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Denunciante y procesado. Las dos definiciones le caben al secretario de Obras Públicas porteño, Abel Fatala, quien después de denunciar ayer ante la Justicia presuntas irregularidades en la adjudicación de la autopista Illia, se enteró de que el juez Raúl Irigoyen lo había procesado por haber utilizado para remodelar su oficina fondos supuestamente afectados a otros fines. El jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, hizo saber que si en segunda instancia confirman su procesamiento, lo separará del cargo.
La denuncia que Fatala radicó ante la jueza Silvia Ramond involucra al ex secretario de Obras Públicas de la comuna Nicolás Gallo y a todos los ex intendentes porteños desde 1981 en adelante, excepto Facundo Suárez Lastra y Enrique Olivera. El planteo es simple: “Por una obra que no podía haber excedido los 120 millones de dólares la ciudad ya invirtió 440 millones”, destacó el propio funcionario.
Sobre su procesamiento y el embargo de 200 mil pesos sobre sus bienes, Fatala dijo estar “sorprendido por la precariedad” de la resolución y consideró que los cargos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario surgen de “un error en la lectura de las partidas presupuestarias”. La reforma de las oficinas de Obras Públicas insumió unos 150 mil pesos. Fatala, en línea con Ibarra, aseguró que si el procesamiento queda en firme, “no seguiré un minuto más en el cargo”.