millonarias.
Menos aún lo sabe la ciudadanía, a la que continuamente se le hace sentir en sus bolsillos el peso de la crisis.
Efectivamente, la entrega de cifras de dinero, al amparo de la ley secreta 18.302 que a pesar de su magnitud no tiene ningún tipo de control, no se condice con la crítica situación económica del país.
La actual crisis económica argentina y la situación de emergencia en la que se encuentra la administración nacional no toleran la subsistencia de los gastos denominados “reservados” y “secretos” instituidos durante un gobierno de facto.
Donde hay secreto no hay transparencia. Las sospechas generalizadas respecto del destino de estos fondos y la falta de información que impera en la materia son inconciliables con un sistema democrático.
La democracia obliga a que el poder político sea limitado y sujeto a controles efectivos.
Cuando este principio no se refleja en la realidad institucional es sensato que toda la sociedad reclame mayor transparencia en el uso del dinero público.

* Diputado nacional.