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Durante varios días, distintos grupos piqueteros realizaron charlas y foros de debate en el marco de la semana contra la criminalización del conflicto social. En el día de cierre de esta movida, marcharon frente a los Tribunales porteños para continuar con el reclamo y plantearon el tema ante el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. “La Secretaría debe expedirse públicamente sobre cuál es su postura ante los fallos judiciales contra la protesta social y la gran cantidad de causas abiertas contra piqueteros y luchadores gremiales”, le exigieron a Duhalde. Pero los resultados de ese encuentro no despertaron demasiado optimismo en el sector, que pidió una reunión con el presidente Néstor Kirchner. La semana próxima se cumplirá otro plan de lucha piquetera.
La jornada final de la semana de repudio a los fallos judiciales contra la protesta social se inició al mediodía con un acto en las escalinatas del Palacio de Tribunales. A pesar del intenso frío, los piqueteros del Movimiento Teresa Rodríguez leyeron un alegato en el que reafirmaron que “la protesta social no es delito” y exigieron al Poder Judicial “cumplir y hacer cumplir la Constitución, lo que implica desincriminar a los ciudadanos que reclaman el cumplimiento de los derechos fundamentales”.
“Que los jueces no se conviertan en verdugos de los mismos a quienes deben resguardar”, expresaron en el escrito, que luego presentaron ante la Corte Suprema, en cuyas manos está la resolución de un caso testigo: el de Marina Schifrin, la docente condenada a 3 meses de prisión en suspenso por cortar una ruta de acceso a Bariloche. La causa contra Schifrin se inició en 1997 y se convirtió en el primer caso que llega al máximo tribunal. Un dictamen de la Procuración General de la Nación aconseja revocar el fallo. Schifrin fue una de las que encabezó la protesta frente a Tribunales, junto a Pepino Fernández, de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, quien cuenta con más de 70 causas abiertas por su participación en actos de protesta.
Otro grupo de piqueteros del MST manifestó a su vez frente a los tribunales federales de Comodoro Py en el marco del mismo reclamo. Junto a delegados gremiales ferroviarios, exigieron la anulación de las causas contra el dirigente de la Unión Ferroviaria Rubén “Pollo” Sobrero y acusaron a Trenes de Buenos Aires de perseguir a sus trabajadores “para impedirles cualquier tipo de lucha sindical”. “Las causas a dirigentes políticos que se han robado el país no avanzan, pero sí las que tienen los dirigentes gremiales”, decían las pancartas.
El encuentro con el secretario de Derechos Humanos fue el punto final de la semana de rechazo a la judicialización del conflicto social, pero no marcó el cierre del debate. “Le planteamos nuestra preocupación sobre los pronunciamientos del fiscal (Marcelo) Romero contra las protestas, la condena de Marina Schifrin, el fallo de la Cámara Federal que dice que cortar rutas es delito, las declaraciones del ministro Aníbal Fernández contra los piqueteros, y preguntamos cómo la Secretaría no nos había dado una respuesta”, explicó a Página/12 Roberto Martino, un integrante del MTR que participó en la reunión, en la que también estuvieron Pepino Fernández, Schifrin, la socióloga Maristella Svampa y Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Durante la hora y media que duró la visita a la oficina de Duhalde, el reclamo quedó plasmado: que se terminen las denuncias judiciales contra quienes participen en cortes de ruta y otros tipos de protesta, y que se reimpulse el proyecto de ley de amnistía para los procesados por este tipo de casos. “Estamos haciendo lo posible”, fue la respuesta que obtuvieron. Esta respuesta despertó un último pedido: una audiencia con el presidente Kirchner.