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Tras su misión a Tucumán para conocer el estado de la libertad de prensa en la provincia, la Asociación Periodistas presentó un informe en el que “pretende mostrar los métodos restrictivos y de acoso utilizados para obstaculizar el ejercicio de la libre expresión”. La entidad se reunió con periodistas, representantes del gobierno provincial y organizaciones de la sociedad civil y resaltó que es necesario “trabajar en conjunto para neutralizar la acción de aquellos gobernantes que pretendan hacer del manejo de la publicidad oficial un arma para premiar el silencio y castigar las críticas”.
El viaje que la asociación realizó en mayo estuvo marcado por la inminente sanción de un proyecto de ley del gobernador José Alperovich que, según las denuncias de los periodistas locales, amenazaba con poner serias trabas al trabajo de los medios de la provincia mediante la creación de un multimedios estatal. El reclamo de los trabajadores de prensa logró que finalmente la iniciativa sea retirada.
Luego de registrar 25 agresiones e intimidaciones contra periodistas en un año y medio, y de que las víctimas no vieron satisfechos sus pedidos de justicia, la entidad decidió comprobar lo que ocurría visitando directamente la provincia. Uno de los casos que los convocó fue el de Eduardo Paul, de Canal 8. Según denunció el periodista, el 9 de marzo pasado fue calificado de mentiroso por el gobernador en medio de una conferencia de prensa y en presencia de “un grupo de simpatizantes que lo acompañaban” lo amenazó diciendo “vos portate bien”. En ese entonces era jefe de Noticias del canal, días después perdió ese puesto.
Según el informe de la asociación, otra forma de “disciplinamiento” de los que dispone el gobierno tucumano es la distribución de publicidad oficial. Varios testimonios de los recogidos en la provincia denunciaron que “no sólo se controla algunas radios mediante el otorgamiento discrecional de la pauta sino también a través de la presencia de empleados propios dentro de las radios de gran alcance”.