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El juez federal Sergio Torres procesó ayer a los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Ignacio Astiz, Héctor Antonio Febres y Antonio Pernías por la desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y diez familiares de desaparecidos, entre ellos la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor. La decisión, tomada en el caso por el que la Justicia francesa reclama la extradición de Astiz, es una ratificación de la jurisdicción local para investigar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar.
El jueves 8 de diciembre de 1977 a las ocho y media de la noche un grupo de hombres vestidos de civil, que se identificaron como policías, interceptó a los familiares de desaparecidos que salían de la Iglesia de la Santa Cruz, donde habían estado ultimando los detalles y recolectando la plata para una solicitada que saldría en el diario La Nación dos días después. Se llevaron a nueve personas: la religiosa francesa Alice Domon, Angela Aguad, María Esther Ballestrino de Careaga, Raquel Bullit, Eduardo Gabriel Horane, José Julio Fondevilla, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco y Horacio Aníbal Elbert. Ese mismo día desapareció de su atelier Remo Carlos Berardo, quien también participaba de las reuniones de la Santa Cruz. Dos días después, cuando iba a comprar el diario para ver la solicitada, fue secuestrada Villaflor. Al mediodía se produjo la detención de la compañera de Domon, Leonie Duquet.
Astiz fue la pieza central que permitió que los marinos concretaran el operativo que tenía como objetivo descomponer el incipiente movimiento de derechos humanos que se estaba organizando en el país en plena dictadura militar. El “Angel Rubio” se presentó ante las Madres de Plaza de Mayo con la identidad falsa de Gustavo Niño, hermano de desaparecido y comenzó a participar de las reuniones de los familiares. Proporcionó los datos que guiaron a la patota de la ESMA hasta la Santa Cruz y terminó su tarea marcando a sus víctimas con un beso.
“El cuadro probatorio reunido a lo largo del sumario permite individualizar, aun a más de 27 años de haberse producido los hechos, a Acosta, Astiz, Febres y Pernías como responsables activos del secuestro y posterior traslado a la ESMA” de las doce víctimas, señaló Torres. El juez reconstruyó que “durante su infiltración, Astiz procuró ganar la confianza del grupo, especialmente de Azucena Villaflor, por ser un referente y fundadora del grupo de Madres de Plaza de Mayo; objetivo que alcanzó en gran medida”. Consideró también que los testimonios de los sobrevivientes de la ESMA permiten demostrar que el grupo de la Iglesia de la Santa Cruz fue alojado y torturado en ese centro clandestino.
“De la recopilación y reconstrucción que se plasmó a lo largo del presente (sumario) encontramos elementos de juicio suficientes para sostener que Acosta, Astiz, Febres y Pernías fueron parte activa del siniestro plan ideado en los hechos que revelan las presentes actuaciones. Para ello, realizaron actividades en común mediante la voluntad y se distribuyeron tareas y funciones para llevar adelante el diseño criminal”, aseguró el magistrado.
“Permítaseme decir –concluyó– que el desarrollo y funcionamiento que se describió ilustran cómo la Armada Argentina ideó, estructuró y llevó a cabo, dentro de la Sub-Zona Capital del Primer Cuerpo de Ejército, un plan sistemático dentro de un régimen totalitario, para combatir a la subversión mediante la comisión de delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad.”
La causa en la que se investigan los crímenes cometidos en la ESMA fue reabierta por la Cámara Federal porteña en pleno, después de que el Congreso declarara insanablemente nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El año pasado, Torres encarceló en este expediente a quince represores. Ahora, procesó a cuatro de ellos por casos cuya investigación había quedada trunca.
Su participación en el secuestro de las monjas francesas le valió a Astiz una condena en ausencia en Francia, país que aún reclama su extradición. El fallo que firmó Torres ayer es un gesto claro de que la investigación está avanzando y, por lo tanto, por ahora, la detención del “Angel Rubio” se concretará aquí. Pero si por algún motivo el sumario se interrumpe –podría paralizarse ante una decisión de la Cámara de Casación (ver aparte)–, Astiz y el resto de los represores de la última dictadura tendrán las puertas abiertas de las cárceles de varios países.