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Incluso con un Estado tonto, bien tonto gracias a los mecanismos de control desmontados por Domingo Cavallo, el Gobierno está realizando una investigación interna para contar con datos propios frente a una información revelada por Página/12: la que indicaba que los exportadores de granos y aceites se habían apurado a presentar sus declaraciones de venta al exterior con la intención, en algunos casos, de salvarse de las futuras retenciones. El primer arqueo en la Aduana de Buenos Aires señala que solo en febrero último las presentaciones alcanzaron los 570 millones de dólares. La discusión generada dentro del propio Gobierno podría terminar con una movida histórica si ahora, también, el presidente Eduardo Duhalde resuelve poner retenciones al aceite, que estaba exceptuado.
Si hay retenciones del 20 por ciento y el Gobierno encuentra indicios de que las ventas fueron solo papeles, sin una compra previa de productos que pueda ser documentada, y entonces anula las operaciones, el Estado dejará de perder 114 millones de dólares. Al 10 por ciento de retenciones serían 57 millones de dólares. Eso sería considerando solamente las cifras de febrero. Anoche, un funcionario del Gobierno dijo a este diario que los primeros cálculos de la Aduana para marzo arrojaban otros 200 millones. Al 20 por ciento habría otros 40 millones de impuestos que podían ser eludidos. Al 10, 20 millones de dólares.
Todo comenzó el domingo, cuando Duhalde abrió Página/12 y, muy intrigado por la investigación, pidió más informaciones. Fue directo. Citó para el lunes en la Casa Rosada al abogado Alberto Ferrari Etcheberry, el ex presidente de la Junta Nacional de Granos con Raúl Alfonsín que había sido entrevistado y había sugerido anular las declaraciones de venta bajo sospecha de fraude. Tras el encuentro, donde participaron también el ministro del Interior Rodolfo Gabrielli y el secretario de Agricultura Miguel Paulón, quedó un compromiso de seguimiento y solución. Ayer a la mañana Ferrari Etcheberry fue recibido por el jefe de la Aduana, Mario Das Neves, y repitió la misma explicación técnica que había dado al Presidente. Era necesario recopilar todas las declaraciones de venta presentadas en las aduanas de todo el país.
Anoche Gabrielli tuvo una parte de la documentación. Se trata de listas ordenadas por fecha, por producto y por exportador. Son particularmente prolijas para febrero, y menos para marzo. Los organismos del Estado aún no habían podido reconstruir los números de noviembre, diciembre y enero.
Cada etapa tiene su importancia:
- A fines de noviembre podrían rastrearse declaraciones de venta sin sustento que fueran realizadas pensando en el corralito, una medida financiera que supuso automáticamente el control de cambios.
- En diciembre, el cuco fue la devaluación inminente.
- En enero, también la devaluación.
- Y en febrero y marzo, ya más directamente, el fantasma de las retenciones.
Por cualquiera de estos motivos algunos exportadores pudieron haber cometido la picardía, por no hablar de intento de defraudación, de jugar con el hecho consumado: creían que el Estado no revisaría las presentaciones y solo aceptaría sin chistar un dibujo. Naturalmente esto todavía puede suceder, pero luego de los movimientos de estos días sería muy escandaloso y podría dar lugar a investigaciones en la Justicia. El Estado no puede alegar ignorancia. Pero menos puede hacerlo cuando públicamente sus funcionarios tienen acceso, por el diario y por reuniones con expertos, a presuntas maniobras para eludir impuestos y quitarle al fisco la chance de hacerse de divisas justo cuando faltan.
La preocupación por las divisas unida a los precios es la que podría cambiar el régimen sobre el aceite.
La intención, anoche, era ponerle al aceite de soja el mismo nivel de retenciones que al poroto de soja. Hasta ahora no es así porque se supone que el aceite es un producto industrial de cierto valor agregado. “Era ridículo, porque el costo de moler soja son solo tres o cuatro dólares por tonelada”, sostuvo Ferrari Etcheberry en sus reuniones, e insistió ayer ante este diario. Y agregó esta explicación: “La aceitera es una industria subsidiada por el Estado donde trabajan cuatro empresas. La razón del subsidio, y que las aceiteras escaparan de las retenciones, es el supuesto proceso de manufactura de la soja en aceite, harina y pellet. En este momento el costo de producir aceite pellet y harina es técnicamente fácil de determinar: 3 o 4 dólares por tonelada. Si la soja paga el 10 por ciento de retenciones y los otros productos solo el 5, solo por el supuesto valor agregado, estaremos frente a una situación absurda. La soja paga un 10 por ciento de 165 dólares la tonelada: 16,5. Los otros productos, que se obtuvieron gastando solo 3 o 4 dólares, pagan un 5 por ciento del precio de 166 dólares la tonelada: 8,30. Prácticamente la mitad. La otra mitad se la meten en el bolsillo los aceiteros”.
Ferrari subrayó otros cuatro elementos:
- El mundo no quiere comprar aceite de soja, de la misma manera que hoy no quiere comprar harina sino trigo.
- En la Argentina hay solo tres grandes exportadoras de aceite: Cargill (que en los Estados Unidos trabaja sin protección), Bunge (brasileña) y Dreyfus (francesa). Ninguna empresa es nacional.
- El crushing del poroto es un mecanismo simple que no necesita empleados y por lo tanto no genera ocupación.
- Como no se trata de una industria en el verdadero sentido de la palabra, la protección no tiene sentido. Ni en Brasil los aceiteros están protegidos.
“A partir de eliminar el subsidio del Estado es fácil poder armar sistemas donde el exportador pueda ser el propio productor de soja”, imaginó Ferrary Etcheberry.
Eso, claro, si el Estado no es demasiado tonto.